Estamos frente a un momento histórico signado por la tecnología. Son tiempos tormentosos donde hemos visto como la digitalidad aceleró nuestra integración, nuestras comunicaciones, brindó oportunidades regionales y fomentó capacidades en los diversos sectores de nuestras economías. Pero también trajo consecuencias negativas: noticias falsas, evasión fiscal, monopolización de mercados y privatización indirecta de los servicios públicos son solo algunas de las tantas consecuencias negativas que hemos visto en los últimos años. América latina se encuentra en una encrucijada en materia digital: ¿cómo hacemos como región para potenciar aquellas cosas positivas y mitigar los impactos negativos de tecnologías modernas cuyo futuro es incierto y difícil de imaginar?
Mientras tanto, el debate por la regulación de la Inteligencia artificial y la protección de datos personales crece en el mundo. Son debates urgentes y necesarios en una región que aún se encuentra de forma heterogénea y dispar en estadios muy tempranos en estos debates: algunos países de la región ni siquiera cuentan con protecciones mínimas a la privacidad de los ciudadanos y los consumidores, mientras que otros siendo grandes productores de tecnología, avanzan en marcos éticos no vinculantes, dando pasos en la dirección correcta, pero aún insuficientes.
En el medio, las negociaciones de libre comercio en materia digital avanzan a espaldas de los pueblos y en detrimento de la soberanía para regular los mercados digitales de forma local y regional. Existen negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos bilaterales y subregionales que intentan poner limitaciones a la auditoría de algoritmos, el tratamiento soberano de los datos, el cobro de impuestos aduaneros por bienes comerciados digitalmente, y el control de las empresas que operan en los mercados digitales, entre otras cuestiones.
En este sentido, recientemente se conoció la noticia de que el gobierno de los EEUU retiró el borrador presentado hace tiempo para negociar un acuerdo plurilateral de comercio electrónico en la OMC.
Muchos de nuestros gobiernos se opusieron a un mandato multilateral de negociación en 2017 en la Reunión Ministerial de Buenos Aires. Ahora parece que fueron clarividentes al hacerlo. Algunos de nuestros gobiernos (como Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y los miembros del Caricom) se han mantenido al margen de esta negociación (conocida como JSI en su jerga en inglés). Esta medida de Estados Unidos demuestra que tenían razón. Los que se han quedado fuera deberían reforzar su decisión de permanecer fuera. Los que se han adherido (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) deberían tomarse un momento para reconsiderarlo, dado que el principal proponente se ha dado cuenta ahora de que estas disposiciones cierran el espacio político para una regulación esencial. Del mismo modo, los latinoamericanos y latinoamericanas deberíamos rechazar estas disposiciones en cualquier acuerdo bilateral o regional como el UE-Mercosur o UE-Chile, el Tratado Transpacífico, el acuerdo Australia-Perú, y el acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, entre tantos otros. Algunos ya vigentes, otros aún en negociación.
Los tiempos han cambiado; los peligros son más evidentes; los gobiernos deberían reaccionar en consecuencia ante la nueva información.
Es claro que la región cuenta con grandes desafíos en materia digital: queremos una región capaz de crear tecnologías diversas y diseñadas para y por latinoamericanas y latinoamericanos. Pero no solamente eso: los problemas que nos aquejan no son solamente el colonialismo digital entendido en términos de importación de tecnologías foráneas a la región. En efecto, la regulación de la inteligencia artificial se debate en el mundo, poniendo el foco en la diferencia entre el acceso, la transferencia, la auditoría y la apertura de códigos fuentes como prioridad regulatoria dependiendo del caso, en pos de la defensa de las tecnologías soberanas, de los derechos fundamentales y de principios de no discriminación, enmarcando la discusión dentro de marcos éticos necesarios ante una tecnología que tiene la capacidad de trasformar a la sociedad. Estos dos objetivos no serán posible de continuar expandiendo los acuerdos de libre comercio y la negociación del JSI de comercio electrónico en la OMC.
Por otro lado, la brecha digital en materia de conectividad, alfabetización y acceso a dispositivos sigue siendo un problema que necesita ser resuelto a través de la política pública y los incentivos a la inversión. En este sentido, se precisan recursos estatales para invertir en infraestructura y conectividad que trasciende nuestras fronteras y nos permita mayor integración regional. Por este motivo es que instamos a los gobiernos a no renovar la moratoria en transmisiones electrónicas que se vencerá en marzo del año que viene a instancias de la OMC, de forma tal de poder tener un elemento más de financiación y control soberano de nuestros mercados digitales.
El programa de libre comercio en materia digital debe detenerse hasta tanto no maduremos el debate regional respecto a la regulación que nuestros mercados digitales y nuestro desarrollo tecnológico de sistemas basados en inteligencia artificial, materializándose en regulaciones que potencien los efectos positivos de la digitalidad y mitiguen aquellos impactos que han afectado negativamente a nuestros pueblos.
