La Junta Directiva del Congreso de Guatemala decidió este lunes la suspensión del trámite del Presupuesto 2021, de acuerdo a la decisión anunciada por el presidente de la Cámara, Allan Rodríguez, quien se encontraba respaldado por algunos jefes de bloques cercanos al Gobierno.

Por su parte, el Ejecutivo informó este domingo, vía comunicado oficial, que dados "los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días", el presidente Alejandro Giammattei invocó la aplicación en el país de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Dicho instrumento fue aprobado en 2001 por la Organización de Estados Americanos (OEA) para "restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameriten". Vale destacar que la CDI permitiría incluso la intevención armada extranjera en el territorio donde se aplica.

Desde la oposición guatemalteca sostienen que la Junta Directiva no tiene potestad legal para archivar ninguna ley aprobada por el pleno de la Cámara. La Junta Directiva señaló que la suspensión se produjo en aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, después de las protestas iniciadas durante el fin de semana y las cuales provocaron el incendio de parte de la sede del Congreso.

El pasado miércoles la alianza de partidos oficialistas reunió 115 votos de los 160 legisladores para aprobar el presupuesto estatal por el equivalente de 12.800 millones de dólares, cifra que constituye un récord, exceptuando el escenario de la pandemia.

Las partidas presupuestales destinadas a hacer frente a la Covid-19 implicarán recortes de los saldos proyectados para la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, al Organismo Judicial, a la Universidad de San Carlos, a los pacientes oncológicos, a los niños recién nacidos y a las madres lactantes, entre otros.

Asimismo, el Presupuesto en cuestión acarreará una deuda histórica para Guatemala, dada la necesidad de obtener financiemiento externo para solventarlo.

La aprobación de la ley de los Presupuestos se tramitó de urgencia nacional (y fue aprobada de madrugada), después de que el documento final se hubiera trasladado a los diputados tan solo unas horas antes, sin tiempo para analizarlo y con cambios sustanciales respecto al texto debatido.

Desde que el pasado miércoles se produjera la aprobación de los Presupuestos se han sucedido las protestas, que llegaron a su punto álgido el sábado con una masiva marcha pacífica y con la quema de parte de la sede del Congreso por parte de un grupo de encapuchados.

La ciudadanía se manifiesta en contra de las cuentas por su alto coste, traducido en más deuda y menos servicios sociales, pero también contra la figura del presidente del Gobierno, Alejandro Giammattei, que se ha negado a vetar los Presupuestos, incluso después de que su vicepresidente, Guillermo Castillo, afirmara públicamente que ambos deberían renunciar a sus cargos.