VULNERACIONES A LA PRENSA
INFORME EJECUTIVO DEL 03 DE MAYO DE 2022

RESUMEN/PRESENTACIÓN

Las dificultades para hacer periodismo en El Salvador han aumentado a una escala cada vez mayor. El discurso de odio hacia la prensa dio un paso más en los primeros meses de este año
2022, hacia la difamación contra los periodistas y medios que investigan casos que el Gobierno del presidente Nayib Bukele no quiere que se sepan, tales como la corrupción, el diálogo con
las pandillas, o se atreven a señalar su estilo autoritario de gobernar. Los periodistas se enfrentan con más frecuencia a ataques y acoso digital por su trabajo, mientras las instituciones
estatales no garantizan la seguridad de los informadores.

Los datos generados por el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas indican que el número de afectaciones a la prensa sigue creciendo, al pasar de 125 en el año 2020 a 219 en
2021. Es importante aclarar que 58 de esas denuncias ocurrieron durante el desarrollo de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.

Y en los primeros cuatro meses de este año ya se registran 39 casos, entre los que es necesario señalar la aparición de otros fenómenos preocupantes como el desplazamiento forzado de
periodistas a raíz de persecución, la difamación directa hacia periodistas investigadores y la falta de garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado, quienes no investigan
denuncias presentadas con el acompañamiento de la Asociación de Periodistas de El Salvador, desde 2021.

El gobierno ha impulsado una serie de reformas legales que amenazan el trabajo libre e independiente de la prensa. En estos primeros cuatro meses del año reformó la Ley de
Proscripción de Pandillas y el Código Penal, en el que se penaliza el hecho de informar sobre las pandillas o divulgar imágenes con símbolos alusivos a ellas, y a finales del año 2021 reformó
la Ley de Delitos informáticos, cuyo Artículo 25 también amenaza el trabajo de la prensa. Estas reformas legales son una camisa de fuerza para la actividad periodística, por cuanto limitan la
posibilidad de investigar para informar debidamente a la ciudadanía sobre los temas que son de su interés.

Estas reformas dieron pie a otra escalada de señalamientos difamatorios en contra de periodistas e investigadores, a quienes el presidente Bukele y su secretario de prensa, Ernesto
Sanabria, acusaron en redes sociales de ser defensores de pandillas. Sus señalamientos fueron seguidos por una ola de ataques de parte de seguidores del gobierno y otros funcionarios, como
el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien pidió a los periodistas, a quienes identificó como “intelectuales” e “incómodos”, irse del país.

El principio 5 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que “La censura previa, interferencia
o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar
prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Las libertades de expresión y de prensa no han sido limitadas por el régimen de excepción que vive el país desde el 27 de marzo; sin embargo, la policía está impidiendo en algunos casos el
trabajo de la prensa afuera de los centros de detención, donde a algunos periodistas no se les permite hacer imágenes ni entrevistar a los familiares de los reos que han sido detenidos en el
marco del régimen de excepción.

Eso violenta la libertad de prensa y el derecho a la información, según los términos en que los plantea el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que: “Todas las
personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

También se registró una serie de hackeos de cuentas de WhatsApp de distintos grupos de periodistas, incluyendo la cuenta del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la
APES. Y recientemente la compañía Apple comunicó sobre una segunda posible oleada de infecciones con virus de vigilancia como Pegasus, en los teléfonos de periodistas y líderes
sociales. Una primera ronda de infecciones fue confirmada en enero, en los teléfonos de una treintena de periodistas.

El gobierno de El Salvador no tolera a la prensa que se niega a repetir su propaganda. Trabajar en estas condiciones de inseguridad, desprotección y ataques frecuentes de parte de
funcionarios del mismo gobierno vulnera fuertemente la libertad de prensa y de expresión, ya que promueve la autocensura y limita el derecho a la información de los ciudadanos.
Esta Relatoría recuerda que la libertad de expresión es un requisito indispensable para una sociedad democrática, y que la misma está garantizada en el Artículo 6 de nuestra Constitución
política, la cual es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos y los ciudadanos.

Serafín Valencia Martínez
Relator de libertad de expresión de APES

1. ACOSO Y ATAQUES DIGITALES
El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas registró entre el 01 de enero al 30 de abril
de 2022, ocho casos de acoso digital y uno de ataque. Los agresores son funcionarios públicos
y usuarios desconocidos de redes sociales, pero que siempre se expresan en defensa del
gobierno.

