Para el día martes, 16 de mayo , se había confirmado la muerte de unas 42 personas en diversos eventos en el territorio venezolano, en un período de 45 días de refriegas, siendo ese número un grueso de víctimas endosado enteramente a la acción de las autoridades policiales y militares venezolanas o a la acción del gobierno venezolano y sus seguidores chavistas.

En pleno desconocimiento deliberado de las circunstancias policialmente determinadas que han generado muchos de estos decesos, todo el saldo de sangre viene a conformar el expediente que se consolida contra el chavismo.

Algunos de los casos más sobresalientes

Brayan Principal, de 14 años, recibió un disparo mortal cuando un grupo de derecha irrumpió violentamente en un urbanismo, construido por el chavismo, en Lara.
Niunar Sanclemente, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo mataron con un disparo en el tórax mientras vigilaba una zona luego de una revuelta con barricadas, en San Antonio de Los Altos, Miranda.

Jesús Sulbarán y Luis Alberto Marquez, habitantes de Mérida. Ambos fueron baleados en la misma refriega, durante una emboscada a una concentración pro-chavista. Ambos recibieron tiros francos en la cabeza.

En circunstancias similares y también en Mérida, a pocos metros de donde cayeron Sulbarán y Marquez, fue asesinado Anderson Enrique Dugarte, mototaxista y simpatizante del chavismo. Recibió un disparo a distancia en la región craneal.

Almelina Carrillo pasaba cerca de una marcha pro-gubernamental cuando Jesús Albi le lanzó una botella con agua congelada desde un piso 18, después de que antichavistas llamaran por redes sociales a “neutralizar” de este modo al chavismo. Carrillo no se encontraba en la movilización chavista.

Gerardo José Valera, efectivo policial de 38 años, muere al recibir disparo en la ingle mientras junto a otros funcionarios dispersaba una manifestación opositora en el municipio San Joaquín, en el estado Carabobo.

En Táchira, Efraín Sierra Quintero murió baleado al intentar atravesar una barricada custodiada por violentos antichavistas. Era miembro activo del Psuv y se le intentó despojar de una motocicleta en el momento de su asesinato.

Paola Andreína Ramirez Gómez, de 28 años de edad, recibió disparo desde una azotea por arma que detonara Iván Aleisis Dávila, militante del partido antichavista Vente Venezuela (de María Corina Machado). Los hechos tuvieron lugar en San Cristóbal, estado Táchira. Versiones preliminares determinaron que Paola Ramírez no se encontraba en la manifestación.

Miguel Ángel Colmenares Milano. Las evidencias apuntan a que fue asesinado en medio de una manifestación opositora por sujetos violentos antichavistas dentro de la misma refriega. Fue despojado de sus posesiones personales y le lanzaron dispositivos explosivos artesanales conocidos como “aturdidoras”, luego fue rematado con un tiro de escopeta.

Juan Pablo Pernalete (20). El joven fue asesinado durante una guarimba en Altamira, al este de Caracas. Sin embargo, la Unidad Criminalística del Ministerio Público, de manera preliminar, concluyó que el joven presentó una herida en la tetilla izquierda similar a la que deja una pistola de perno cautivo. Se dio a conocer un video del momento en que presumiblemente Pernalete fue asesinado por otros manifestantes antichavistas.

Producto de una electrocución, murieron varias personas cuando ingresaron a la panadería “La Mayer del Pan”, ubicada en la calle Cajigal, barrio San Andrés de la parroquia El Valle de Caracas, con el propósito de saquear el establecimiento. Elio Manuel Pacheco Pérez (20 Años), Jairo Ramírez (47 Años), Robert Joel Centeno Briceño (29 Años), William Heriberto Marrero Rebolledo (33 Años), Jonathan Antonio Meneses (27 Años), Romer Stivenson Zamora (29 Años), Kenyer Alexander Aranguren Pérez (20 Años) y Yorgeiber Rafael Barrera Bolívar (15 Años). Murieron en el acto.

En circunstancias fortuitas pero generadas en el ciclo violento muere Carlos Enrique Hernández (30). Murió luego de impactar su moto contra una barricada colocada por afectos a la agenda violenta en la Avenida Intercomunal Barquisimeto-Acarigua, estado Lara. Unas piedras hicieron que perdiera el control e impactó con un poste de electricidad que presuntamente habían tumbado los guarimberos.
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También por razones accidentales, pero asociadas a la violencia antichavista, muere Ángel Enrique Moreira (28). Falleció tras una colisión entre su motocicleta y un vehículo que se dio a la fuga durante la convocatoria que dirigentes de la MUD denominaron “el trancazo”. Moreira se dirigía a su residencia cuando otro vehículo, contraviniendo el flechado por la barricada en el distribuidor Santa Fe, en Caracas, lo impactó de frente.

