El gobierno argentino, tras comprender que el informe Bachelet, aprobado con su voto en la Organización de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, era un paso para acusar a los principales referentes del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional y desestabilizar el país, se desmarcó de la maniobra.
El gobierno de Alberto Fernández recibió duras críticas internas por la decisión tomada en contra de su propia “doctrina Drago” de la no intervención, e indirectamente a favor de mantener la injerencia de EEUU en Venezuela, posición anunciada tras una reunión del canciller Felipe Solá con el embajador estadounidense Edward Prado para solicitar su ayuda en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La actual política exterior argentina, en apariencia basada en necesidades financieras, anclada en las negociaciones con bonistas y el FMI por la enorme deuda externa heredada, atenta contra la posibilidad de comenzar a construir un lugar propio en el mundo. La decisión de apoyar el informe Bachelet sorprendió a muchos, entre ellos al gobierno mexicano –que se abstuvo en la votación en la ONU-, rompiendo una surgente afinidad “progresista” en la región.
En su ofensiva, el Grupo de Lima llamó a rechazar las elecciones parlamentarias de diciembre próximo en Venezuela y pidió que se investiguen “las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales”. La declaración fue firmada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (representada por un delegado de Juan Guaidó, no del gobierno real).
El gobierno argentino aclaró el martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima –del que forma parte por decisión del gobierno neoliberal anterior- para que los supuestos hallazgos de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional, y advirtió que no puede “admitirse una vía de acción” sobre ese país que pueda “generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”.
Venezuela no deja de ser una ficha en un tablero geopolítico mundial, donde lo que está en juego no es la democracia venezolana ni la eficiencia del sistema, sino el ordenamiento regional y la apropiación de las inmensas riquezas del país. Un ordenamiento que, de cumplirse la estrategia de la cual es parte la condena humanitaria, solo consolidará la subordinación regional.
El tema de los derechos humanos ha sido y es la herramienta selectiva de condena e intervención del poder internacional, donde las potencias occidentales y el poder global buscan intervenir para alinear.
Lamentablemente, el mundo no se divide entre respetuosos de los derechos humanos y violadores, sino en intereses, ataques a la soberanía de las naciones y el arreglo de los problemas internos sin intervenciones malintencionadas y orientadas por la hegemonía estadounidense sobre nuestras naciones.
Los países del Grupo de Lima reclamaron una investigación “a fondo” y urgente sobre las supuestas “conexiones” del Ejecutivo con el “crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando”, y renovaron su respaldo a Guaidó, proclamado presidente por el legislativo unicameral, además de rechazar las elecciones de diciembre próximo convocadas por el gobierno para elegir una nueva Asamblea Nacional.
Guaidó y Mauricio Macri
La cancillería indicó que la declaración no se condice con la posición argentina, ya que, “en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, en referencia al autoproclamado Juan Guaidó, promocionado y financiado por Estados Unidos y sus cómplices del Grupo de Lima.
”La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global” y sostuvo que, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la “restauración” de la democracia y el Estado de Derecho, que no es más que un llamado una intervención extrarregional.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández y Felipe Solá, volvió a apoyar el informe presentado por Michel Bachelet en la ONU, basado en denuncias en redes sociales y portales; sostuvo que comparte la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables.
El comunicado tardío de la cancillería señala que como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria y reafirma su compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos.
Y agrega que Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros.
Finalmente, el comunicado señala que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución.
Y reitera que el “rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del Covid19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes”.
Argentina “mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana”, concluye el comunicado oficial.
El actual gobierno del llamado Frente de Todos surge con el respaldo de sectores populares que se identifican con políticas soberanas, pero como estructura política es compleja y contradictoria por la diversidad de factores políticos que integran la coalición y la mecánica de negociación permanente impresa por Alberto Fernández.
Hoy, desde los sectores progresistas del Frente de Todos, se señala que el camino que se está marcando en las relaciones internacionales no es el de la recuperación de la autonomía nacional, ni el de sostener el timón del Estado para ingresar al nuevo orden internacional con un lugar propio: esas son las exigencias del movimiento popular.
Tras la decisión del canciller Felipe Solá, respaldada por el presidente Alberto Fernández, de condenar a Venezuela en la ONU, y la reacción del gobierno venezolano, la sindéresis retornó, al menos en las manifestaciones públicas.
En un gesto de recomponer relaciones, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, dijo en un zoom organizado por la nueva encargada diplomática de Venezuela en Buenos Aires, Stella Lugo, que sería “un honor” que la Argentina enviara “a su embajador a Venezuela pronto. Para nosotros sería un honor, un grandísimo honor, que se regularizara esa situación”. Y agregó que “el destino de la Patria Grande lo van a decidir los pueblos, no presidentes o cancilleres tibios”, en clara referencia a Alberto Fernández y a Felipe Solá.
En la embajada argentina en Caracas todavía está el encargado de negocios Eduardo Porretti, nombrado por el gobierno de Mauricio Macri. También en la cancillería muchos de los principales cargos siguen ocupados por funcionarios del gobierno derechista anterior. Quizá por ello no se ve un esperado cambio radical en la política exterior del paístras el triunfo del Frente de Todos.
* Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.
