Recientemente, fui invitado por el Ministerio de Comunicación e Información, junto a dos grandes comunicadores y camaradas y maestros como Víctor Hugo Majano y Ernesto J. Navarro, a dar una charla sobre redes sociales. Agradezco inmensamente la invitación.

Algunos medios que reseñaron la charla dieron a entender que estamos exigiendo la regulación de las redes sociales, y de allí otros comenzaron a hablar incluso de “censura”. Como este tema es tan delicado, preferí escribir de mi puño y letra lo que pienso al respecto.

Cuando se plantea que un Estado supervise y regule una actividad cualquiera, siempre hay alertas y voces a favor y en contra. Pero la verdad es que no estamos hablando de nada del otro mundo. La gran mayoría de los países del mundo tienen leyes que regulan y supervisan actividades de todo tipo, incluyendo económicas, industriales, bancarias y comunicacionales, producto de décadas de discusiones e interacciones entre políticos, empresarios y ciudadanos organizados. Aquí no estamos hablando de socialismo, comunismo ni nada parecido: son simplemente las reglas que han surgido desde nuestras propias democracias capitalistas.

Si usted quiere ir a cualquier país y vender un producto u ofrecer un servicio, tiene que solicitar numerosos permisos y cumplir decenas de leyes al respecto. Y no estamos hablando sólo de Corea del Norte o China. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o España tienen fuertes regulaciones para quienes deseen establecerse en esos países y fundar allí nuevas empresas.

• Quien quiera vender alimentosen otro país, tiene que solicitar diferentes permisos en los ministerios o autoridades de salud o de alimentación, y sabe que su producto será sometido a inspecciones. Muy probablemente tendrá que especificar todos los ingredientes que contiene, y si alguno de ellos está prohibido o restringido, tendrá que modificar el producto.
• Quien quiera vender un medicamento, tiene que solicitar permisos y someter el producto a innumerables pruebas e inspecciones, muchas de las cuales pueden tomar meses o años en realizarse.
• Si usted va a establecer su empresa en otro país, tendrá que cumplir lasleyes y regulaciones laborales, que son distintas en cada nación y suelen regular el número de horas de trabajo, las horas extras, el pago de vacaciones, bonos navideños, prestaciones, e incluso la nacionalidad del personal que usted contrate.
• Si usted va a crear unnuevo medio de comunicación, van a haber muchísimas más regulaciones que cumplir, tanto en el área del espectro radieléctrico, como en lo que se refiere a capital, contenidos, horarios, tiempo de publicidad, lenguaje, violencia, sexo, calificación del personal, etc.
• Incluso hay países capitalistas con severas leyes antimonopolio, o que prohíben que dueños de medios de comunicación se dediquen a otras actividades, como la banca.

Por ejemplo: McDonald’s entró a países de todo el mundo y se convirtió en símbolo de la globalización. Es cierto que su comida es una basura que llena a nuestros hijos de grasas y chatarra, y contrata a nuestros jóvenes para explotarlos en condiciones paupérrimas, prohibiendo además la sindicalización. Pero el hecho es que, si no hubiera un estado y unas leyes que regulen a McDonald’s, la cosa sería mucho peor: su comida sería aún más dañina, su refresco sería aún más perjudicial y sus tratos laborales serían peores. Mientras exista un Estado, siempre habrá una esperanza de que nuestro Ministerio de Salud obligue a McDonald’s a mejorar su comida y de que el Ministerio del Trabajo sea más severo con la empresa, para beneficio de todos.

Al igual que McDonald’s, las empresas de redes sociales, como Twitter, Facebook o Google, son justamente eso: empresas con fines de lucro. Su misión no es lograr que podamos comunicarnos mejor y ser más felices, al igual que McDonald’s no tiene como misión nutrir a la población, cuidar nuestros hábitos alimenticios y hacernos más saludables. La finalidad de todas estas empresas es obtener ganancias para sus accionistas. Sólo respetarán nuestras leyes y nuestro modo de vida apenas lo suficiente como para poder seguir funcionando en nuestros países.

Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre McDonald’s y Twitter: Las empresas de redes sociales son el primer caso en la historia de Venezuela en el que una transnacional puede tener millones de usuarios en nuestro país, pueden influir en nuestro estilo de vida, en nuestras rutinas, en todo lo que hacemos, pero al no tener presencia física en Venezuela no tienen que cumplir con ninguna de nuestras leyes ni dar cuenta de sus actos.

Si McDonald’s vendiera hamburguesas en mal estado y envenenara a una importante cantidad de sus usuarios, seguramente habrán personas detenidas y enjuiciadas. Y si el asunto se repite, podría incluso ser expulsada del país. Pero si Twitter permite que los mensajes difundidos a través de ellos le cuesten la vida a una o muchas personas, o incluso que nos lleven a una guerra civil, no hay forma de que ninguna persona en Twitter sea detenida o enjuiciada. Ello porque Twitter no tiene presencia física en nuestro país, ni tiene oficinas en Venezuela.

Las empresas de redes sociales se aprovechan de este vacío legal y de esta nueva realidad histórica para no hacerse responsables de los efectos que causen los mensajes que se publiquen en su red, a pesar de que puedan influir en millones de personas… a diferencia de un canal de televisión, una emisora de radio o un periódico, en los que su dueño sí es responsable de lo que allí se publique.

Veamos este ejemplo: Como todos sabemos, Estados Unidos es un país cuyas leyes son muy severas cuando se amenaza de muerte a su Presidente, o a sus altos funcionarios. Generalmente, a las pocas horas de que alguien emita una amenaza de muerte en redes como Twitter o Facebook, el Servicio Secreto está a las puertas de su casa, listo para detenerlo. Su cuenta es bloqueada o cerrada. Ninguna empresa de redes sociales estadounidense se resiste a entregar información cuando ocurre alguno de estos hechos, pues todas están establecidas en Estados Unidos y saben que tienen que cumplir sus leyes.

En otros países como España, hay leyes igual o más restrictivas, y son innumerables los ejemplos de personas que han sido arrestadas por celebrar la muerte de un policía, por promover el odio contra un grupo social, o por presunto enaltecimiento al terrorismo.

La cosa cambia cuando se trata de otros países, como Venezuela. Ya hemos escrito cómo se ha vuelto trivial amenazar de muerte al Presidente de la República, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a diputados venezolanos partidarios del chavismo y a meros seguidores del chavismo o periodistas que se identifican con el mismo. Los mecanismos para crear reportes y denuncias dentro de estas mismas redes sociales la mayoría de las veces son ignorados, no se toman en cuenta, o se les responde muy tarde.

Es tanta la impunidad en este tema, que muchas personas, incluyendo profesionales y profesores universitarios, incluso abogados, escriben amenazas de muerte contra chavistas desde sus cuentas personales, claramente identificadas, donde colocan su propia foto en su perfil y a veces hasta las de sus hijos.

Permítanme colocar algunos ejemplos muy recientes. Todas las imágenes se pueden ampliar haciendo click sobre ellas.

En Venezuela, se ha vuelto “normal” que una persona en Twitter emita amenazas de muerte con frecuencia, trivializando o deseando la muerte de personas de determinada ideología política. Algunos incluso han publicado las direcciones y teléfonos de estas personas y estimular a la gente a ir hasta allá a matarlos.

Eso es algo que nuestras leyes (y las de cualquier país del mundo, en realidad), no permitirían si el medio se trata de la radio, la televisión o la prensa escrita. Pero al emitirse en Internet desde una empresa de redes sociales ubicada en otro país, no hay nada que se pueda hacer.

No tuve que hacer gran cosa para encontrar estos tuits. Sólo tuve que escribir “matar chavistas” o “matar a Maduro” en el buscador de Twitter. Nótese además que todos los tuits son de este mes (agosto de 2017), y la gran mayoría tienen menos de una semana de haberse publicado. Si le dedicara más tiempo, podría usar otras palabras claves y extender la búsqueda a otras redes sociales, y encontraría cientos de mensajes similares.

A menudo se dice de forma genérica, falsa e irresponsable que los chavistas son narcotraficantes, mafiosos, asesinos y miembros de una estructura paramilitar llamada “colectivos”. Se nota que son acusaciones que ellos mismos no creen. Nadie en su sano juicio se atrevería a acusar o amenazar de muerte a un narcotraficante o un mafioso desde una cuenta pública en una red social, usando su nombre real y su foto. Todos sabemos cómo han tratado los verdaderos narcos a tuiteros en países como Colombia o México que se han atrevido a denunciarlos.

