El partido gobernante Alianza PAIS se reafirmó como la principal fuerza política de Ecuador en las elecciones presidenciales y de asambleístas, del pasado 19 de febrero. Con un 94% de los sufragios contabilizados, el candidato presidencial de PAIS, Lenin Moreno, aventaja con cerca de un millón de votos al que le sigue, Guillermo Lasso, con una diferencia de casi 11 puntos porcentuales (39,18% vs 28,38%). Toda vez, parece probable que habrá una segunda vuelta, ya que se necesita el 40% de los votos para ganar en primera vuelta.
En las elecciones para asambleístas provinciales, con el 95% de los votos contabilizados, PAIS cuenta con más de 41% de los votos contra 25% para SUMA-CREO (la alianza de Lasso). Es más, con el sistema de reparto, podría alcanzar una mayoría simple en la Asamblea, junto con partidos aliados.
En esta oportunidad, Ecuador llevó a cabo también una consulta popular inédita sobre los paraísos fiscales, donde los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente para que ninguna dignidad de elección popular ni servidor público pueda tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Con el 72% del voto contabilizado, los resultados dan un 55% por el Sí y 45% por el No.
El presidente Rafael Correa propuso este referéndum consultivo, conocido como “Pacto Ético”, el pasado mes de julio, a raíz del escándalo de los Panama Papers, documentos que revelaron activos financieros de personalidades y corporaciones del mundo --incluidas ecuatorianas-- escondidos en paraísos fiscales. La aprobación de esta resolución soberana significará que, en el plazo de un año contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la consulta, las autoridades electas y servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, deberán retornarlos al país; su incumplimiento será causal de destitución. Con la cláusula de un año de plazo, se argumenta que la consulta no afectaría el resultado de las elecciones realizadas el mismo 19 de febrero, ya que cualquier candidato que resulte electo, y tenga bienes o capitales en paraísos fiscales, tendrá 12 meses para cumplir con el mandato popular. Por su parte, la Asamblea Nacional debe en ese mismo plazo reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano.
Estudios estiman que cerca de 7.6 billones de dólares están depositados en paraísos fiscales en todo el mundo, lo que implica en muchos casos una evasión de impuestos y constituye un freno para el desarrollo, particularmente de los países del Sur al restarles fondos para su impulso económico[1]. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por este problema, ya que pierde más del 50% de los ingresos por impuestos sobre la renta. El 10% más rico de la población latinoamericana acumuló $7 de cada $10 de la riqueza regional y la evasión tributaria suma 340 mil millones de dólares. América Latina sigue siendo la región más desigual a nivel mundial, a pesar de grandes progresos en los últimos años.
Un informe emitido en enero de 2017 por Oxfam señala que 32 millones de latinoamericanos podrían salir de la pobreza si se pagaran los impuestos de una porción del dinero de la región escondida en estas guaridas financieras. De esta manera, tanto en América Latina como en el mundo, los paraísos fiscales se han constituido como uno de los factores que aumentan la desigualdad, por el hecho de que las personas de clase media y baja pagan impuestos y financian a los países, mientras que las élites no lo hacen.
Solamente en Ecuador, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), existen 94 consorcios de los 200 mayores grupos económicos ecuatorianos que tienen vinculaciones con paraísos fiscales. Según datos publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de esta nación suramericana se han fugado cerca de 30 mil millones dólares, lo que equivale a casi un tercio del PIB ecuatoriano. Solo desde 2014, han salido más de 4 mil millones de dólares del país hacia paraísos fiscales, evadiendo impuestos que podrían haber cubierto, por ejemplo, el costo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en 2016.
Ecuador ha hecho un llamado para que este tema sea tratado a nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde impulsa la creación de un organismo intergubernamental a favor de la Justicia Fiscal Global que pueda poner fin a los paraísos fiscales. Este organismo tributario trabajaría sobre la complicada red internacional de miles de tratados tributarios y sistemas internacionales paralelos, los cuales crean agujeros en la legislación y competencia entre países y jurisdicciones para reducir tasas de impuestos, que afectan negativamente a las economías de la región. Al eliminar esta complejidad y las inconsistencias, permitiría establecer reglas democráticas claras y así dar paso a un sistema fiscal más justo e igualitario.
En septiembre de 2016, el Canciller Guillaume Long presentó esta propuesta en la Asamblea General de la ONU. En enero de este año, en su discurso de aceptación de laPresidencia del influyente grupo G77 (que hoy reúne a 134 países), Rafael Correa anunció que este tema será una prioridad de su periodo a la cabeza de esta entidad. “Insistiremos en que se prohíban los paraísos fiscales para evitar la corrupción, el lavado de dinero, la evasión de impuestos”, declaró. La propuesta fue bien recibida por el Grupo que hace mucho tiempo viene planteando el problema. Toda vez, Correa termina su periodo presidencial en Ecuador el próximo 24 de mayo, lo que significa que la continuación de esta política en el G77 dependerá del nuevo gobierno. El candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, quien mantiene buena parte de su fortuna en paraísos fiscales, se opuso rotundamente a la consulta popular, pues considera fue dirigida contra él.
Diversas organizaciones sociales de todo el mundo manifestaron su compromiso de trabajar junto al gobierno de Ecuador por la justicia fiscal y erradicar los paraísos fiscales durante el seminario internacional “Hacia una agenda fiscal internacional basada en los derechos humanos: Por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU”, que se llevó a cabo en la ciudad de Quito entre los días 13 y 14 de febrero, y que fue organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd); la Red de Justicia Fiscal LAC; la Financial Transparency Coalition y la Alianza Global por la Justicia Fiscal, junto a la Cancillería de Ecuador.
En la Declaración Final, califican de positivas las acciones internacionales del Estado ecuatoriano de promover tanto un tratado vinculante que sancione a empresas transnacionales que vulneren los derechos humanos, como la creación de un órgano intergubernamental en Naciones Unidas para abordar los aspectos fiscales.
Durante este seminario, el diputado argentino y ex ministro de economía, Axel Kicillof, recalcó que la lucha contra los paraísos fiscales no trata de oponerse a pequeños estados insulares, sino de poder operar desde los “apéndices del sistema financiero internacional que funcionan en los países centrales y usan a las guaridas fiscales como un mecanismo para hacer el trabajo sucio que necesita el sistema de especulación en su conjunto”.
Por su parte, Andrés Arauz, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, resaltó el tema de las plataformas fiscales que son utilizadas como punto de operación de las instituciones bancarias para lavar el dinero y luego reinsertarlo a las grandes economías de los países centrales del norte. “Islas Caimán no es paraíso fiscal como Suiza, sino que es usado como un tránsito donde el capital es lavado. El 99% de los bancos de Islas Caimán son bancos estadounidenses, suizos, alemanes, que mantienen operaciones en esas islas”.
Destacó que en el caso de América Latina, el 40% de la liquidez de la región está depositada en bancos panameños y el resto se encuentra en bancos que tienen una subsidiaria en Panamá.
En el caso de Ecuador, casi 6 mil millones de dólares están depositados fuera del país en paraísos fiscales, de los cuales 3 mil 200 millones están en Estados Unidos y 2 mil 467 millones en Panamá, lo demás se encuentra repartido en bancos de Alemania, Hong Kong, etc. Arauz manifestó que con los dineros ecuatorianos en esos países, se resolvería --en términos macro monetarios-- más del 85% de la problemática de la fuga de capitales.
[1] Las cifras de este artículo se basan en información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