Es el momento de hacerlo. Otros estados ya se han dado cuenta del efecto nocivo que estas negociaciones tienen. Queremos un futuro centrado en lo humano, inclusivo, soberano y sustentable. La agenda de libre comercio en materia digital no parece ser el camino correcto a seguir.
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Public Service International- Américas
ISP-Costa Rica
ATTAC Argentina
Asamblea Argentina mejor sin TLC
Fundación Karisma
gcoop – Cooperativa de Software Libre
DHyTecno
OISIA UNTREF
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital
Centro de Estudios Humanistas de Córdoba
Ser Valiente en Red
Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial, nodo de América Latina y el Caribe
@segudigital
Conexión Educativa
UNICEN
IPANDETEC
Transnational Institute
Instituto del Mundo del Trabajo
PORTUGUES
Estamos enfrentando um momento histórico marcado pela tecnologia. Estamos em tempos tempestuosos em que vimos como a digitalização acelerou nossa integração, nossas comunicações, proporcionou oportunidades regionais e promoveu capacidades nos diversos setores de nossas economias. Mas ela também trouxe consequências negativas: notícias falsas, evasão fiscal, monopolização de mercados e privatização indireta de serviços públicos são apenas algumas das muitas consequências negativas que vimos nos últimos anos. A América Latina está em uma encruzilhada nas questões digitais: como nós, como região, aprimoramos os aspectos positivos e mitigamos os impactos negativos das tecnologias modernas, cujo futuro é incerto e difícil de imaginar?
Enquanto isso, o debate sobre a regulamentação da inteligência artificial e a proteção de dados pessoais está crescendo em todo o mundo. Esses são debates urgentes e necessários em uma região que ainda se encontra de forma heterogênea e díspar nos estágios iniciais desses debates: alguns países da região nem sequer têm proteções mínimas de privacidade para cidadãos e consumidores, enquanto outros, por serem grandes produtores de tecnologia, estão avançando em estruturas éticas não vinculantes, dando passos na direção certa, mas ainda insuficientes.No meio disso, as negociações de livre comércio sobre questões digitais estão avançando nas costas das pessoas e em detrimento da soberania para regular os mercados digitais local e regionalmente. Há negociações na Organização Mundial do Comércio e em outros acordos bilaterais e sub-regionais que tentam impor limitações à auditoria de algoritmos, ao tratamento soberano de dados, à cobrança de taxas alfandegárias sobre mercadorias comercializadas digitalmente e ao controle de empresas que operam em mercados digitais, entre outras questões.
A esse respeito, foi relatado recentemente que o governo dos EUA retirou uma proposta preliminar de longa data para negociar um acordo plurilateral de comércio eletrônico na OMC.
Muitos de nossos governos se opuseram a um mandato de negociação multilateral em 2017 na Reunião Ministerial de Buenos Aires. Agora parece que eles foram prescientes ao fazer isso. Alguns de nossos governos (como Bolívia, Cuba, Equador, Venezuela e os membros do Caricom) ficaram de fora dessa negociação (conhecida como JSI em seu jargão). Essa ação dos Estados Unidos prova que eles estavam certos. Aqueles que ficaram de fora devem reforçar sua decisão de ficar de fora. Os que aderiram (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai) devem reconsiderar, pois o principal proponente já percebeu que essas disposições fecham o espaço político para regulamentações essenciais. Da mesma forma, os latino-americanos devem rejeitar essas disposições em quaisquer acordos bilaterais ou regionais, como o UE-Mercosul ou UE-Chile, a Parceria Transpacífico, o acordo Austrália-Peru e o acordo de comércio eletrônico do Mercosul, entre muitos outros. Alguns já estão em vigor, outros ainda estão em negociação.
Os tempos mudaram; os perigos são mais evidentes; os governos devem reagir de acordo com as novas informações.
Está claro que a região enfrenta grandes desafios em questões digitais: queremos uma região capaz de criar diversas tecnologias projetadas para e pelos latino-americanos. Mas não é só isso: os problemas que nos afligem não são apenas o colonialismo digital entendido em termos de importação de tecnologias estrangeiras para a região. De fato, a regulamentação da inteligência artificial está sendo debatida em todo o mundo, concentrando-se na diferença entre acesso, transferência, auditoria e abertura de códigos-fonte como prioridade regulatória, dependendo do caso, em busca da defesa de tecnologias soberanas, direitos fundamentais e princípios de não discriminação, enquadrando a discussão nas estruturas éticas necessárias para uma tecnologia que tem a capacidade de transformar a sociedade. Esses dois objetivos não serão possíveis se os acordos de livre comércio e a negociação da JSI sobre comércio eletrônico na OMC continuarem a se expandir.
