En los últimos treinta años, el gobierno y la élite de poder político colombianos han impuesto una serie de reformas de toda índole, que han obligado a millones de ciudadanos a vivir en condiciones indignas de pobreza y exclusión de los derechos básicos que cualquier ser humano requiere. Hoy, el pueblo colombiano está movilizado en busca mejores condiciones de vida y de trabajo
Por ejemplo, el sistema de salud se privatizó con la Ley 100 de 1993, pero ello no significa que desde 1993 el gobierno haya abierto el mercado para que los empresarios hagan multimillonarias inversiones en infraestructura y adecuación logística y tecnológica para estructurar el nuevo sistema.
Lo que sucedió es que a través de dicha Ley el Gobierno les entregó a los megaempresarios del sistema financiero colombiano “la gallina de los huevos de oro”, para que ellos, sin mayor esfuerzo crearan lo que hoy se conoce como Empresas Promotoras de Salud (EPS), y toda la infraestructura.
Es decir que gran parte de las clínicas y hospitales públicos los privatizó o vendió casi que masivamente a muy bajo precio para fortalecer este corrupto sistema con un sólida red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Es claro entonces, que el gran trabajo de las EPS (de propiedad de los banqueros) es recaudar y hacer negocios con el dinero producto de los aportes para salud (el 12% del salario recibido) que, mes tras mes están obligados a hacer todos los trabajadores y empleadores.
Dicho de otra manera, les entregó a los banqueros los recursos públicos para que, con el Derecho a la Salud hagan el más jugoso negocio, sin que los banqueros hayan hecho ninguna inversión significativa, al tiempo que la precarización de todos los servicios de salud han sometido incluso a la muerte a cientos de miles de colombianos.
Si se revisa el sector de la educación, se puede establecer que, aunque en los últimos cuatro años el gobierno ha aumentado la asignación del presupuesto general de la nación para este rubro, desde 1992 han privatizado el 78% de la educación superior, así como el 64% de la educación básica y media.
Asimismo, la mayor proporción del incremento presupuestal se le ha entregado a las instituciones educativas del sector privado para que administre y financie el programa “ser pilo paga”, que no es más que un programa de asignación de becas dirigido a algunos de los estudiantes de bajos recursos que se destacan por su rendimiento académico, para que adelanten estudios técnicos y de educación superior en instituciones privadas.
Se debe resaltar que la educación pública se ha deteriorado dramáticamente para los niños, niñas y adolescentes de los sectores más pobres de la población colombiana que, en una gran mayoría actualmente no tienen acceso a ella. Simultáneamente, los padres o cientos de miles de estudiantes, sin haber tenido empleo, han inflado la burbuja de endeudamiento por créditos educativos
Lo mismo sucedió con los otros derechos de la población, como son el derecho a una vivienda y el derecho al trabajo en condiciones dignas, porque con la Ley 50 de 1990 impuso la peor reforma de flexibilización laboral de toda la historia republicana: acabó con la estabilidad en los puestos de trabajo, permitió la temporalidaden la contratación laboral, se robó la retroactividad de las cesantías, permitió la creación de empresas de tercerización laboral, acabó el pago de dominicales y festivos, redujo el pago de horas extras o trabajo suplementario.
Y lo peor es que desde 1990 el gobierno, a través del Congreso ha creado varias leyes que imponen más reformas laborales para darle todas las gabelas a los empresarios y precarizan muchísimo más cada día las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, al punto que hoy, según datos oficiales, el autoempleo supera el 60% y el desempleo el 18%.
Esta situación le impide aspirar a un buen empleo a cualquier persona joven, aunque tenga excelente formación académica y toda la capacidad laboral a disposición de los empresarios.
Radiografía idéntica se da con en el sistema general de pensiones, ya que desde 1993 dejó de ser un sistema público que beneficie con la jubilación a aquellos que han trabajado toda una vida para lograr el crecimiento y el desarrollo del país;.
El gobierno de turno, con esa misma Ley 100 de 1993 entregó a los banqueros más ricos de Colombia el “negocio de las cesantías y pensiones”, para que ellos sin ser los dueños del dinero y sin haber hecho mayores inversiones, simplemente abriendo oficinas administradoras de pensiones y cesantías, recauden los aportes que hacen trabajadores y empleadores.
Además, puso una cantidad de condiciones traumáticas que hoy le impiden recibir su pensión a la gran mayoría de colombianos cuando cumplen la edad para ello, porque aumentó la edad para que cualquier trabajador reciba su pensión, aumentaron las semanas de cotización, disminuyó el monto de las pensiones que reciben los colombianos y acabó con los regímenes de pensiones que los sindicatos habían logrado a través de la negociación colectiva, entre otras coas.
