¡Feliz día! A pesar del contexto que toca, celebrarse y saludarse entre quienes desarrollan una misma actividad es algo que siempre está bien y se merece, por algo en todos los rubros suele haber uno o más días al año establecidos para eso.

La instalación del concepto de “medios de comunicación social” es otro de los persistentes ecos que el Concilio Vaticano II, realizado hace ya casi 60 años, sigue irradiando hasta hoy. El decreto pontificio Inter Mirifica de 1963 proponía en el primero de sus 24 puntos esta definición para todos “aquellos instrumentos que, por su naturaleza, pueden llegar no sólo a los individuos, sino también a las multitudes y a toda la sociedad humana, como son la prensa, el cine, la radio, la televisión y similares”.

Además de atribuirles obviamente una serie de funciones desde la perspectiva religiosa, el documento también abarca consideraciones más generales instando a quienes “participan de algún modo en la realización y difusión de las comunicaciones” a “tratar las cuestiones económicas, políticas o artísticas de modo que nunca resulten contrarias al bien común”.

“Resulta absolutamente evidente la gravedad e importancia de su trabajo en las actuales circunstancias de la humanidad–continúa el texto de 1963-, puesto que, informando e incitando, pueden conducir recta o erradamente al género humano”.

Pasó más de medio siglo y ahora una pandemia bajo el puente; el concepto se extendió, amplió, problematizó y reapropió desde múltiples vías y sectores, abriéndose en abanicos inabarcables en este espacio, pero que mantienen algo básico muy claro: la comunicación es más que los medios, y los medios son más que las empresas privadas que se dedican al tema.

La misma claridad con que el lugar de “servicio esencial”, donde el aislamiento obligatorio nos ubicó desde el principio, salda en la práctica tanto debate sobre la función social de los medios, y si es lógico o no que sean sujeto de normas y políticas que garanticen derechos de sus trabajadores y audiencias.

O sea, sí. Un medio de comunicación tiene un rol que cumplir en el marco de una pandemia, por eso es necesario que siga funcionando.

Y por lo tanto no, no da lo mismo si informa responsablemente o no, si difunde o no las políticas de asistencia que durante la crisis se lanzan, si visibiliza o no la situación de los sectores a quienes esas políticas no les estén llegando, si explica fiel al texto o tergiversa intencionadamente un fallo judicial sobre domiciliarias y morigeración de penas para grupos de riesgo, si informa pensando en el bien común u opera priorizando el interés económico de sus dueños y la clase a la que pertenecen.

No hay excusas ni atenuantes: se ejerce la comunicación social a conciencia de que todo lo dicho, lo silenciado, lo editado, lo jerarquizado, lo invisibilizado a la hora de definir prioridades informativas y formas de abordar una noticia, puede tener efectos diferentes sobre las personas. Puede contribuir a promover o a vulnerar sus derechos, a generar beneficios o daños, a estigmatizar, a mejorar, desmejorar o hasta poner en riesgo sus vidas.

Por eso son necesarias políticas públicas que garanticen el Derecho a la Información y a la Comunicación de todo el pueblo en igualdad de condiciones y de acceso, en todas sus formas y formatos. Lo que significa garantizar infraestructura y conectividad en todo territorio nacional sin excepciones, la democratización en la propiedad y gestión de los medios incluyendo a las organizaciones populares y comunitarias, la siempre y todavía hoy pendientepolítica de distribuciónfederal y equitativa de la pauta publicitaria del Estado,y la posibilidad de expresión plena de todas nuestras diversidades, identidades y culturas, entre algunos puntos más.

Entonces además de saludar y celebrarnos porque está bien siempre que haya un día para hacerlo, vamos a celebrar también, pese al contexto, que esto esté quedando más claro que nunca.

* docente de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.