El 15 de diciembre la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos decidió revocar las reglas que impiden a los proveedores del servicio de Internet acelerar, bloquear o hacer más lento el acceso a cierto contenido, aplicaciones o sitios de la red. La administración Trump cumple así su promesa de desmantelar la regulación heredada de su predecesor y puesta en marcha en 2015 para garantizar la neutralidad de Internet. Los argumentos son los mismos que hemos escuchado una y otra vez para justificar la desregulación: la intervención gubernamental es un obstáculo para la inversión y para la introducción de innovaciones, lo que impide refinar el servicio.
Se inicia así la destrucción del principio de no discriminación en la red. Las implicaciones de esta serie de medidas llegan a todos los rincones de las comunicaciones y de la vida democrática. El acceso a voces independientes y al conocimiento científico está en peligro mortal. Y esto no es un problema privativo de Estados Unidos. Sus ramificaciones para México y Europa pueden ser devastadoras.
La votación en la FCC estuvo cerrada, pues dos de los cinco comisionados votaron en contra del proyecto de desregulación que lleva el engañoso nombre de Orden para restaurar la libertad en Internet. El resultado final es muy importante porque es la primera vez que dicha agencia renuncia a su misión de servir al público. Quizás lo más negativo es que priva a la FCC de los medios para intervenir cuando algún proveedor de servicios de Internet comience a manipular tarifas, velocidades de acceso o de plano a bloquear contenidos que considere indeseables.
Muchos analistas consideran que lo más grave de la desregulación es que será muy difícil para los usuarios darse cuenta de lo que está sucediendo con su acceso a la red. En algunos casos podrán experimentar una lentitud inusual para ingresar a una cierta página o canal, en otros puede ser que reciban la notificación de que el sitio que buscan no está disponible. En cambio, otros sitios podrán ser accesibles a muy buena velocidad y sin riesgo de que se interrumpa la señal. Los usuarios se quedarán perplejos. Sin saberlo, habrán perdido el control que anteriormente tenían para escoger libremente su derrotero en la navegación. De golpe, Internet habrá dejado de ser el espacio libre al que estamos acostumbrados y se habrá convertido en un recinto cercado en el que todo es posible para los proveedores, desde la discriminación por contenidos hasta la descarada censura.
En las audiencias públicas en el seno de la FCC sobre estas reformas los representantes de las principales compañías proveedoras de servicios de Internet aseguraron que nunca adoptarían este tipo de prácticas en detrimento de la libre circulación de ideas en términos igualitarios. Pero es absurdo creer en la palabra de esta gente. Son los mismos proveedores que han invertido millones de dólares para cabildear en favor de esta desregulación.
Uno de los argumentos para justificar la destrucción de la neutralidad es que la desregulación permitirá aumentar la competencia en el sector. Pero lo cierto es que el sector está copado por un férreo oligopolio que hoy busca garantizar la rentabilidad al construir el muro digital que separaría Internet para ricos y pobres. En Estados Unidos las tres principales compañías en este sector (AT&T, Verizon y Comcast) controlan más de 70 por ciento del mercado de banda ancha de alta velocidad (definida por la FCC como una capacidad superior a los 25Mbps). Y los datos del censo de telecomunicaciones muestran que sólo 9 por ciento de los usuarios puede escoger entre dos o más proveedores del servicio de alta velocidad. Es decir, se trata de un mercado altamente concentrado en el que es difícil que la desregulación incremente la competencia y permita reducir precios.
Para países como México o los miembros de la Unión Europea el ejemplo que viene de Estados Unidos es mala noticia. En México el mercado también se encuentra altamente concentrado. La Ley federal de telecomunicaciones supuestamente preserva el principio de neutralidad de la red. Pero el excelente estudio de Luis Fernando García y Carlos Brito, de la organización R3D, revela que los lineamientos para aplicar la ley no han sido emitidos, lo que es un mal presagio. Por otra parte, la renegociación del TLCAN puede ser el caballo de Troya para imponer las nefastas reformas de Trump en el espacio digital mexicano. Si a esto añadimos los términos de la nueva Ley de Seguridad Interior el panorama se torna siniestro.
En noviembre Trump designó a Ajit Pai, antiguo abogado de Verizon, como presidente de la FCC. Durante toda su carrera este personaje ha sido acérrimo enemigo del principio de la neutralidad en la red. Hoy parece que su objetivo está a su alcance. Pero la lucha no ha terminado. Millones de personas y miles de organizaciones están protestando. Cientos de demandas judiciales ya han sido interpuestas en contra de la decisión de la FCC por violar la Ley federal de comunicaciones (en especial, el Título II). La batalla legal apenas está comenzando. El próximo año será decisivo para la supervivencia de Internet.
