El gobierno argentino está en la etapa final de una negociación con el FMI para renovar el crédito asumido por el gobierno Macri en 2018. Se trata de una operación que tuvo problemas de legalidad y legitimidad en origen, tanto desde el acreedor como del deudor. El FMI incumplió con sus normas estatutarias, sea por el monto otorgado, superior a la cuota asignada en función al capital de la Argentina; como por la imposibilidad de realizar desembolsos ante la evidente fuga de capitales, facilitada por las autoridades y verificable en la cuenta de reservas internacionales del Banco Central. Por el lado argentino no se cumplió con el mandato constitucional que remite al Congreso Nacional para resolver lo atinente al endeudamiento, además del destino principal asociado al enriquecimiento de un núcleo concentrado de poder local y global.
Por esas y otras razones, más que negociar, el contrato de préstamo con el FMI debió ser impugnado y denunciado en diciembre del 2019. Era la ocasión para calificar a la operación como una “deuda odiosa”, sustentada en la doctrina formulada por el jurista ruso Alexander Nahum Sack[1]. La doctrina sostiene como odiosa a una deuda contraída sin satisfacer necesidades del pueblo o de la nación, en donde, además, acreedor y deudor eran conscientes de la imposibilidad del pago. Existen casos en la historia contemporánea de aplicación de esa doctrina, entre otros, por el propio EEUU, recientemente en 2003 en Irak, luego de la invasión. Aún estamos a tiempo de impedir el intento de legitimación de la estafa.
En contrario a esa postura de rechazo se optó por la renegociación de la deuda, primero con los acreedores privados, en su mayoría grandes fondos de inversión, y luego con el FMI, gran acreedor de la deuda pública. Ese camino viene concentrando el trabajo del ministro Martín Guzmán desde el inicio de la gestión. Es su especialidad, desarrollada con anterioridad en el ámbito académico en la Universidad de Columbia, EEUU, con un tutor de peso como Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001 y ex funcionario del Banco Mundial. La fundamentación del rumbo está en la necesidad de atraer inversiones externas, en la convicción que ese es el punto de partida para la recuperación económica, que en buen romance replica la lógica de funcionamiento del capitalismo basada en la valorización de los capitales.
La estrategia oficial incluyó junto a la negociación, la cancelación parcial según se presentaban los vencimientos. El ministro informó que se cancelaron más de 7.000 millones de dólares de deuda en este tiempo de idas y vueltas con el FMI. Esos recursos se debieron aplicar al proceso de reconstrucción económica en beneficio de los sectores más perjudicados y a contramano del ajuste sobre jubilaciones, salarios e ingresos populares acontecido en estos tiempos de recesión, agravados por la pandemia. Son recursos que el gobierno pretende recuperar en el marco de la negociación actual. La buena letra ante el acreedor privilegiado constituye una señal de confianza a inversores internacionales para reproducir una dinámica de acumulación capitalista en el mercado local, proceso no verificado en la práctica.
La fuga fue el destino de los dólares del FMI
Aún en el marco de la estrategia de negociación, el BCRA emitió un informe a mayo del 2020[2], en donde se destaca que sobre 100.000 millones de dólares ingresados durante la gestión 2015-19, unos 86.000 millones de dólares se fugaron. Entre ellos se destaca que 100 personas realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares, y que los 10 principales explican 7.945 millones de dólares. Solo resta que se difundan los nombres de esos beneficiarios de las operaciones de deuda asociada a la fuga de capitales. Sobre esta base se iniciaron acciones penales que no parecen encaminarse a una condena con determinación de responsables, públicos y privados, como de beneficiarios. En rigor, existe corresponsabilidad de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Por estas razones, desde el inicio del gobierno se conformó la campaña popular por la “Auto convocatoria de suspensión de los pagos y auditoria de la deuda”, a contra marcha de la lógica de negociar pagando. Desde esa iniciativa y otras se construyó una dinámica de movilización en repudio y rechazo a la convalidación de la estafa mediante el nuevo acuerdo que se apresta el país a suscribir, esta vez con acuerdo del Congreso. Es un movimiento que crece en amplitud y abarca a la izquierda parlamentaria y más allá, incluso sectores políticos que conforman la base de sustento del oficialismo. Se trata de un arco político diverso que un no actúa unitariamente.
La aprobación del acuerdo con el FMI intenta legitimar la estafa de la fuga de capitales, expresada en cancelaciones de deuda dudosa y odiosa, remesas de utilidades al exterior y constitución de activos extranjeros (acciones y títulos, propiedades, depósitos, compra de divisas, etc.).
