Elecciones presidenciales en Colombia
“Petro aglutina la resistencia al terrorismo de Estado en Colombia”
ComunicaSul
Martes, Marzo 29, 2022
Professor Mauricio Avilez Alvares defiende que la solidariedad internacional será decisiva para frenar el fraude en las elecciones colombianas

“Las propuestas del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a la presidencia de Colombia tienen un carácter más nacionalista, de proteccionismo económico y representan una línea progresista. Para un país que siempre estuvo en contramano de América Latina, son cambios muy significativos”, afirmó el profesor colombiano Mauricio Avilez Alvarez, doctor en Sociología Política por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), en entrevista exclusiva. Militante de la causa de los derechos humanos por más de dos décadas, Mauricio defiende la formación de un amplio frente para pasar la página de retrocesos “impuestos a sangre y fuego en el país”. “Petro aglutina la resistencia al terrorismo de Estado y al somentimiento neoliberal, y eso es lo que está en juego en las elecciones del 29 de mayo”, enfatizó. Con maestría en la Escola Superior de Teología, en Ciencia Politica por la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) el profesor estudió derecho en la Universidad del Atlántico, es investigador del Observatorio Socioambiental y de Paz de la Universidad Reformada y dirige el grupo de investigación Colombia: Memoria y Conflicto.

Por: LEONARDO WEXELL SEVERO

P: Las recientes elecciones legislativas registraron una victoria del Pacto Histórico, pero hay denuncias de que el resultado podría haber sido aún mayor si no hubiera habido manipulación de las urnas. ¿Qué sucedió?

M: Si. Las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo fueron históricas para los sectores de izquierda, alternativa y progresista en Colombia. Sin embargo, se denunciaron muchas irregularidades dentro del proceso electoral y que ya están siendo comprobadas.
El lunes (14), el Pacto Histórico señaló que había 29.425 mesas electorales, de un total de 112.000 en los que no se registró ni un solo voto en el acta de esta coalición opositora. Sería completamente absurdo que el 25% de las encuestas no arrojaran un solo voto o que, hipotéticamente, nadie votara por ellos. Algo sin explicación alguna, más teniendo en cuenta el fenómeno popular en que se está convirtiendo la candidatura de Gustavo Petro (con 4.487.551 votos en la consulta interna) y que su organización ha elegido a la mayoría de los senadores.
Así mismo, existen 801 mesas electorales en los consulados y embajadas de Colombia que no están debidamente registradas en el sistema electoral (lo que no permitiría formas de control ciudadano), pero la votación en estos lugares fue registrada y contabilizada. Un dato preocupante, considerando que el electorado en el extranjero supera las 900 mil personas. También hay 1.079 mesas más que tuvieron un registro irregular, ya que en la madrugada de este lunes aún no habían sido informadas.
Además de estas situaciones, en 23.072 mesas electorales hubo un doble cómputo de votos en los partidos políticos tradicionales. Esto se debe a que en las elecciones legislativas colombianas, los partidos podían inscribirse en listas abiertas o cerradas. Cuando hay lista cerrada se vota en el logotipo, como ocurrió con en el Pacto Histórico, y cuando está abierta se vota al candidato y no al logotipo del partido. En este caso lo que pasó es que hay actas de escrutinio de mesas electorales donde se contaban los votos por candidato y también por el logotipo partidario de ese candidato. Entonces terminaron sumando dos votos y no uno, lo cual fue una forma de fraude.
Hasta el jueves pasado (17) se pudieron recuperar más de 486 mil votos del Pacto Histórico, que no habían sido contabilizados. Del mismo modo, llevaron a cabo el mismo fraude contra otros dos movimientos de izquierda y progresistas: el partido Fuerza Ciudadana, que contó con una votación que podría significar cuatro senadores; solo se registraron 439.596 votos para este partido, cuando necesitaría 540.000 sufragios para superar el umbral electoral; y Comunes (ex FARC) -convertido en partido a partir de septiembre de 2017-, que obtuvo solo 31.116 votos (0,19%) registrados, de los que parece que se les retiraron más de 120.000 votos.
Frente a estos hechos, destaco dos cuestiones: la primera en relación con las elecciones legislativas. El Pacto Histórico con Gustavo Petro podría aumentar su bancada, de 16 a 20 o 21 senadores y de 25 diputados en la Cámara Baja a por lo menos 30. Esto se debe a que en la consulta interna de las elecciones presidenciales obtuvo 5.791.186 votos y en la lista legislativa fue de 2.302.847, un registro oficial de 3.488.939 votos menos. Votos que pueden estar en el fraude y que, ahora con las denuncias, se pueden recuperar.
La segunda trata sobre el sistema político colombiano. Se considera que el país fue redemocratizado en 1958, luego de un período muy sangriento para el pueblo. Esta supuesta redemocratización se conoció como Frente Nacional, que dividió el poder político de los tres poderes -y los cargos de la estructura administrativa del Estado- entre los partidos Liberal y Conservador. Esto duró hasta 1991, cuando se hizo una nueva constitución política. Pero, de hecho, muchas de estas condiciones de exclusión de los partidos de izquierda, progresistas y alternativos se mantienen hasta el día de hoy. Porque se institucionalizó el clientelismo de los partidos Liberal y Conservador, pero también de los partidos que se desprendieron de ellos tras la Constitución de 1991.
Porque luego de superado el estado de sitio, que fue casi permanente desde 1958 hasta 1990, se instauró un clientelismo armado con estructuras paramilitares mercenarias ejerciendo su proyecto de control de los sectores subalternos para las clases dominantes. De manera sistemática y permanente fueron asesinados líderes sociales y los principales líderes de la izquierda colombiana, hasta llegar al exterminio del partido Unión Patriótica (UP) en las décadas de 1980 y 1990 y del partido Comunes. Ahora están amenazados los principales nombres del Pacto Histórico, incluido el propio Gustavo Petro.
Por lo que considero, Colombia no tiene las cualidades necesarias para ser considerada una democracia. Es un régimen electoral genocida. Lo que está en juego en estas elecciones, en las legislativas, pero principalmente en las presidenciales, es la continuación de la guerra o la construcción de la paz total, que incluye a las demás guerrillas de izquierda y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares mercenarias. La posibilidad de construcción democrática o mantenimiento de este régimen de control y represión permanente.

