¿Avances en un enfoque de derechos para las políticas de internet?
El reconocimiento de internet como “medio de comunicación vital para que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión o el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, como se garantiza en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” fue establecido expresamente por primera vez en el informe de julio de 2011 de Frank la Rue, el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión. Él plantea además que:
El derecho a la libertad de opinión y de expresión es un derecho fundamental en sí mismo, a la vez que factor coadyuvante de otros derechos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, así como los derechos civiles y políticos, como los derechos de libertad de asociación y reunión. Así pues, al funcionar como catalizador del derecho personal a la libertad de opinión y de expresión, internet también facilita el ejercicio de otros derechos humanos diversos[1].
Para mediados de 2012 quedaba claro que otros Relatores Especiales de Naciones Unidas estaban tomando el tema de los derechos humanos e internet muy seriamente –incluyendo el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación[2]; él de derechos culturales[3]; violencia contra las mujeres; y racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia–[4]. El 5 de julio de 2012, 85 países firmaron la resolución del CDH liderada por Suecia afirmando el simple hecho de que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser protegidos en línea[5].
Desde esta resolución clave del 2012, el CDH ahora toma en consideración una resolución relativa a internet cada dos años, que han ido del reconocimiento básico de la aplicabilidad de los derechos humanos en el entorno en línea, a cubrir temas críticos como buscar soluciones para la brecha digital de género, los ataques a las personas por ejercer sus derechos en línea y terminar con las interrupciones intencionales de acceso a internet. La resolución de julio de 2016 relaciona los derechos humanos en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[6].
Por lo tanto, parece que más gobiernos están comprometiéndose seriamente con concretar las libertades en internet, utilizando el discurso de derechos humanos y sus mecanismos para lograrlo. Podemos encontrar mayor evidencia de ello en el lanzamiento de la Freedom Online Coalition de gobiernos en diciembre del 2011[7] y una mayor participación y aceptación de los derechos humanos como un tema legítimo a tratar en el Foro de Gobernanza de Internet (FGI)[8].
Ambivalencia
Pero ¿cuán profundo es el compromiso de los gobiernos en realidad? Los grupos de la sociedad civil desconfían, particularmente cuando, gracias a las revelaciones de Snowden, miembros de la Freedom Online Coalition como Estados Unidos y Gran Bretaña salieron a la luz como violadores de los derechos de privacidad. Tres años más tarde, la situación aún continúa luciendo bastante desalentadora.
El bloqueo y filtrado de contenidos[9] son comunes: en algunos países la práctica es endémica[10]. El gobierno ruso aprobó en 2013 una ley que le permite bloquear selectivamente contenidos que considere dañinos para los niños. Los activistas de derechos humanos consideran que la ley de protección infantil está diseñada como “una fisura que posibilita una censura más amplia en internet”. A mediados de 2013 el gobierno británico ha introducido el uso obligatorio de filtros de pornografía infantil. Muchos países en desarrollo, particularmente en África, Asia y Medio Oriente también practican activamente la censura online[11]. Aún los gobiernos comprometidos en general con la libertad de expresión están tomando acciones para limitarla en línea, tal como la decisión de Ecuador de junio de 2013 de establecer una “política de nombre real” que prohíbe la opinión anónima en línea[12]. Y las interrupciones de acceso a internet se están volviendo frecuentes en África y parte de Asia, particularmente durante las elecciones o protestas políticas[13].
Polarización Norte-Sur
Muchos gobiernos de los países en desarrollo continúan siendo ambivalentes[14]. Se resisten a apoyar activamente las libertades en internet porque a) les preocupa la “seguridad” y la amenaza del cibercrimen y del “terrorismo”; b) consideran que el crecimiento y desarrollo económico son más importantes; c) no ven (o no les convencen los argumentos a favor de) la relación entre los derechos humanos y el desarrollo; y d) ven a la agenda de libertades en internet como parte de las políticas exteriores y libre comercio manejadas por EEUU como “líder del mundo libre” a la vez que ayuda a las empresas norteamericanas a acceder a nuevos mercados y hacer negocios sin pagar impuestos ni contribuir a las inversiones extranjeras directas[15].
La cultura política también contribuye a que los países respondan de manera diferente a internet. Algunos gobiernos, particularmente en África, desconfían de internet y de su impacto en los valores tradicionales, la cultura y la identidad. Algunos simplemente sofocan la libertad de expresión y asociación como un medio de control y retención de poder. Esto es particularmente evidente en países con instituciones estatales débiles y altos niveles de corrupción. Los funcionarios del Estado y los políticos temen las consecuencias de que los ciudadanos tengan la capacidad de expresarse y participar de la esfera pública.
Brechas en la investigación, el análisis, el discurso, la defensa y la creación de redes
Estas respuestas ambivalentes y polarizadas a las políticas y la regulación de internet pueden atribuirse, al menos en parte, a brechas en la investigación, el conocimiento y el discurso en materia de derechos humanos y de políticas de internet. Estos vacíos son los siguientes:
A) Brecha en el encuadre: Se supone que todos los derechos humanos –incluidos los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales– son "indivisibles". Sin embargo, prácticamente todo el encuadre en el discurso de la libertad de internet se ha hecho desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos[16].
B) Brecha en la participación: La gran mayoría de los participantes en el discurso de la "libertad de internet" provienen de países desarrollados. Pocos tienen experiencia o conocimientos en teoría, políticas o prácticas de desarrollo.
C) Brecha conceptual: Internet se describe a menudo como ubicuo e integral a la vida social, política y económica contemporánea. Pero no existe una conceptualización coherente de internet desde la perspectiva de cómo el derecho, la política y la regulación deberían tratarla. Muchos gobiernos quieren un mayor control sobre internet, mientras que las empresas, la comunidad técnica y la sociedad civil tienden a resistirse a esto, aunque no siempre por las mismas razones.
D) Brecha de investigación: Se ha investigado muy poco a internet a través del prisma de los derechos económicos, sociales y culturales, que es distinto al enfoque de los "TIC para el desarrollo" (tecnologías de información y comunicación). Incluso dentro de la perspectiva de los derechos civiles y políticos, la documentación está fuertemente orientada hacia una estrecha gama de derechos civiles (libertad de expresión, privacidad y libertad de asociación).
E) Brecha de principios: La mayoría de las declaraciones de principios para las políticas, regulación y gobernanza de internet se centran en la privacidad, la libertad de expresión y asociación, y la protección contra la censura[17]. No sabemos de ningún conjunto coherente de principios diseñados para la consideración efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
F) Brecha de activismo y redes: las organizaciones de derechos humanos del Sur global enfocadas al desarrollo rara vez se centran en los derechos relacionados con internet. El resultado es una brecha en cómo los grupos de derechos humanos conceptualizan la relación entre internet y los derechos económicos, sociales y culturales y cómo éstos se relacionan con el desarrollo.
Las implicaciones son claras: si queremos ampliar el discurso sobre un enfoque de la gobernanza de internet basada en derechos, debemos ampliar el discurso para incluirtodos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. No hacerlo sirve para reforzar las divisiones geopolíticas que condujeron a la creación de dos instrumentos de derechos separados desde su origen –cuando un único instrumento hubiera sido mucho más fácil de implementar y monitorear– y afecta negativamente la creación de espacios de configuración y definición de políticas como el Foro de Gobernanza de Internet.
(Traducción APC y ALAI).
Anriette Esterhuysen, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