Como si todo lo descrito fuese poco, los trabajadores están obligados a pagarles a los banqueros por la administración de sus pensiones, al tiempo que esos banqueros hacen multimillonarios y corruptos negocios privados y en el mercado de capitales, incluso generando deuda pública y otros negocios de especulación financiera y capital ficticio, los que, dependiendo de la volatilidad financiera y el comportamiento de los mercados, constantemente exponen a los trabajadores al riesgo de pérdida parcial de sus aportes.
Gracias a todas las gabelas que ese perverso sistema les otorgó a los dueños de los Fondos de Pensiones y Cesantías, actualmente las AFP tienen en su poder y administran 83.000 millones de dólares de los trabajadores colombianos (cifra cercana al monto total del presupuesto general de la república para el presente año 2021, que es de 313,9 billones, de pesos, equivalentes a unos 84.500 millones de dólares)
Del mismo modo hay que destacar que el endeudamiento externo de Colombia, desde la crisis petrolera de los años 1970, a pesar del puntual pago del servicio y el capital, se ha duplicado cada 10 años; siendo sumamente grave que ese mismo comportamiento sucedió en los últimos cuatro años.
En diciembre de 2016 el saldo de la deuda era de 78.642 millones de dólares, mientras que en enero de 2021 ascendió a 156.834 millones de dólares, copando el 58% del PIB, por lo que el Gobierno colombiano destina el 38% del Presupuesto General de la Nación para el cumplirle a los acreedores financieros internacionales
Sin adentrarse a analizar las costosísimas consecuencias de la pandemia de la Covid 19; ni las características de la corrupción que anualmente desangra las finanzas públicas en más de 15.000 millones de dólares, es evidente la crítica situación fiscal de Colombia, razón por la cual, , el gobierno impuso en menos de 18 meses dos nefastas reformas tributarias.
Ydesde el segundo semestre de 2020 radicó un cúmulo de proyectos de Ley para que el Congreso de la República apruebe en la presente legislatura otra reforma tributaria, una reforma al sistema de salud y una reforma al sistema general de pensiones, entre otras que configuran un inhumano ajuste estructural que deja a los colombianos sin ninguna posibilidad de bienestar en el corto plazo.
Desde el Comando Nacional de Paro, conformado por el movimiento estudiantil, organizaciones del sector de la salud, lo sindicatos, las centrales obreras y otras organizaciones sociales y académicas, que analizaron y socializaron las nefastas consecuencias del pretendido ajuste gubernamental, se convocó a un gran paro nacional que empezó el 28 de abril y se ha extendido por dos semanas, en el cual han participado millones de ciudadanos en todas las ciudades y pueblos del país.
Lo que empezó como un paralización de acividades de un día se configuró en el más grande paro de la producción y los servicios que se haya realizado en Colombia desde 1977, con la característica que han sido los jóvenes quienes han liderado las multitudinarias marchas y manifestaciones pacíficas, con expresiones musicales, culturales y lúdicas que han enriquecido y fortalecido el movimiento en todo el país.
Sin embargo, por orden del gobierno uribista, las manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas por fuerzas policiales, por grupos paramilitares que han resurgido y por sectores mafiosos, que, irregularmente han sido escoltados por las fuerzas oficiales del Estado y protegidos por el discurso presidencial de Iván Duque, que ilegalmente impuso por decreto una figura denominada Asistencia Militar.
Este decreto militariza ilegalmente el país y le da facultades extraordinarias a los comandantes de las fuerzas armadas, que han salido con armas de fuego a disparar en contra de los manifestantes. Con esa figura, que no puede ser utilizada en este caso, inútilmente intenta convencer al mundo que están reprimiendo a los infiltrados, a los vándalos y a las disidencias de las FARC y del ELN.
No toman en cuenta que todos los videos e imágenes que circulan en las redes sociales y están en manos de gobiernos y muchas autoridades multilaterales protectoras de los Derechos Humanos,.
Esas imágenes evidencian que han sido las fuerzas represivas estatales las que han masacrado a la población desarmada, con un saldo de más de 400 manifestantes desaparecidos, 40 asesinados por las balas de policías uniformados y de civil que han atacado a la población indefensa en Cali, en Pereira, en Ibagué, en Medellín, en Cartago y en otras muchas ciudades del país y han detenido y judicializado a más de mil ciudadanos que pacíficamente se manifestaban.
Finalmente, el gobierno de Iván Duque retiró varios de los proyectos de Ley que tenía radicados para su aprobación en el Congreso y se vio forzado a aceptar la negociación de los pliegos de peticiones que diversos sectores sociales le han presentado desde hace cerca de dos años y a declarar gratuidad de la educación para los estratos uno, dos y tres.
Es indiscutible que la movilización social ha obtenido sus frutos y ha logrado varios de los objetivos que se propusieron el Comando Nacional de Paro, los camioneros, los estudiantes, los trabajadores y usuarios de la salud, entre otros grupos poblacionales que están dispuestos a continuar en las calles hasta que sus reclamos sean atendidos.
*Analista Económico y Docente Universitario, miembro de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos. Integrante en Colombia del equipo coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
