Durante sus tres días de visita, la CIDH sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Estado. Uno de los temas abordados de forma particular fue la situación de la libertad de expresión. Esta evaluación estuvo a cargo del Relator Edison Lanza.
El funcionario de CIDH sostuvo una reunión con periodistas y representantes de medios de comunicación para conocer los avances o retrocesos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, condiciones de las mujeres periodistas, seguridad de quienes ejercen esta labor, entre otros. Posteriormente, según dijo, en el informe que emita la Comisión se incluirá un apartado sobre el tema.
Edison Lanza enfatizó en la necesidad de que el Estado salvadoreño respete la libertad de expresión, pues dijo que “ésta es una herramienta fundamental de la democracia”. Además, agregó que “no hay protección a derechos humanos sin libertad de expresión”.
En este encuentro, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) presentó al Relator un informe en el que se denuncian graves retrocesos en materia de libertad de expresión, acceso a la información y derecho a la comunicación.
Según el documento, la disolución de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) de la presidencia de la República ha provocado que instituciones públicas “nieguen información que debería ser entregada según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”.
“Por ejemplo: El Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado a la Red Informativa de ARPAS información sobre convenios sobre seguridad y migración firmados con el gobierno estadounidense; y a otros medios les ha sido negada información sobre gastos en instituciones gubernamentales”, dice el documento entregado por ARPAS.
Además, se señala como atentatorio a la libertad de expresión la obstaculización que algunos medios han sufrido durante conferencias de prensa del presidente Nayib Bukele, al negarles el acceso.
Para Arpas es también preocupante que la mayoría de medios de comunicación han sido excluidos de la asignación de publicidad gubernamental. “La Presidencia concentra la pauta en los grandes medios condescendientes con su gestión y en medios digitales vinculados a miembros de su entorno, mientras margina a los que tienen políticas informativas o editoriales críticas. Para la CIDH, esto constituye un acto de –censura indirecta-”.
Una investigación periodística realizado por la Red Informativa de ARPAS mostró que en el primer mes del gobierno de Nayib Bukele, Telecorporación Salvadoreña (TCS) acaparó el 35% del monto total asignado: 193,049.86, de los 550,792.61 dólares otorgados en junio de este año.
Otros de los temas planteados al Relator Lanza fue la falta de implementación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, aprobadas en la Asamblea Legislativa del 05 de mayo de 2016. Aseguran que “con pesar de haber sido presentadas varias solicitudes de frecuencias para este tipo de medios (comunitarios), la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha otorgado una sola concesión. De cinco solicitudes de radio y una de televisión presentadas por ARPAS, ninguna ha sido resuelta”.
Para la Red de radios comunitarias es también preocupante la falta de interés del gobierno de convertir a Canal 10 y Radio Nacional en medios públicos, aquí señalan también la falta de voluntad de la Asamblea Legislativa en aprobar la propuesta de ley de medios públicos presentada por el gobierno (de Mauricio Funes) en 2013.
Agregan que en el actual contexto digital es necesario poner atención al clima de intolerancia a la crítica que “se expresa en linchamientos digitales, principalmente en Twitter y Facebook”. Señalan también las denuncias hechas por mujeres periodistas de acoso y agresiones sexuales en algunos medios de comunicación.
“Los hechos y situaciones señaladas constituyen graves violaciones a los Estándares de Libertad de Expresión de la CIDH y al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, asegura la Asociación de Radiodifusión comunitaria, por lo que piden a la CIDH emitir recomendaciones al Estado para que atienda esta situación.