P: ¿De qué forma la candidatura de Petro ha logrado decir no a los retrocesos y unir un amplio frente de partidos y movimientos por los cambios?

M: La construcción del Pacto Histórico es un ejercicio muy interesante. Pocas veces en la historia de Colombia existen procesos tan amplios de unidad de sectores alternativos, de izquierda, progresistas, de movimientos sociales y populares, de comunidades indígenas y afrodescendientes como los que se están costurando y construyendo.
Un elemento importante para generar esta unidad es que en las elecciones presidenciales de 2018, Petro se convirtió en un candidato con posibilidades reales de enfrentar a los partidos de la clase dominante. Principalmente para enfrentar a la burguesía emergente, aliada con importantes sectores de terratenientes y los mafiosos-narcotraficantes, que se conjuga en el partido Centro Democrático, cuya principal figura es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, en la figura de Petro se han ido sumando muchas luchas y rebeldías que han resistido al terrorismo de Estado y a las imposiciones económicas y sociales del capitalismo neoliberal. Petro se convirtió en un fenómeno popular y creció electoralmente, al punto que aún hoy se cuestiona cómo perdió esa segunda vuelta. Porque hubo muchas situaciones de fraude, pruebas de manipulación del software del sistema electoral y el financiamiento de la campaña de Iván Duque con dinero del narcotráfico.
Pero hay otros elementos que permitieron la construcción del Pacto Histórico. Se combinaron muchas luchas y rebeliones. La sociedad colombiana ya no soporta las políticas a las que nos ha sometido la clase dominante. Sobre todo en los últimos 20 años, con políticas de represión, miedo, control, terrorismo de Estado, un estado de guerra total con una polarización extremadamente autoritaria que trata de dividir a la sociedad entre amigos y enemigos, como en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Queremos una Colombia soberana y en paz, que tenga sus campos produciendo y que deje de ser uno de los tres países sumidos en la hambruna de América Latina. Eso es lo que convoca la figura de Petro.
Otro elemento es que el proceso de paz entre las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y el Estado de Colombia abrió espacios de construcción democrática, para que el movimiento social y popular se oxigene y emerja, con un mínimo de garantías para los sectores de izquierda. Necesitamos discutir si el proceso de paz en su etapa de implementación está siendo traicionado o no… Pero no se puede negar que el proceso de paz y el Acuerdo de Paz han introducido cambios en el escenario político-cultural.
Un ejemplo es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, que permitió por primera vez que la sociedad colombiana se mirara en un espejo que muestra aspectos de los orígenes y actores del conflicto armado, los diferentes intereses, los sectores de la burguesía beneficiados, así como los verdaderos victimarios de las acciones violentas y del terrorismo de Estado. Hay cambios político-culturales más detectados en la juventud y en las grandes ciudades donde hay menos presión del conflicto armado y el control de las estructuras paramilitares mercenarias.
Otro elemento que encuentro es que hay madurez en la izquierda, en los sectores progresistas y alternativos. Hay un ejercicio muy interesante en la construcción de la unidad. Para las elecciones legislativas se elaboró una lista cerrada de candidatos al Senado y a la Cámara Baja. Esta lista consideró aspectos como la equidad de género; se incluyeron sectores étnicos, indígenas y afrodescendientes; y también líderes populares, ambientalistas, medios alternativos, procesos juveniles, entre otros. Es un ejercicio que se va construyendo en la caminada, aprendiendo de la experiencia, tomando conciencia y corrigiendo eventuales errores. El Pacto Histórico es un proceso que puede cambiar a Colombia.

