En la historia de Honduras, y del mundo, el asesinato de la defensora y lideresa indígena lenca Berta Cáceres, sin duda, marca un hito que da cuenta de los graves patrones de violencia perpetrados impunemente contra las defensoras en la región latinoamericana y que colmó a la sociedad de indignación y un renovado e incansable anhelo de justicia.

El modelo extractivo sentó aún más sus bases luego del golpe de Estado suscitado en Honduras el año 2009,  lo que permitió a empresas corruptas tomar forzadamente el control de las aguas en territorios que pertenecen a las poblaciones originarias y campesinas, profundizando la lógica de expoliación y violencia sobre los territorios vivos. Con todo esto, se recalca que quien controla el agua controla a los pueblos.

Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza más conocidas en Honduras y en la comunidad internacional con una trayectoria de más de 20 años defendiendo el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), espacio de referencia nacional e internacional por la defensa de los territorios, de la vida y la autodeterminación de los pueblos.

La clara intención del Estado de Honduras de perpetuar la impunidad, en complicidad  con grupos de poder empresariales y militares, no ha detenido la digna y legítima lucha por justicia que han emprendido el COPINH, los pueblos indígenas y afro indígenas, el movimiento social y popular de Honduras, el pueblo hondureño y la familia de Berta Cáceres.

Este 11 de enero, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) transmitió a través de redes sociales una audiencia para presentar pruebas contra el empresario y militar David Castillo, involucrado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo del 2016 mientras se mantenía en defensa por el río Gualcarque contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El Estado de Honduras que la persiguió y criminalizó, continúa hoy dejando en impunidad su muerte.

En la novena audiencia para presentar pruebas en contra de David Castillo en la que participó el equipo legal COPINH, la defensa de Castillo acudió a la Corte de Apelaciones por supuesta falta de pruebas en su contra, acción que pretende alargar el proceso para llevar el caso a juicio oral por sus vinculaciones como empleado de la familia Atala-Zablah y co-autor del asesinato.

Berta Cáceres denunció a la represa DESA, que pretendía realizar diferentes proyectos de supuesta energía renovable sin tomar en cuenta los derechos de la comunidad lenca que habitaba la zona. Fue a través de protestas, denuncias y control del territorio indígena que se logró frenar el financiamiento de este proyecto hidroeléctrico. A partir de ese momento, los principales interesados ejecutaron un plan de persecusión y agresiones que terminó con el vil asesinato de Berta.

David Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018 cuando intentaba huir de Honduras y 4 años y medio después del crimen y 2 años y medio después de su captura e inicio del proceso en su contra, no se ha emitido juicio oral debido a las mismas acciones dilatorias por parte de su defensa, como consecuencia de esto, se han realizado audiencias de proposición de pruebas con el objetivo de dar a conocer de forma clara y contundente su responsabilidad en este crimen.

Mediante un comunicado público emitido por las hijas e hijo de Berta, el COPINH y el equipo legal, se presentó la existencia de pruebas irrefutables científicas, testificales y documentales que respaldan esta acusación. Así mismos se le ha hecho el llamado a la justicia hondureña a no dejar a ningún culpable en la impunidad y a resolver este caso de una manera justa en la que se demuestre que nadie está por encima de la justicia.

La creciente deuda con la justicia socioambiental

El feminicio político contra Berta Cáceres es el resultado de un modelo racista, patriarcal y extractivo que sigue perpetuando la criminalización contra las y los defensores de los espacios colectivos vivos, este modelo se sostiene además por las estructuras que aseguran la garantía del pago de las deudas ilegítimas e inmorales cobradas a los países del sur, y por supuesto implica la profundización de la deuda histórica y ecológica, por lo que se hace preciso juntar las fuerzas desde los pueblos y territorios en lucha por la vida y la justicia socio ambiental.

Desde Jubileo Sur/Américas acuerpamos y respaldamos la legítima labor de defensa de derechos y la búsqueda de justicia que ejerce el COPINH, que continúa luchando con la fuerza que lo hubiera hecho Berta, en constante resistencia y en un país que ante las constantes y múltiples amenazas a sus territorios, cuerpos, patrimonios e identidades asume la lucha como componente elemental para la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.

“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia”

-Berta Cáceres-

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