La foto de Jeanine Áñez literalmente “tras las rejas” y debajo de la ostensible señalización “Celda mujeres” giró raudamente por el mundo y generó un alto impacto dentro y fuera de Bolivia. La ex presidenta de facto fue detenida el 12 de marzo en su casa en Trinidad, capital del estado amazónico de Beni, y deberá cumplir seis meses de prisión preventiva por su responsabilidad en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

También fueron encarcelados dos de sus ex ministros (otros tres tienen pedido de captura pero están fuera del país) y seis ex jefes militares y policiales, todos acusados de conspiración, sedición y terrorismo en el marco de una megacausa llamada “Golpe de Estado” promovida por la ex diputada del MAS Lidia Paty e impulsada por la Fiscalía General.

La sorpresiva avanzada judicial puso a la defensiva a todos los actores que fueron parte o acompañaron el golpe. Hacia lo interno, revivieron las concentraciones de los sectores medios urbanos agrupados en los Comités Cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Puertas afuera, los protagonistas de siempre: Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”. También desde el Norte, agarró el guante Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado: “Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano”.

La tesis de la “persecución política”, amplificada por los grandes consorcios mediáticos (“Historias de venganza en Bolivia y de un golpe que nunca existió”, tituló su columna en Clarín Marcelo Cantelmi), obligan a refrescar la trama de aquellos sucesos para volver a explicitar lo obvio, que efectivamente hubo una ruptura del orden constitucional y que Áñez no sólo la usufructuó sino que fue figura estelar de la conspiración. Algunas de las evidencias son:

– La autoproclamación de Añez se realizó en una sesión sin quórum, con sólo un puñado de senadores presentes, violando el reglamento parlamentario que establece que “para instalar válidamente una sesión será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

– La sucesión presidencial no respetó lo que establece la Constitución boliviana. Áñez era segunda vicepresidenta del Senado en representación de la minoría (su partido había obtenido sólo 91.855 votos). Según el artículo 169, en caso de ausencia del presidente y el vice de la Nación y de los titulares de ambas cámaras, “se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”. Áñez nunca fue electa presidenta del Senado; eso no hubiera sido posible ya que contaba con el apoyo de las 9 bancas opositoras contra las 25 del MAS.

-Áñez juramentó rodeada de militares y la banda presidencial se la colocó el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quien 72 horas antes le había pedido la renuncia a Evo Morales. La pomposa participación de las fuerzas de seguridad, desconociendo sus funciones e interviniendo abiertamente en la vida política del país, rememoró los golpes clásicos del siglo XX.

– La decisión de tomar el poder por la fuerza quedó blanqueada en las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica, donde participaron los principales dirigentes de la derecha, los embajadores de la Unión Europea, de Brasil y un representante de la Iglesia. Allí se convocó a legisladoras del MAS y, según reveló la ex diputada Susana Rivero, Samuel Doria Medina les advirtió: “Con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”. Rivero recordó que la asunción de Áñez estuvo rodeada de presiones y amenazas, y que ella se encontraba en la línea de sucesión presidencial lo cual no fue respetado.

– La persecución y criminalización política, el exilio forzado de Morales, García Linera y decenas de dirigentes del MAS, los secuestros y las quemas de viviendas, las más de 500 detenciones arbitrarias y extrajudiciales, y las 36 personas asesinadas en las masacres de Senkata y Sacaba, dan cuenta de la feroz represión con la que se logró consolidar el golpe.

El Ministerio de las Colonias

La mecha que prendió el caos y abrió la puerta a la maniobra golpista fue la acusación de fraude electoral hecha por la OEA, sin ningún fundamento y luego comprobada que era falsa. El posicionamiento actual de Almagro es pura coherencia. Por eso el gobierno boliviano buscará enjuiciarlo, según anunció la cancillería: “El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad”.

El descrédito de Almagro sigue in crescendo. Alberto Fernández sostuvo recientemente en una entrevista televisiva: “Evo Morales sufrió un golpe de Estado. La OEA tuvo responsabilidad y si Almagro tuviera un mínimo de dignidad daría un paso al costado”. También el gobierno mexicano llamó a Almagro a “evitar la injerencia en los asuntos internos de Bolivia” y a “abstenerse de confrontar con un gobierno electo democráticamente”.

Bolivia está dando el primer paso para lograr verdad y justicia por el más reciente episodio de ruptura democrática en la región. Áñez y su tropa también enfrentarán otros procesos vinculados a los hechos de corrupción y represión durante los 371 días que gobernaron. Que el resultado sea jurídicamente prolijo y condenatoriamente ejemplar será determinante para que se materialice la consigna de que “golpes de Estado en América Latina nunca más”.