P: ¿Cuáles son los puntos principales del programa que defiende el Pacto Histórico?

M: Un gobierno del Pacto Histórico con Gustavo Petro a la cabeza sería una situación inédita en los 200 años de nuestra historia política. Quizás el único momento comparable sea la Revolución de los Artesanos, en 1854, con José María Melo en la presidencia. Melo fue un militar indígena, admirador de Simón Bolívar y quien, apoyado por sectores y gremios de artesanos democráticos, socialistas y comunistas, tomó el poder buscando establecer un gobierno popular para continuar con los ideales de Bolívar. Pero este intento duró meses, de abril a diciembre de 1854, cuando el partido Liberal, junto con los Conservadores y el apoyo de Estados Unidos, sitiaron Bogotá y depusieron al gobierno a sangre y fuego.
Las propuestas de Gustavo Petro tienen un carácter más nacionalista, de proteccionismo económico, representan una línea progresista. No se habla de cambios estructurales, pero para un país como Colombia, que siempre ha estado en contracorriente de América Latina, son muy significativos.
El capitalismo en Colombia ha sido muy agresivo. Las recetas neoliberales se impusieron desde la década de 1990 y se consolidaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el Plan Colombia. A partir de entonces, cualquier tipo de oposición era considerada terrorista y todo se justificaba con el conflicto armado. Esto significó el desmantelamiento de todas las políticas y derechos laborales y la persecución al movimiento sindical. No es casualidad que se diga jocosamente que “en Colombia es más fácil formar una guerrilla que organizar un sindicato”.
El sistema educativo colombiano es muy cercano al sistema educativo chileno. En Colombia, los que pueden estudiar no pueden encontrar trabajo o abandonan el país. Se considera que hay un exilio académico generado por el Estado y hay una enorme fuga de cerebros. Tenemos grandes contingentes de jóvenes que no pueden estudiar o hacen cursos técnicos para trabajar en industrias. Pero hay un proceso de desindustrialización. La mayoría de la población trabaja, o más bien sobrevive, en la economía informal. Pero el gobierno utiliza un método de análisis que disfraza las tasas de desempleo.
Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), grandes proporciones del territorio colombiano fueron entregadas, sin consulta alguna a las comunidades, para el extractivismo y la minería. Con el conflicto armado se llevó a cabo una contrarreforma agraria. Hay grandes latifundios improductivos y a la vez nuestro país importa alimentos. Hechos que explican por qué nuestro país se encuentra entre los 20 países con hambre extrema en el mundo, según la FAO (Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
El programa de gobierno del Pacto Histórico con Petro propone rescatar la soberanía colombiana. Dentro de esta soberanía está la alimentar, hacer del campo productivo y la diversificación económica. Para ello, basta superar la dependencia económica de EEUU, revitalizar las instituciones del Estado para poder establecer políticas públicas en educación, salud y rescatar el sistema de pensiones. Últimamente se habla de crear un sistema de transporte para abastecer a todo el país de manera más equitativa y a un menor costo para las regiones, con una red de trenes de carga. También hay una agenda ambiental para no dejar los territorios donde hay recursos naturales a merced de las multinacionales.
Un gobierno así implementaría el Acuerdo de Paz, porque este acuerdo define muchos puntos neuralgicos de la situación económica, política y social de Colombia. Podría retomar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que fue roto unilateralmente por el gobierno de Iván Duque. Así mismo, podría desmantelar estructuras mercenarias paramilitares.

