Las organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios que integramos la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, establecido por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), planteamos las siguientes valoraciones y demandas relacionadas con el derecho a la comunicación y la democratización de los medios:
1. Acceso a la Información: Debe fortalecerse el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Nos preocupa que la Corte Suprema de Justicia (magistrados/as de la Corte Plena y magistrados propietarios de la Sala Constitucional) haya decidido “auto-ampararse” ante los magistrados suplentes de la Sala Constitucional Eliseo Ortiz, Sonia Barillas, Carlos Avilés, Celina Escolán y Martín Rogel, con el fin de no cumplir con resoluciones del IAIP que ordenaban la entrega de información pública a ciudadanos. Este peligroso hecho podría sentar un precedente negativo que socave los avances alcanzados en el incipiente proceso de institucionalización del acceso a la información pública, pues -en casos futuros de inconformidad de los entes obligados ante resoluciones del IAIP- los funcionarios harían uso de estos procedimientos (recursos de amparo) con el fin de legitimar violaciones al derecho de acceso a la información. Así mismo, reprobamos declaraciones del ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien recientemente cuestionó al IAIP en un caso de petición de información de una organización que reivindica la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil.
2. Renovación de concesiones radioeléctricas: Es necesario verificar la legalidad de las concesiones antes de su renovación este año 2017. Así lo recomienda un estudio de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA), publicado en septiembre de 2016. Las concesiones otorgadas en forma irregular y poco transparente deben ser revisadas y revocadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y abrirse a nuevos procesos de asignación para nuevos operadores, en especial permitir el acceso a estos procesos a medios públicos y comunitarios. En el mismo sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) debería iniciar una acción de extinción de dominio de las concesiones del grupo radial SAMIX, las cuales pudieron haberse visto beneficiadas y utilizadas en la trama de corrupción del ex presidente arenero Elías Antonio Saca.
3. Digitalización de la televisión: Hay que aprovechar esta innovación tecnológica como una oportunidad para generar mayor pluralidad y diversidad mediática. El dividendo digital y la optimización de los anchos de banda deben utilizarse para el ingreso de nuevos operadores comunitarios, públicos y privados. La digitalización debe realizarse tomando en cuenta los “Estándares para una Televisión Digital Abierta, Plural e Incluyente”, planteados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Disposiciones contradictorias de sentencias de inconstitucionalidad sobre la Ley de Telecomunicaciones no justifican la entrega de todo el espectro digital a los actuales concesionarios, pues eso incrementaría la concentración mediática y perjudicaría la democracia.
4. Publicidad estatal: Se debe transparentar y democratizar la pauta publicitaria de las instituciones públicas. La distribución de la publicidad estatal no debe responder a lógicas políticas o mercadológicas, sino a criterios de transparencia e inclusión, ya que se trata del manejo de recursos públicos y de una política que incide en la configuración del esquema mediático. Por eso es pertinente institucionalizar criterios, mecanismos y procedimientos que garanticen la asignación transparente y equitativa de la pauta en todos los medios de comunicación escritos (impresos y digitales), radiofónicos y televisivos del país. Se necesita un marco normativo y una política pública de asignación de la pauta publicitaria estatal.5. Medios públicos: Urge institucionalizar un sistema de medios de comunicación públicos, pluralistas e independientes de los gobierno de turno. Las prioridades de estos medios serían el debate serio de los principales temas de país y la promoción de la cultura de paz, los valores democráticos, los derechos humanos, la participación ciudadana, la protección del ambiente, la equidad de género y la memoria histórica. Un proyecto de ley de medios públicos, presentado por el Ejecutivo en septiembre 2013, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, por falta de voluntad política de los grupos parlamentarios.
6. Contenidos y prácticas anti éticas en muchos medios de comunicación: Genera gran preocupación la difusión de noticias faltas e informaciones manipuladas, sesgadas y tergiversadas en ciertos medios de comunicación que no practican los principios éticos universales y dejan de lado los criterios de la deontología periodística. Hay empresas y gremios mediáticos que se amparan en la libertad de expresión y de prensa para transmitir mensajes que hacen apología de la violencia, el sexismo y atentan contra la salud mental, especialmente de niños/as y adolescentes. La difusión de este tipo de mensajes está prohibida por tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscritos por el Estado salvadoreño.
Por tanto, exhortamos:
1. A los magistrados suplentes Eliseo Ortiz, Sonia Barillas, Carlos Avilés, Celina Escolán y Martín Rogel:
Que en la resolución de los referidos recursos de amparo valoren jurídicamente como garantía del estado de derecho la satisfacción de los derechos colectivos, como lo es el derecho de acceso a la información pública, por encima los derechos particulares, tomando en consideración LA PRIMACÍA DEL INTERÉS PÚBLICO, pues en el ejercicio de sus funciones deben tener presente el bienestar de todo el conglomerado social y la satisfacción de sus derechos, entre ellos el derecho de acceder a la información. Así lo señala la Constitución en su art. 246; por tanto, en la sentencia definitiva deben declarar que no existe la violación constitucional planteada por los/as magistrados/as de la Corte Plena y de la Sala Constitucional. Así mismo, que el ministro Munguía Payés acate las resoluciones y respete el rol del IAIP.
2. A la SIGET: Que retome las recomendaciones de la SPTA, referidas a “ realizar una auditoría del espectro radioeléctrico y un acto especial de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo fueron otorgadas las concesiones ” y “ establecer la legalidad y transparencia de las concesiones como requisito para la renovación de las mismas ”. Así mismo, que la Fiscalía inicie cuanto antes las investigaciones y presente ante los tribunales correspondientes la acción de extinción de dominio contra de las concesiones radiales del ex presidente Saca.
Y que utilice el dividendo digital y la optimización de los anchos de banda para propiciar el ingreso de nuevos operadores comunitarios, públicos y privados; y así generar mayor diversidad mediática y evitar una mayor concentración.
3. A la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia: Que institucionalice criterios, mecanismos y procedimientos para transparentar y democratizar la asignación publicitaria en los medios de comunicación. El llamado es extensivo a las demás instancias estatales que se anuncian en medios.
4. A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea: Que retome cuanto antes el estudio del Proyecto de Ley de Medios Públicos.
5. A todas las organizaciones y sectores democráticos: Que hagamos contraloría ciudadana de los medios y exijamos la institucionalización de códigos éticos vinculantes, la instauración de la figura del Ombudsman y el establecimiento de mecanismos de “fiscalización social” de los medios de comunicación social.
San Salvador, 4 de mayo de 2017.
