Venezuela es hoy víctima de gobiernos con políticas neoliberales que tratan de apartarla del Mercado Común del Sur (Mercosur), en una maniobra sin validez jurídica pero que de lograrse representaría un enorme retroceso de la integración regional.
Ante esa amenaza que puede concretarse, el gobierno venezolano defiende a toda costa la integración y unidad de los pueblos en la reunión de cancilleres del bloque que se celebra en Buenos Aires, Argentina, de la cual ha sido excluida y en la que intenta participar por derecho propio.
La ministra de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, Delcy Rodríguez, criticó la convocatoria a la asamblea convocada de manera ilegal por Argentina, "nación que junto a Brasil y Paraguay conforman una triple alianza para atacar al país y vulnerar sus derechos legítimos" dentro del proceso de integración regional fundado en 1991, apuntó.
Hasta ahora los argentinos han impedido el acceso de las delegaciones venezolanas a cualquier evento sobre el caso y bloquean los intentos de Caracas para negociaciones directas para una solución de las controversias.
La triple alianza alega que Venezuela no ha internalizado la normativa del Mercosur, lo cual no es cierto porque el país asumió el 95 por ciento del reglamento, a diferencia de naciones fundadoras como Brasil y Paraguay, que en 25 años registran un promedio de incorporación del 50 por ciento, señaló la jefa de la diplomacia venezolana en un Twitter.
La ministra manifestó que estos ataques en el Mercosur forman parte de un plan de restauración neoliberal en América Latina, urdido por la derecha imperialista, lo que evidencia el papel de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay.
Ese trío de naciones anunciaron su decisión de establecer en relación con Venezuela "el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado Parte (...) hasta que los signatarios del Tratado de Asunción convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte".
Según la profesora de la Universidad de Buenos Aires Mariana Vázquez, esa decisión, motivada en la intolerancia política de estos países a partir de sus diferencias con Venezuela sobre los objetivos del proyecto de integración y sus políticas, "se lleva adelante violando de manera fragrante y sistemática el derecho del bloque, generando un grave precedente en la región en varios aspectos caros a nuestra historia política".
El meollo del problema es que Venezuela es hoy el único obstáculo de peso en el bloque contrario al proyecto de restauración conservadora y neoliberal protagonizado por los gobiernos de Argentina y Paraguay, y de facto de Brasil.
Esos países buscan apartarse de la integración productiva, la creación de empleo regional y la inclusión social, y otros objetivos establecidos por el Tratado de Asunción que dio origen al bloque, como el arancel externo común o la política comercial común, sostienen análisis de expertos.
Según la catedrática argentina de consumarse eso las consecuencias no pueden ser más "que mayor subdesarrollo y exclusión, y agrava profundamente la situación el hecho de que la pretendida suspensión de Venezuela, que dejaría vía libre para que el Mercosur tome este camino, se llevaría adelante violando el corazón del derecho del bloque".
Por otra parte,  los argumentos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tienen fuerza, ya que el país en cuatro años incorporó el 90 por ciento de la normativa derivada del Mercosur vigente en 2012, cuando se produjo su enterada al bloque.
El promedio de notificación de incorporación normativa de este país supera a lo hecho por el resto de los Estados Partes del Mercosur en los 25 años que tiene el proceso de integración, algo que desacredita a los críticos de Caracas.
En resumen, la canciller venezolana plantea que "ni la intolerancia burócrata ni modales dictatoriales de funcionarios del Plan Cóndor impedirán que Venezuela ejerza sus derechos soberanos".