Los casos de acoso tienen que ver con el aparecimiento de mensajes que buscan deslegitimar
alguna noticia u opinión que haya sido divulgada o compartida por la víctima en redes sociales,
y a partir de ello se inicia una reacción en cadena de varias cuentas de redes sociales, acosando
al emisor. A veces este acoso puede llegar hasta las amenazas, principalmente en el caso de
las mujeres.

En el caso de los ataques, estos son más agresivos y pueden implicar también una vulneración
o afectación de los equipos informáticos o las redes sociales de la víctima.

2. RESTRICCIONES AL EJERCICIO PERIODÍSTICO
Las restricciones al ejercicio periodístico compiten en términos de número de casos con el
acoso, pues el Centro de Monitoreo reporta nueve casos en los primeros cuatro meses del año.
Las restricciones están relacionadas con el impedimento por parte de las autoridades para que
los periodistas puedan desarrollar bien su trabajo.

En el marco del régimen de excepción, varios periodistas han reportado impedimentos para
poder hacer sus coberturas, especialmente cuando se trata de operativos policiales, capturas o
escenas de homicidio.

La concentración de la información en manos del Ejecutivo ha aumentado, así como las
restricciones para realizar coberturas de campo acompañando a algunas autoridades. Los
periodistas que cubren los sitios de detención de las personas capturadas dentro del régimen
de excepción han reportado dificultades de acceso y en algunos casos hasta amenazas de ser
detenidos.

Además, sigue la discriminación a los periodistas en razón del medio para el cual trabajan.

3. DESPLAZAMIENTO FORZADO POR PERSECUCIÓN
Aunque no es un fenómeno reciente, lo que está ocurriendo ahora es que los periodistas son vigilados por desconocidos, supuestamente agentes de inteligencia policial o del Estado,
posiblemente buscando intimidar a los periodistas investigativos o que son activos opinando en
redes sociales.

Si bien es cierto antes se registraba desplazamiento forzado por las amenazas de las pandillas,
ahora las amenazas y los seguimientos vienen posiblemente de agentes estatales, lo que le da
otro matiz a los casos. Es decir que ya no es solo la delincuencia la que amenaza periodistas,
sino también el mismo Estado.

APES registra en fechas recientes cuatro casos de migración forzada en los últimos 12 meses,
y puede haber más; pero que no han sido denunciados a APES.

4. DECLARACIONES ESTIGMATIZANTES
Estas declaraciones normalmente son emitidas por funcionarios públicos, comenzando por el
mismo presidente Nayib Bukele. Algunas declaraciones del mandatario buscan estigmatizar a
los periodistas, como cuando señaló a personas concretas de ser defensores de pandilleros.

Entre los emisores más frecuentes están Bukele y el secretario de prensa Ernesto Sanabria.
En la misma categoría colocamos las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa,
Ernesto Castro, cuando dijo que los periodistas que no se sintieran bien en el país podían irse
a buscar asilo en el extranjero.

Igual que en el acoso digital, cuando el funcionario emite el mensaje, de inmediato es
secundado por una serie de cuentas, posiblemente falsas, para reforzar el mensaje
estigmatizante del funcionario que lo emitió.

5. HACKEO DE REDES SOCIALES
Los casos más intensos de hackeo fueron los registrados en enero, cuando decenas de cuentas
de WhatsApp fueron hackeadas, incluyendo la cuenta del Centro de Monitoreo de Agresiones
a Periodistas. Los ciberdelincuentes utilizaron el nombre de una persona comunicadora para
actuar en nombre de ella y colocar mensajes en los grupos y cuentas particulares.

Este hackeo masivo ocurrió en el contexto en que dos empresas de seguridad digital
confirmaron la infección de una treintena de celulares de periodistas y líderes sociales con el
programa Pegasus, que sirve para realizar espionaje.

Una segunda advertencia de infección de aparatos telefónicos con programas espías ocurrió
en abril, lo cual todavía está en proceso de verificación.

De todos los casos de vulneraciones a la prensa, los agresores son funcionarios públicos,
seguidos por usuarios de redes sociales desconocidos pero que siguen un discurso de defensa
al gobierno y de ataque a sus críticos. Luego le siguen militantes debidamente identificados
como seguidores del partido gobernante Nuevas Ideas. Y en último lugar están las fuerzas de
seguridad, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil.