Este 11 de abril la Asamblea Internacional de los Pueblos promueve actividades y movilizaciones por la libertad de Julian Assange y en rechazo a una eventual extradición.
Este lunes 11 de abril Julian Assange cumple tres años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, donde aguarda la decisión sobre el pedido de extradición de los Estados Unidos. Se le acusa, bajo la Ley de Espionaje del país, de 17 cargos relacionados con la obtención y publicación de documentos clasificados, lo que podría implicar una condena de 175 años de prisión. Contando su confinamiento previo en la embajada ecuatoriana, son ya 10 los años de implacable persecución política y jurídica contra el periodista y cofundador de Wikileaks, sin que se le haya condenado aún por ningún delito.
A mediados de marzo, el Tribunal Supremo del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Assange contra la orden de extradición emitida el pasado 10 de diciembre (¡el día Día de los Derechos Humanos!). El Tribunal declaró que su recurso, basado en el argumento de que su salud se vería aún más afectada por las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos, no tenía “ningún fundamento jurídico sostenible”.
A partir de ahí, la decisión de extraditarle o no pasó a la Ministra del Interior, Priti Patel, y la defensa tendrá cuatro semanas para presentar sus alegatos. Si Patel autoriza la extradición -lo que parece probable- el asunto volverá, para su ejecución, a manos de la jueza Baraitser en el tribunal de primera instancia.
Sin embargo, esto podría abrir nuevas oportunidades para apelar, ya que la recientemente concluida apelación fue iniciada por el gobierno de Estados Unidos en contra de la decisión original de Baraitser de no extraditarle -posteriormente anulada por el Tribunal Superior- con motivo de la posible amenaza a su salud.
Pero el propio Assange aún no ha ingresado una apelación al Tribunal Superior. Podrá hacerlo una vez que el asunto haya sido devuelto por Patel a Baraitser. Según el periodista Craig Murray, varios de los motivos por los que Baraitser falló inicialmente a favor de Estados Unidos podrían ser motivo de apelación, en particular:
En el enmarañado proceso de apelación, estos puntos aún no han sido considerados por el Tribunal Superior. Como observa Murray, esto “significa que finalmente, en un alto tribunal, se escucharán los argumentos que realmente importan… ahora el Tribunal Superior tendrá que considerar si realmente desea extraditar a un periodista por publicar pruebas de crímenes de guerra sistemáticos por parte del Estado que solicita su extradición”. Esto significaría al menos que la extradición no podría ejecutarse inmediatamente, pero es probable que suponga para Assange al menos otro año más en la prisión de Belmarsh.
Esto nos lleva al quid de la persecución contra Julian Assange[1]. En las sociedades democráticas, los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos humanos, entre ellos la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos. También se supone que practiquen la transparencia y la responsabilidad con respecto a las políticas públicas, ya que su mandato emana del pueblo, del electorado, y sus presupuestos se financian en gran medida con los impuestos de éste. Sin embargo, parece que la sociedad de la vigilancia actual pone estos principios patas arriba, siendo que los gobiernos y las empresas actúan en connivencia para violar flagrantemente la privacidad y la seguridad de las personas, mientras tratan de ocultar muchas de sus propias acciones bajo un manto de secreto.
Está claro que las violaciones masivas de la privacidad y las lagunas en la seguridad digital que están saliendo a la luz en los últimos años no se deben a accidentes o a un mal funcionamiento del sistema. Por el contrario, son parte integral y esencial del actual modelo financiero de desarrollo de Internet. Un modelo basado en la recolección masiva y la monetización de datos –con o sin el consentimiento de quienes los proporcionan–, a través del desarrollo de mega plataformas que ofrecen servicios “gratuitos”; y esto con un mínimo –cuando no ausencia– de regulación. Mientras tanto, los gobiernos, las agencias de seguridad y los grupos políticos frecuentemente llegan a acuerdos con las corporaciones que gestionan estas plataformas, para recopilar datos con fines de vigilancia que incluyen la manipulación política -como el infame caso de Cambridge Analytica- y la contención de la protesta social y la disidencia política.
Es en este contexto que Wikileaks y Julian Assange han prestado un importante servicio a la humanidad al demostrar que esta sociedad digitalizada también puede funcionar a favor de una gobernanza más democrática. Han permitido a la gente vigilar las acciones de quienes ejercen el poder y han puesto al descubierto los abusos de ese poder, dando la oportunidad a los denunciantes de revelar las irregularidades cometidas por las instituciones públicas o privadas. Mientras la sociedad de la vigilancia espía a la gente para los poderosos, Wikileaks se encarga de liberar la información para que esté disponible para la gente.
Como ha explicado Noam Chomsky[2], desde los primeros años del siglo pasado, las libertades democráticas conquistadas en países como Estados Unidos y el Reino Unido hicieron que los gobernantes ya no pudieran mantener el control social principalmente por la fuerza. Tuvieron que cambiar su estrategia de poder para implementar el control mediante la manipulación de la opinión a través de los medios de comunicación y las relaciones públicas, lo que él llama “fabricar el consentimiento”. Pero ello también implica que aquellos asuntos que no pueden generar consentimiento deben mantenerse en la oscuridad. Así —subraya—, el “crimen” imperdonable de Assange y Wikileaks es haber levantado el velo del secreto que protege a los poderosos del escrutinio; y al hacerlo, podrían causar que el poder se evaporara. Chomsky añade que los archivos de documentos desclasificados revelan que el secreto oficial tiene poco que ver con la seguridad del Estado (citada como pretexto) y mucho que ver con ocultar a la ciudadanía decisiones que podrían afectar a sus intereses o a sus medios de vida, o minar su apoyo a sus gobernantes.
Entre los ejemplos de estas revelaciones “inconvenientes” está la publicación por parte de Wikileaks de varios capítulos del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica (TPP), cuando se estaba negociando en secreto, principalmente pare el beneficio de las grandes corporaciones; revelaciones que permitieron a los movimientos populares de oposición responder oportunamente. También, los registros de la guerra de Irak y Afganistán, publicados por la denunciante militar Chelsea Manning, que detallan la matanza indiscriminada de civiles durante la invasión y ocupación estadounidense de esos países. Pero, sin duda, lo que más despertó la furia del gobierno estadounidense fue la publicación, a partir de marzo de 2017, de los archivos Vault-7 de la CIA, que detallan las actividades y capacidades de la Agencia Central de Inteligencia para realizar vigilancia electrónica y ciberguerra.
Wikileaks y Julian Assange han recibido numerosos premios y homenajes por estas contribuciones al conocimiento público, en reconocimiento a su aportación periodística, a su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y a su valentía política.
Al mismo tiempo, ha sido sometidos a un constante bombardeo e intentos de difamación, ya que el medio más eficaz que emplean los gobernantes para socavar el apoyo público a quienes consideran adversarios es arrojar dudas sobre su credibilidad. Y esto no es sólo una especulación, como ha revelado el periodista australiano John Pilger:
“En 2008, un plan para destruir tanto a WikiLeaks como a Assange se expuso en un documento altamente secreto, fechado el 8 de marzo de 2008. Los autores eran de la Subdivisión de Evaluación de Ciberinteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Describían con detalle lo importante que era destruir el ‘sentimiento de confianza’ que es el ‘centro de gravedad’ de WikiLeaks.
“Esto se lograría, escribieron, con amenazas de ‘exposición [y] procesamiento penal’ y un asalto implacable a la reputación. El objetivo era silenciar y criminalizar a WikiLeaks y a su director y editor. Era como si hubieran planeado una guerra contra un solo ser humano y contra el principio mismo de la libertad de expresión”.
“Su principal arma sería el desprestigio personal. Sus tropas de choque se alistarían en los medios de comunicación – aquellos que se supone deben poner las cosas en claro y decirnos la verdad.”[3]
La estrategia tuvo un éxito notable, aunque incluso Pilger se asombró de ciertos periodistas que asumieron alegremente la tarea de difamar a un colega sin que nadie les dijera que lo hicieran.
Este 11 de abril, la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), junto con otras organizaciones, están promoviendo movilizaciones en las calles, en las redes sociales y a través de debates, por la libertad y contra la extradición de Assange. Parece que si el proyecto de Assange es liberar la información para el pueblo, su propia liberación dependerá principalmente de la presión que los pueblos ejerzan sobre los gobernantes.
Periodista británica-ecuatoriana, es directora ejecutiva de ALAI. Escribe regularmente sobre temas relacionados con la democratización de la comunicación y las tecnologías digitales.
[1] Lo que sigue se desarrolla más en un artículo de la autora, titulado “Exposing Abuse of Power: For the People”, publicado en el libro: In defense of Julian Assange, ed. Tariq Ali y Margaret Kunstler, OR Books, Nueva York/Londres, 2019.
[2] Vídeo de la intervención de Noam Chomsky en el acto: “Julian Assange: 4 años de libertad negada”, CIESPAL, Quito, 20 de junio de 2016.
[3] http://johnpilger.com/articles/the-urgency-of-bringing-julian-assange-home
FUENTE: ALAI