Por eso, más allá del discurso crítico, la oposición de la coalición cambiemos se apresta a facilitar la posibilidad del acuerdo. Desde el oficialismo, se intenta el mayor apoyo, incluso de aquellos que viene manifestando su crítica a la operación del 2018 y las formas de negoción en curso. La ultraderecha presiona por más ajuste y reaccionarias reformas, rechazando por blando el acuerdo e intenta hacer pagar el costo político del acuerdo a las dos coaliciones mayoritarias. Lo hace desde una crítica que demanda más ajuste. La izquierda, consecuente con la posición histórica votará negativamente.
No solo no se construyó desde el oficialismo la estrategia de rechazo al FMI y al endeudamiento, sino que al mismo tiempo se evitó la construcción de un sujeto político popular que otorgue consenso a una política de confrontación con el poder económico mundial, expresado en esta ocasión por el FMI. Hay quienes señalan que no existe voluntad masiva para la confrontación, lo que responde a la no construcción de una subjetividad consciente y movilizada en ese sentido. Existe una dialéctica entre la voluntad popular y el proyecto político de transformación, que interactúan entre si de una manera dinámica, por lo que, al negar el sujeto crítico, se omite la voluntad de construirlo. Es una conclusión válida, también, para construir una subjetividad y alianzas en la región y en el mundo favorable a la posición de rechazo desde la Argentina, algo que en tiempo de incertezas globales puede ser realizado, más aún desde la reactivación de la CELAC y la presidencia pro tempore de la Argentina.
Al no confrontar ni ganar consensos mayoritarios se legitima la “fuga” y el fuerte condicionante de la deuda sobre la política económica en curso, parte del proyecto de subordinación del país a la lógica especulativa de inserción dependiente de la economía local.
Inserción subordinada en la liberalización financiera
Esa lógica especulativa y de liberalización financiera viene con la historia y especialmente de la dictadura genocida. Recordemos que aun rige la Ley 21.526, de entidades financieras, aprobada desde 1977 y que Martínez de Hoz, emblemático funcionario de aquel tiempo, definiera como el instrumento más revolucionario de su gestión.
La ley de entidades financieras fue el mecanismo para favorecer el libre movimiento internacional de capitales, ingresos y salidas, al tiempo que se procesaba la concentración del capital bancario y su extranjerización, con privatizaciones de parte importante de la banca pública de municipios y provincias, e incluso un duro ataque al cooperativismo de crédito, ampliamente extendido antes del gobierno del terrorismo de estado. La profecía del líder de la cúpula empresarial de entonces se hizo realidad, pasar de 800 entidades a 50, concentrando y extranjerizando el sistema bancario y financiero.
Es un logro en menos de cinco décadas para consolidar la extranjerización y liberalización del sistema financiero local, vehículo de la inserción subordinada de la Argentina en tiempos de valorización financiera del capitalismo mundial. La lógica de la libre circulación global del capital se facilitó con la nueva legislación y política financiera definida en tiempos de la dictadura y solo matizada en ciertos momentos de los tiempos constitucionales. Resulta interesante verificar que en casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales y habiendo mayorías legislativas, nunca se haya promovido la modificación de la legislación financiera nacional.
La “lógica” aludida es la que permitió en varios periodos la consecución de las maniobras de ingresos de capitales especulativos que se valorizaron por operaciones en moneda nacional con reversión a la moneda de origen, haciendo cuantiosas diferencias sin beneficio para la producción y la economía local. Son maniobras especulativas que se mantienen como una práctica de apropiación y fuga del excedente económico generado socialmente en el país. Es la contribución a la profundización de la dependencia y a una funcionalidad a la acumulación mundial de capitales.
El 2021 nos trae ejemplos al respecto, considerando un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares, de los cuales, menos de 1.000 millones fueron incorporados como reservas internacionales líquidas. El asunto es que el capital privado utilizó los distintos mecanismos aceitados en el sector financiero para propiciar la fuga, favorecidos con las compras de esas divisas en el mercado oficial de cambios, entre otras cuestiones, para cancelar préstamos externos, en muchos casos contabilizados con las propias casas matrices, sospechados de auto préstamos o formas ocultas de remisión de utilidades al exterior.
La diferencia a favor, registrada en los balances de las transnacionales, conjugan las operaciones comerciales y financieras, a costa de mejoras en la distribución del ingreso y la riqueza.
Así, la extranjerización de la banca y su funcionalidad a la transnacionalización del capital impone el debate más allá del endeudamiento, en la necesidad de discutir el orden financiero y con ello, la nacionalización del mismo para socializar los usos financieros de los dineros bancarizados en el país.
