Finalmente se formalizó, entre gallos y medianoche, el golpe en el Mercosur. El martes 13 de septiembre, los cancilleres de la "triple alianza" contra Venezuela, Paraguay, Brasil y Argentina, consumaron el golpe contra la presidencia pro témpore de Venezuela, con una "cantinflada" de la que participó activamente una señora que pretende -nada más ni nada menos- ser secretaria general de la ONU.
Desde que Venezuela debía asumir estatutariamente la presidencia pro témpore del Mercosur, se puso en evidencia una estrategia clara, la de “castigar” a Venezuela, hacer de facto lo que no pudieron hacer en la OEA ni en otros organismos de integración regional. La estrategia de paralizar la integración, orientarla hacia los tratados de libre comercio y la pérdida de la soberanía.
Un escueto comunicado habla de "el consenso alcanzado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar el funcionamiento del Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela".
Llama la atención que el comunicado afirme que la decisión haya sido tomada por "consenso", esencial para que tuviera validez. Según el diccionario de la Real Academia Española, consenso significa "Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad". Los integrantes de las colectividades son cinco: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. ¿Cómo se puede tomar una decisión por consenso si dos de sus miembros no están de acuerdo?
El mismo comunicado dice que estuvieron de acuerdo Argentina, Brasil y Paraguay y que el gobierno uruguayo se abstuvo. O sea, no estuvo de acuerdo.
La excusa esbozada, tras descartar la aplicación de la llamada cláusula democrática, fue que Venezuela "no ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación nacional", lo que ya fuera desmentido por Venezuela. Magnánimos, lo cancilleres forajidos decidieron "otorgar un plazo complementario a fin de que la República Bolivariana de Venezuela de cumplimiento a las obligaciones asumidas en su Protocolo de Adhesión al Mercosur".
Más adelante señala que el 1 de diciembre se analizará nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela en el protocolo de adhesión y amenaza que “la persistencia del incumplimiento importará el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de estado parte”.
El comunicado –que extrañamente no fue reproducido completo por las cancillerías emisoras- dice más adelante que “El 1 de diciembre de 2016 se analizará nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela (…). La persistencia del incumplimiento, añade, “importará el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de estado parte. O sea, reconoce a Venezuela como estado parte que, obviamente, no participó del “consenso”,
Metas logradas de golpe
La meta era aislar a Venezuela y la misma no se pudo alcanzar con el respeto a las normativas del bloque regional, y por ello se apeló al golpe institucional, al que ya utilizaron internamente Paraguay y Brasil, contra los presidentes constitucionales Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
El argumento usado para promover su “suspensión” de la membresía en el Mercosur, es el del “incumplimiento” de las tareas de adecuación al Mercosur, parte de la estrategia política que nada tiene que ver con la normativa del bloque regional, que no contempla en absoluto el “incumplimiento” sino que establece –tanto en el Tratado de Asunción como el protocolo de adhesión de Venezuela- que el proceso de adecuación parte de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
El embajador venezolano ante Mercosur y Aladi, José Félix Rivas Alvarado, señaló que “La temeraria estratagema contra Venezuela, ha contado con una numerosa y creativa producción de esperpentos antijurídicos, y entre ellos resalta el acuñamiento de una categoría inexistente legalmente, como lo es la de “Estados Fundadores” que naturalizó reuniones y declaraciones públicas a nombre del Mercosur y negando a la Presidencia pro Témpore a Venezuela”.
El analista de CLAE, Rubén Armendáriz, indica que “La llamada crisis del Mercosur deja en claro la creación o subsistencia de dos realidades en la pugna: una, la jurídica-normativa y otra la virtual, autoritaria, de facto. La primera, la apegada a los tratados y normativas del grupo regional, tiene suficiente peso como para mostrar que todo lo que están haciendo y/o tratando de hacer los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, está al margen de la ley, es una posición forajida”.
Es habitual que los gobiernos de facto –como el actual de Brasil- quieran convertir en letra muerta las leyes, tratados y normas. Y esa posibilidad de aniquilar el Mercosur es un atentado a la integración regional que apoyan gobiernos electos democráticamente pero que no creen en la democracia, como los de Argentina y Paraguay, añadió.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó de manera rotunda las declaraciones emitidas por la Triple Alianza, conformada por Argentina, Paraguay y Brasil y señaló que esta declaración vulnera la legalidad de Mercado Común del Sur (Mercosur). “Venezuela, en ejercicio pleno de la Presidencia Pro Témpore de Mercosur, y en resguardo de sus Tratados, rechaza la declaración de la Triple Alianza”, escribió la canciller.
Recordó que en Mercosur “las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas de funcionamiento. No permitiremos violaciones a los Tratados. Pretender destruir Mercosur mediante artimañas antijurídicas es reflejo de la intolerancia política y desesperación de burócratas”, agregó.
La presión extrarregional
La añeja estrategia de divide y vencerás fue aplicada nuevamente. Ya Estados Unidos y la Unión Europa la aplicaron con la Comunidad Andina de Naciones: destruyeron el espacio andino de integración, y ahora tratan de lograrlo con el Mercosur.
Para el juego geopolítico y geoeconómico de la derecha global, la posición soberana de Venezuela en el Mercosur es demasiado peligrosa, sobre todo si la meta es avanzar en los procesos de extracción de los recursos naturales de la región y el arrebato de la soberanía suramericana.
La estrategia de la “triple alianza” tiene dos grandes objetivos políticos, acosar a la Revolución Bolivariana para devastar y saquear sus recursos, y paralizar el Mercosur para “flexibilizarlo”, para que cada país pueda negociar acuerdos comerciales en solitario, para reeditar la fracasada (en 2005) política hacia una zona de libre comercio (ALCA) en donde todos puedan celebrar tratados de libre comercio bilaterales, sin necesidad de consenso del resto de los socios.
Estas decisiones que, según las normativas del Mercosur, deben tomarse por consenso de todos los miembros del bloque. El consenso no lo iban a lograr con Venezuela y por eso no extraña una de las últimas cláusulas del documento: “Las negociaciones externas con terceros países o grupos de países serán coordinados por los cuatro estados partes signatarios del Tratado de Asunción”.
Claudio Della Croce
Economista argentino, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
