El proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación ni siquiera habla de los derechos de comunicación e información, previstos en seis artículos de la Constitución; por el contrario, quiere reducir todo el asunto a las “libertades” de expresión y de prensa.
Como era una añeja oferta electoral y debía pagar los favores que le hicieron los medios privados durante la última campaña electoral, apenas se sentó en el sillón de mando en Carondelet, el apenas posesionado presidente Guillermo Lasso lanzó una feroz ofensiva contra la democratización de la comunicación en el país: no sólo echó abajo el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, sino que envío a la Asamblea Nacional un proyecto denominada “Ley de Libre Expresión y Comunicación”. Este proyecto de ley pretende desconocer abiertamente los derechos ciudadanos de comunicación e información consignados en la Constitución mediante una serie de artículos que lo que buscan es prácticamente desregular toda práctica comunicacional y dejar en las manos de los propios medios -especialmente los comerciales- todo el poder para decir y mostrar lo que quieran o lo que les sea más rentable, mediante la figura de la “auto-regulación”, la que nunca ha funcionado, especialmente por parte de los medios y periodistas del sector comercial. Aparte de eso, se pretende desconocer los tibios avances relacionados con la comunicación pública y la comunitaria que se habían producido entre 2013 y 2017, y que ya habían empezado ser menoscabados en el recién salido gobierno de Lenin Moreno.
Todo a favor de los medios privados
En efecto. Guillermo Lasso tenía una enorme deuda con los grandes medios privados ecuatorianos. Estos habían sido parte importante de su campaña electoral, al haberle concedido amplio espacio para visibilizarlo y apoyo total a su candidatura desde sus “políticas editoriales”. Y vaya que la está empezando a pagar rápido.
A las pocas horas de posesionado decretó la baja del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, el mismo que dada las precisiones operativas e incluso definiciones conceptuales que posee, permitía aplicar la ley. A lo anterior se sumó el envío del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, donde ni siquiera habla de los derechos de comunicación e información, previstos en seis artículos de la Constitución; por el contrario, quiere reducir todo el asunto a las “libertades” de expresión y de prensa, las que claramente identifica al privilegiar ciertos derechos de medios y de periodistas por sobre los derechos de todas las personas en este campo. Bajo el pretexto de aceptar los estándares internacionales sobre libertad de expresión, pretende anular incluso la referencia a los derechos que constitucionalmente debe garantizar el Estado, tal como lo ordena la Constitución.
Además de una deficiente redacción legislativa, el proyecto de ley pretende fijar la idea que los medios son solamente los comerciales, puesto que se limita a señalar a los medios como “la asociación de individuos que combinan su capital y trabajo”, en claro alineamiento con las posturas más radicalmente ultraliberales para las cuales “la mejor ley es la que no existe” o la que no se aplica, y que desconocen en la práctica la necesidad de que existan medios que no buscan la rentabilidad y el lucro, sino que tiene por objetivo el servicio a la gente y a las comunidades, tales como los medios públicos y los comunitarios.
Limitar los derechos de comunicación y comunicación a los de libertad de expresión y de prensa
En el proyecto de ley de Lasso se esconde también la falacia de que el único enemigo de la libertad de expresión es el Estado, el cual es visto como el gran Leviatán que tendría el “poder de castigar ciertos pensamientos” y “coaccionar a las personas a expresar algo en lo que no creen o a usar fondos públicos para ahogar ciertas expresiones ahogando el mercado de las ideas”, en clara consonancia con las posturas más extremas del liberalismo. Sin embargo, esta postura ultraliberal ha sido fuertemente criticada incluso por pensadores liberales moderados como Owen Fiss, para quien el Estado debe intervenir activamente para frenar la frecuente “censura gerencial” en los medios y para regular el mercado y garantizar la competencia, por medio de acciones regulatorias.
Dividir para reinar y volver al pasado: auto-regulación y concentración privada de la comunicación
Aparte de lo anterior, la propuesta legal de Lasso apunta a fragmentar el marco normativo de la comunicación, y pretendería retornar a la época donde la distribución de frecuencias se consideraba un aspecto meramente “técnico”, es decir desligado del derecho de acceder a medios de comunicación por parte de diversos colectivos, organizaciones sociales y de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias del país. En esa dirección, busca dividir la actual ley en tres.
Por un lado, la ya mencionada Ley de Libre Expresión y Comunicación, que no es sino un listado de principios generales que no operativiza la democratización de la comunicación al dejar sin regulación los contenidos vientos, discriminatorios o sexualmente explícitos que podrían afectar a grupos de protección especial, dejando todo en manos de la “autoregulación” de los medios e inclusive restando derechos como el de la estabilidad laboral, el salario mínimo profesional y la protección de la integridad física e incluso la vida de periodistas y comunicadores cuando cubren situaciones riesgosas. También excluye todas las medidas de acción afirmativa para medios comunitarios, así como no hace siquiera mención al sistema nacional de comunicación previsto en la Constitución ni a institucionalidad alguna para diseñar y ejecutar políticas públicas y defender derechos ciudadanos en el campo comunicacional.
Por otro lado, aparecería la que denomina ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, la que recogería 28 artículos de la ley vigente, pero que estaría supeditada a instancias del campo de las telecomunicaciones, repitiendo los vicios del pasado que provocaron concentración de frecuencias en pocas manos privadas y el estancamiento de la producción nacional de contenidos artísticos, culturales y publicitarios. Finalmente, algunos voceros del gobierno han anticipado que el Ejecutivo enviaría posteriormente un proyecto de ley de Medios Públicos, algo que contradice el estado de postración y casi de liquidación de los mismos, por parte del gobierno anterior de Lenin Moreno.
En fin, por donde se le vea, la apuesta de Lasso implica una marcada regresividad en cuanto a derechos, e incluso podría ser calificada como inconstitucional, por lo que diversos sectores de medios comunitarios, medios alternativos y populares, así como académicos y periodistas han hecho públicos distintos pronunciamientos de crítica y hasta de total rechazo al proyecto.
13 June, 2021