P: ¿Cómo han retratado los principales medios de comunicación este momento político?

M: Los grandes medios de comunicación cumplen la función de cuarto poder en nuestro país. Esto quedó más claramente definido en el Plan Colombia, que buscó generar una matriz de opinión para mostrar un solo lado del conflicto armado, principalmente contra las FARC-EP. La situación llega al punto de atribuirles acciones que fueron realizadas por los mercenarios paramilitares y generar temor en la población, con el fin de justificar las medidas autoritarias de los gobiernos.
Además, los principales medios de comunicación y editoriales pertenecen a familias de la oligarquía colombiana. Puedo citar el diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos, que ha tenido varios presidentes y siempre ha ocupado los principales puestos de la política colombiana. Más recientemente, el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez fue Francisco Santos, y luego el presidente fue Juan Manuel Santos.
En el contexto actual, los medios colombianos siguen el coro del oficialismo, del Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez, para generar un ambiente de miedo contra Gustavo Petro. Intentan revivir el fantasma de las FARC-EP como “enemigo” y sobrevaloran negativamente a Venezuela, todo para decir que si Petro gana las elecciones “convertiría a Colombia en una Venezuela”.
Los medios de comunicación están generando una polarización entre “amigo-enemigo”, “bien y mal”. En esta falsa dicotomía, Gustavo Petro representa todos los valores contrarios a la “buena moral, la libertad y el orden”. En tanto, Federico Gutiérrez, en torno a quien se unirán los sectores de derecha, tiene como lema: “libertad y democracia”, diciendo que representan lo contrario de Petro.

P: Seremos parte de una delegación de periodistas solidarios con Colombia, que acompañará el proceso electoral. En su opinión, ¿cuál es el significado de la iniciativa?

M: Considero que esta es una iniciativa muy importante de solidaridad con el pueblo colombiano. Hay una necesidad de dar a conocer lo que realmente está pasando en el país. Como decía, vivimos un momento histórico, pero aún no está definido. La derecha se prepara para no dejarlo pasar a favor de las grandes mayorías de la sociedad.
Hay un ambiente muy polarizado y se polarizará más. Hay mucha violencia, más intensamente en las zonas rurales. Los principales líderes del Pacto Histórico están amenazados de muerte. Hay muchas posibilidades de fraude, además del clientelismo armado. No hay garantías electorales plenas. En este marco, gana peso el papel de los medios alternativos internacionales, capaces no sólo de ayudar en las denuncias, sino también de tener un mínimo de garantías en las elecciones.
Esta delegación solidaria de periodistas con Colombia será de gran ayuda y puede jugar un papel muy significativo. Estoy muy contento de saber eso. Es una solidaridad sumamente necesaria en este momento histórico.

P: ¿Cuál es el significado del Plan Colombia?

M: Solo en el gobierno de Uribe, el Plan Colombia significó la desaparición de más de 38.000 opositores. De hecho, la “democracia colombiana” tiene más  desaparecidos que todas las dictaduras del Cono Sur, con más de 100.000.
En el mismo período, la gran mayoría de los movimientos sociales fueron desmantelados; muchos sindicalistas fueron asesinados, el sindicalismo de clase casi se perdió y estas organizaciones fueron cooptadas por la derecha.
El campo colombiano vivió una contrarreforma agraria. ¡Colombia hasta 2015, cuando las FARC-EP hicieron un alto el fuego, tenía la mayor población de refugiados internos del mundo, más que la República Árabe Siria!
Las estructuras mercenarias paramilitares, con la excusa de combatir a la guerrilla, desplazaron forzosamente a campesinos de regiones enteras. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2015 se estimó que en Colombia había 6.939.067 personas desplazadas forzadamente, la gran mayoría de las cuales eran campesinos y por la acción de los paramilitares.
Además, muchas personas se refugiaron en otros países. Venezuela puede tener más de cuatro millones de refugiados colombianos, pero el Estado de Colombia no reconoce la dinámica del refugio y el exilio. Solo en Brasil hay más de 20 mil refugiados colombianos, sin contar países como Canadá, Argentina, Ecuador o el continente europeo.