Armando Cañizales (18). Murió por herida de arma de fuego a la altura del cuello, luego de hechos violentos que ocurrieron en la urbanización Las Mercedes, al este de Caracas. Resultados de la autopsia develaron que falleció por una perforación producto de un disparo por arma de fuego, pero se le extrajo una esfera metálica cromada de 8 mm de diámetro, parecida a las que vienen en las rolineras. Según investigaciones eran disparadas contra los GNB.

Otros casos en que personas han muerto por uso irregular de fuerza policial:

Por uso indebido de armamento en la dispersión de una protesta, muere Jairo Johan Ortiz Bustamante (19). Recibió un disparo por arma de fuego en el tórax durante una manifestación que se desarrolló en el municipio Carrizal del estado Miranda. El joven no participaba en la protesta. Era estudiante de la Unepo, en Caracas. Por esta investigación se encuentra detenido el funcionario de la PNB Rohenluis Leonel Rojas Mara.

Daniel Alejandro Queliz Araca, joven de 20 años. Era estudiante de Derecho en la Universidad Arturo Michelena. Recibió una herida por arma de fuego en el cuello durante una manifestación en la urbanización Los Parques, en Valencia, estado Carabobo. Por esta causa fueron detenidos Marcos Ojeda y Edwin Romero, funcionarios de la Policía del estado Carabobo

Gruseny Antonio Canelón. Fue herido el 11 de abril con proyectil múltiple disparado por arma de fuego, cuando transitaba por el sector Bellas Artes de Cabudare, estado Lara, donde se desarrollaba una manifestación. Fue trasladado al Hospital Central Antonio María Pineda donde falleció el 13 de abril. Tras la investigación fueron acordadas 14 órdenes de aprehensión contra funcionarios de la GNB.

El balance

Al menos 27 víctimas de las 42 contabilizadas, hasta la fecha (17 de mayo), eran asociadas al chavismo o eran en su defecto integrantes de cuerpos policiales, lo que desmiente por proporcionalidad aritmética que las acciones de contención de los hechos violentos por parte del gobierno venezolano, sea una acción articulada de asesinato contra los manifestantes opositores.

No obstante, el planteamiento en el extranjero es claramente distinto y tiene voceros de primera línea como Luis Almagro quien en un comunicado ha hecho afirmaciones como “la Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, Mayor General Benavides Torres, son directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la libertad y torturado (…) La represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso. Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de cada muerto, hay un responsable institucional”. Habló de “crímenes de lesa humanidad” en los que estarían incurriendo los cuerpos de seguridad del Estado.

El analista de Misión Verdad, Diego Sequera, ha examinado la escalada violenta en Venezuela y la ha considerado en el umbral de situaciones insurreccionales mayores, preludio a un conflicto civil generalizado y prolongado.

Sobre el manejo propagandístico de estos asesinatos, Sequera ha señalado que “contra toda prueba criminalística, contra todo registro audiovisual, sazonado en el marco narrativo de una glorificación enfermiza de rápido consumo, ocultan, desmienten a familiares (de los asesinados), nublan el sentido, las causas y, por sobre todas las cosas, los contextos, en los que han caído personas víctimas de la violencia, mas no del Estado (que en esos casos han sido procesados culpables), para dejar la matriz cerrada, para avivar la estrategia de la tensión, para dar el salto adelante”.

Lo señalado forma parte de una premeditada propaganda de guerra, que comprende un entramado de construcciones simbólicas, informativas y de opinión orquestadas desde los bandos en conflicto. En el caso venezolano, existe evidencia meridiana de un articulado mediático y político internacional dedicado a la criminalización del gobierno venezolano y el chavismo, mediante campañas polivalentes que se han proyectado durante más de 18 años.

La lista de muertes se hace cada vez más larga y la veracidad de los hechos queda sepultada en la avalancha seudoinformativa que es empleada rigurosamente en la administración irresponsable de culpabilidades. Con el propósito de atizar el conflicto.

A modo de cierre la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, comentó el día de hoy que “manifestantes pacíficos han sido heridos, arrestados e incluso han muerto a manos de su propio gobierno”, legitimando no sólo las acciones violentas de grupos armados aliados de la oposición venezolana, sino también un saldo tergiversado de víctimas que tiene como único objetivo responsabilizar al Estado de “crímenes de lesa humanidad” (como diría ayer Luis Almagro).

Operaciones de propaganda que también han sido utilizado en otros escenarios de conflicto (Siria o Libia, por ejemplo) para ejecutar embargos, sanciones de alto calado y financiamiento a grupos armados, bajo el mantra letal de la “restitución de la democracia”.