El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había suspendido al partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a solo siete meses de las elecciones generales y a semanas del inicio de las primarias de todas las fuerzas políticas del país.
“Parece que hay vestigios de decencia en el TCE”, ironizó Correa en su cuenta de Twitter, desde Bruselas. Y agregó, apelando a ese “vestigio de decencia”: “Entonces que también dejen sin efecto la reforma –con dedicatoria– del reglamento que exige aceptar en forma ‘personalísima’ las candidaturas, absurdo que perjudica además a decenas de miles de migrantes y personas vulnerables». En su tuit hace referencia a una reciente reforma constitucional que además de no permitirle un nuevo mandato presidencial –motivo por el cual el expresidente hizo conocida su intención de presentarse como candidato a la Vicepresidencia– establece que el ex funcionario debería aceptar esa candidatura de forma presencial en el país, lo que no parece posible ya que posee una condena a prisión de segunda instancia por corrupción.
A esa dificultad, el mes pasado se le había sumado la suspensión de su actual partido, Fuerza Compromiso Social, lo que había sido denunciado por Correa como un intento de proscribir no solo a su persona, sino a toda su fuerza poltica. Se «rompieron los códigos de la democracia y de la Constitución», había expresado entonces.
En julio, aceptando el pedido de un contralor que advirtió sobre la posible falta de 16.000 firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la inscripción de cuatro fuerzas políticas: la correísta Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo –del hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno– y Juntos Podemos.
Este domingo, el juez Fernando Muñoz aceptó el recurso interpuesto por Manuel Castilla, director Nacional de Justicia Social, uno de los espacios políticos sancionados, y dejó sin efecto la resolución que suspendía a los cuatro partidos. Castilla –al igual que Correa– había argumentado que la resolución del CNE era ilegal y carecía de fundamentos válidos para suspender a las organizaciones políticas.
El juez del TCE le dio la razón y concluyó que la resolución del organismo electoral “vulnera los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política”.