Sin embargo, estas amenazas y falsas acusaciones contra los chavistas tienen dos intenciones:

1. Intimidar a quienes somos chavistas para que nos avergoncemos y dejemos de serlo, e incluso nos desvinculemos de la política.
2. Justificarante la comunidad internacional lo que pueda pasarle a los chavistas en el futuro. Si nos matan, es porque supuestamente somos “narcos” y “mafiosos”. Por ende, no importa nuestra vida. Nuestra muerte es necesaria para que ellos logren “la libertad”.

Otras cuentas de comunicadores sociales con una gran cantidad de seguidores, como @ElyangelicaNews (corresponsal de  Univision y de Caracol Radio con 195 mil seguidores), @AlbertoRT51 (productor de Telemundo con 231 mil seguidores) o @VVperiodistas (que cuenta con 1.180.000 seguidores) han promovido los llamados “escraches” o acosos contra funcionarios o simpatizantes del chavismo, estimulando a sus detractores a agredirlos, a menudo físicamente, cuando los vean en las calles. Incluso locutores venezolanos como César Miguel Rondón también lo han promovido, aunque luego se retractaron. Las denuncias y reportes no han surtido efecto contra estas u otras cuentas.

No olvidemos, por otro lado, que Venezuela vivió, entre abril y julio de 2017, una serie de protestas muy violentas realizadas por la oposición, llamadas “guarimbas”; que dejaron aproximadamente 160 muertos. No estoy en contra de las manifestaciones pacíficas, pero la enorme mayoría de las convocatorias y los llamados realizados desde las redes sociales fueron en extremo violentos, e incluían el uso de armas caseras, explosivos y morteros, y tenían un único fin: el derrocamiento violento del gobierno actual, y el ejecutar actos violentos, incluyendo asesinatos, contra los simpatizantes del chavismo.

uplico a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana debatir este tema con cuidado y serenidad. Hay que buscar la forma de limitar y detener estos llamados al odio y la agresión, que en otros países jamás serían permitidos. Sin embargo, las leyes y mecanismos que surjan no deben impedir de ninguna manera que una persona, sea chavista u opositora, pueda expresar sus ideas a favor o en contra de nosotros o del gobierno venezolano.

No se trata de libertad de expresión. En Venezuela, todo el mundo critica a Maduro. Hasta los chavistas lo hacemos con cierta frecuencia. No buscamos limitar eso. Pero una cosa es decir “no está bien esto que hizo Maduro”, y otra cosa es decir “A Maduro y sus seguidores hay que darles un tiro en la cabeza”.

Se trata de evitar que los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, se usen por factores extremistas o fundamentalistas para emitir mensajes de odio que puedan llevarnos a matarnos entre nosotros mismos, como ocurrió en Ruanda en 1994 a partir de los mensajes transmitidos desde emisoras de radio que causaron un genocidio con más de 800 mil muertos.

Todos sabemos que es difícil lograr que empresas de redes sociales, ubicadas en Estados Unidos y cuyos dueños y trabajadores sólo se informan a través de medios hegemónicos, puedan comprendernos y adaptarse a nuestra realidad.

Algunas estarán dispuestas a hacerlo, si se conversa directamente con ellas y se les explica con claridad lo que está pasando. Otras, en cambio, se han autodeclarado actores políticos (“Twitter no le va a dar juego a Nicolás Maduro”, señaló un exempleado de esa empresa, entrevistado por BBC), se niegan a cumplir las leyes de nuestro país y se aprovechan de lo difícil que podría resultar bloquearlas. De hecho, gran parte de la política comunicacional del gobierno de Maduro se soporta en Twitter, vehículo que usan ministros y políticos para dar anuncios y expresar reacciones y apoyos.

Sin embargo, por encima de nuestro uso de redes sociales está la soberanía de nuestro país y la seguridad de nuestra población. Es un tema peliagudo y complicado, pero hay que debatirlo y tomar acciones, antes de que las redes sociales sean usadas de nuevo para más y más meses de caos, que le cuesten la vida a aún más personas inocentes.