En los cambios estructurales ocurridos desde 1975/76 hay que encontrar los antecedentes de las reaccionarias transformaciones socioeconómicas producidas en la Argentina y sus efectos en el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y social, como parte de un deterioro recurrente de las condiciones de vida de la mayoría social empobrecida. La deuda y la ley de entidades financieras son parte de ese legado de profundización de la explotación y el saqueo. No es una cuestión natural del desarrollo histórico, sino un horizonte planificado y ejecutado desde el terrorismo de Estado.
No hay cambios sustanciales en la política del FMI
Uno de los argumentos que se esgrimen para apurar el acuerdo remite a una nueva política del FMI respecto de su cultura histórica asentada en las sugerencias de ajustes y reformas estructurales. Se dice que en esta ocasión no se imponen esas medidas tradicionales.
Sin embargo, según los anuncios oficiales, el eje del “entendimiento” pasa por la disminución del déficit fiscal, más por la disminución del gasto que por la mejora y ampliación de la recaudación. De hecho, se continua con la política de ajuste de estos años previos, especialmente en ingresos de jubilados/as y estatales, tanto como en las partidas que definen derechos sociales en educación o salud, entre otros. También se apunta a la restricción de la emisión y a la eliminación de subsidios, los que se traducirán en aumentos de tarifas.
Es cierto que no aparecen explícitamente menciones a regresivas reformas laborales o previsionales, pero éstas son cotidianas en las prácticas de retroceso en derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos, sustentados en la impunidad empresarial de la irregularidad en el empleo, lo que afecta el acumulado de los fondos previsionales.
Pese a la mención de “no ajuste”, principales funcionarios del FMI escriben en simultáneo a los anuncios en Argentina: que “Los gobiernos tendrán que combinar la lucha contra la inflación con políticas estructurales que reactiven el crecimiento.”[3] Remiten a la región en su conjunto, pero desnudan la esencia de un discurso histórico de una institución constituida como brazo ejecutor del sistema mundial emergente al final de la segunda guerra mundial.
No hay razones para pensar en cambios en el FMI, más aún cuando la potencia hegemónica despliega múltiples iniciativas para sostener su papel de liderazgo en la economía mundial, con sanciones unilaterales con pretensión de disciplinar toda política nacional de autonomía.
Lo que si puede pensarse es que el FMI es consciente de la imposibilidad del pago de la deuda y, por ende, la estrategia define la permanencia regular como auditor de las cuentas públicas, ratificada con las auditorias trimestrales que se definen en el acuerdo en negociación. De ese modo, cada tres meses, será el FMI quien definirá si el país ingresa en zona de demoras en los pagos y por ende en default, mientras apura los cambios concretos en el sentido del ajuste y las reformas estructurales.
El retorno del FMI al control y diseño de la política económica del país es el logro más importante de la dominación local y global, facilitado por las negociaciones en curso.
Un interrogante que se plantea en estas horas es si se podría actuar de otra manera. Muy en concreto, si el país podría “patear el tablero” de las finanzas y la economía mundial desconociendo el acuerdo con el FMI del 2018.
Resulta un debate interesante, local y global. Desde la Argentina, existe el antecedente del 2001, con una cesación de pagos que no incluyó a los organismos internacionales, pero de gran magnitud, y que no tuvo consecuencias catastróficas para el funcionamiento económico en el país y en el mundo. Es más, aquella cesación implicó la recuperación económica, entre otros aspectos, operada desde el 2002 en adelante, e incluso, ante el cierre del mercado internacional de préstamos, un menor impacto relativo de la crisis 2007/09, por lo menos en materia de endeudamiento.
En lo global, debe pensarse el debate en la primera década del siglo XXI relativo a la necesidad de una “nueva arquitectura financiera”, con un conjunto de instituciones regionales que trascendían lo estrictamente financiero y se inscribían en una lógica de modificación del modelo productivo y de desarrollo. Remito a las propuestas de un Banco del Sur, un Fondo Financiero regional, e incluso la propuesta de intercambios comerciales liquidados en moneas locales, caso del SUCRE.
Estamos aún a tiempo de frenar la estafa, lo que demanda crecer en voluntades políticas masivas y conscientes en el rechazo al acuerdo con el FMI y gestar las condiciones de posibilidad para organizar otro rumbo en materia de organización económica de la sociedad.
[1] Eric Toussaint. La deuda odiosa según Alexander Sack y según el CADTM, en: http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander
[2] BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019, en: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-d...
[3] “La vigorosa recuperación de América Latina está perdiendo ímpetu y las necesidades de reforma se hacen evidentes” Por: Ilan Goldfajn, Anna Ivanova y Jorge Roldós; en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/01/31/blog-latin-america-stron...