P: Sabemos que hay bases militares estadounidenses en su país, así como asesores israelíes. ¿Tienes información sobre esto?

M: Esta es una de las partes más complejas de todo lo que he dicho. La injerencia de Estados Unidos en Colombia está presente desde hace mucho tiempo. Anteriormente hablé sobre la Revolución Artesana y cómo las oligarquías colombianas recuperaron el poder con la ayuda de los EE. UU. en 1854. Por lo tanto, hace mucho tiempo los estadounidenses han estado influyendo y determinando muchos puntos de la política colombiana.
Se dice que Colombia fue uno de los pocos países del continente que no tuvo una dictadura en la década de 1970, pero lo que no se percibe es que como aliada estratégico de Estados Unidos, incorporó la Doctrina de Seguridad Nacional desde la década de 1950. A partir de ahí se definieron papeles para la oligarquía, los partidos y los sectores castrenses. Así se desarrolló un régimen electoral genocida.
Ahora, mirando más recientemente, con el Plan Colombia, la sociedad está militarizada y el país ha actualizado la Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas y el gobierno estadounidense declara una “guerra contra el mal”, el USA Patriot Act reedita la doctrina como lucha contra el “terror”. El gobierno de Uribe Vélez hace suya el USA Patriot Act.
Poco después, Uribe propone establecer siete bases militares estadounidenses para contener las “amenazas” existentes en el continente. Es un escándalo que llevó a todos los países de la región a protestar. Sin embargo, con el Plan Colombia y la Iniciativa Andina, que le antecedió, Estados Unidos tuvo el control de nuestro espacio aéreo. Pusieron radares en la Amazonía colombiana mirando al sur, donde está Brasil y la frontera con Perú y del otro lado Venezuela; colocaron un radar más al norte cerca de Venezuela y otro radar importante en la isla de San Andrés en el centro del Caribe.
En cuanto a las bases, fue un escándalo. Lo que provocó el rechazo de la propuesta. El máximo tribunal de justicia de Colombia dictaminó que esto era ilegal por violar la soberanía. Posteriormente, se hizo de una forma más disimulada, para no generar escándalo. Se hicieron “acuerdos de cooperación” permitiendo toda una serie de asesores, equipos técnicos militares, fuerzas de entrenamiento conjunto, entre otros nombres, como una forma de ocultar la presencia militar estadounidense.
Entonces, no hay forma de hablar de un número determinado de tropas estadounidenses en Colombia o de cuántas bases militares controlan o dirigen. El profesor Renán Vega Cantor, quien posiblemente sea quien más ha investigado sobre el tema, considera que en Colombia hay entre 40 y 50 bases militares bajo el control de las fuerzas estadounidenses.
Es necesario recordar que desde Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, se libra una guerra de baja intensidad contra la República Bolivariana de Venezuela. Bajo el gobierno de Duque, varias comandos élites del Ejército estadounidense llegaron para “combatir el narcotráfico” en la frontera venezolana. Hace unos días, Colombia fue considerada por EE.UU. como el principal socio estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A principios de marzo, en aguas del Caribe, se realizaron ejercicios militares entre las dos fuerzas navales con la participación del buque de guerra estadounidense Billings y el submarino nuclear USA Minnesota especializado en persecución y ataque.
Con un gobierno del Pacto Histórico encabezado por Petro, será necesario revisar estos acuerdos de cooperación militar, para recuperar nuestra soberanía y dejar de ser la punta de lanza del imperio en el continente. Es necesario construir el mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de hacer del nuestro un continente de paz. Una nueva correlación de fuerzas con el futuro gobierno de Lula en Brasil, Chile con Boric, Argentina con Fernández, México con López Obrador, Bolivia con Arce, Venezuela con Maduro, Perú con Castillo y Colombia con Petro ayudará en esta dirección y permitirá retomar del proyecto de integración de los pueblos de nuestro continente.                                                                                                                                                    

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Traducción al español: Felipe Bianchi