Por outro lado, a exclusão digital em termos de conectividade, alfabetização e acesso a dispositivos continua sendo um problema que precisa ser resolvido por meio de políticas públicas e incentivos ao investimento. Nesse sentido, são necessários recursos estatais para investir em infraestrutura e conectividade que transcendam nossas fronteiras e permitam maior integração regional. Por esse motivo, pedimos aos governos que não renovem a moratória sobre as transmissões eletrônicas que deve expirar em março do próximo ano por ordem da OMC, mas que continuem a fazê-lo.
A agenda do livre comércio digital deve ser interrompida até que amadureçamos o debate regional sobre a regulamentação de nossos mercados digitais e nosso desenvolvimento tecnológico de sistemas baseados em inteligência artificial, materializando-se em regulamentações que aumentem os efeitos positivos da digitalidade e mitiguem os impactos que afetaram negativamente nossos povos.
Agora é a hora de fazer isso. Outros países já perceberam o efeito prejudicial dessas negociações. Queremos um futuro que seja centrado no ser humano, inclusivo, soberano e sustentável. A agenda de livre comércio digital não parece ser o caminho certo a seguir.
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ENGLISH
We are facing a historic moment marked by technology. These are stormy times where we have seen how digitization has accelerated our integration, our communications, provided regional opportunities and fostered capabilities in the various sectors of our economies. But it has also brought negative consequences: fake news, tax evasion, monopolization of markets and indirect privatization of public services are just some of the many negative consequences we have seen in recent years. Latin America is at a crossroads in digital matters: how do we do as a region to enhance those positive things and mitigate the negative impacts of modern technologies whose future is uncertain and difficult to imagine?
Meanwhile, the debate on the regulation of artificial intelligence and the protection of personal data is growing in the world. These are urgent and necessary debates in a region that is still heterogeneously and disparately at very early stages in these debates: some countries in the region do not even have minimum privacy protections for citizens and consumers, while others, being major technology producers, are moving forward in non-binding ethical frameworks, taking steps in the right direction, but still insufficient.
In the middle, free trade negotiations on digital matters are advancing behind the backs of the people and to the detriment of sovereignty to regulate digital markets locally and regionally. There are negotiations in the World Trade Organization and other bilateral and sub-regional agreements that attempt to place limitations on the auditing of algorithms, the sovereign treatment of data, the collection of customs duties on digitally traded goods, and the control of companies operating in digital markets, among other issues.
In this regard, news recently broke that the US government withdrew the draft presented some time ago to negotiate a plurilateral e-commerce agreement at the WTO.
Many of our governments opposed a multilateral negotiating mandate in 2017 at the Buenos Aires Ministerial Meeting. Now it seems they were prescient in doing so. Some of our governments (such as Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela and the Caricom members) have stayed out of this negotiation (known as JSI in their jargon in English). This move by the United States proves that they were right. Those who have stayed out should reinforce their decision to stay out. Those who have joined (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay) should take a moment to reconsider, as the main proponent has now realized that these provisions close the policy space for essential regulation. Similarly, Latin Americans should reject these provisions in any bilateral or regional agreements such as the EU-Mercosur or EU-Chile, the Trans-Pacific Partnership, the Australia-Peru agreement, and the Mercosur e-commerce agreement, among many others. Some are already in force, others are still under negotiation.
Times have changed; the dangers are more evident; governments should react accordingly to the new information.
It is clear that the region faces great challenges in digital matters: we want a region capable of creating diverse technologies designed for and by Latin Americans. But not only that: the problems that afflict us are not only digital colonialism understood in terms of importing foreign technologies to the region. Indeed, the regulation of artificial intelligence is being debated in the world, focusing on the difference between access, transfer, auditing and the opening of source codes as a regulatory priority depending on the case, in pursuit of the defense of sovereign technologies, fundamental rights and principles of non-discrimination, framing the discussion within the necessary ethical frameworks for a technology that has the capacity to transform society. These two objectives will not be possible if we continue to expand free trade agreements and the negotiation of the JSI on electronic commerce at the WTO.
On the other hand, the digital divide in terms of connectivity, literacy and access to devices continues to be a problem that needs to be solved through public policy and investment incentives. In this sense, state resources are needed to invest in infrastructure and connectivity that transcends our borders and allows for greater regional integration. For this reason, we urge governments not to renew the moratorium on electronic transmissions that will expire in March of next year at the request of the WTO, so that we can have one more element of financing and sovereign control of our digital markets.
The free trade program in digital matters must stop until we mature the regional debate regarding the regulation of our digital markets and our technological development of systems based on artificial intelligence, materializing in regulations that enhance the positive effects of digitality and mitigate those impacts that have negatively affected our peoples.
Now is the time to do so. Other states have already realized the deleterious effect that these negotiations have. We want a future that is human-centered, inclusive, sovereign and sustainable. The digital free trade agenda does not seem to be the right way forward.
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