Las periodistas Carmen Rodríguez y Diana Arias fueron expuestas por una cuenta de Twitter bajo el seudónimo “Brozo”, quien publicó sus fotografías y las tildó de “arpías”. El ataque ocurrió un día después que la Voz de la Diáspora publicó la investigación “Periodistas denuncian acoso sexual en canal de televisión de El Salvador”. Acción que APES considera como ataque digital.
“Estas 2 arpías son de las “periodistas” de este remedo de medio, que nunca pudieron sobresalir en el país, mucho menos en el extranjero. Y pues acá se cumple el dicho que dice que no se pueden ver ojos bonitos en cara ajena”, palabras escritas en un tweet por Brozo.
APES condena las acciones de acoso digital por parte de dicha cuenta, que usa un lenguaje denigrante para referirse a periodistas.
Esta no es la primera vez que esta cuenta ataca a periodistas, en septiembre de 2019, Brozo acusó a dos trabajadores de Canal 10 de intentar boicotear la transmisión en vivo de la toma de posesión del 1 de junio.
Asimismo, APES pide a las autoridades competentes a estar alertas ante estos ataques digitales y hacer la investigación pertinente. Al mismo tiempo, exige a los diputados de la Asamblea Legislativa que inicien con urgencia la discusión de la propuesta de ley de protección a personas periodistas y comunicadores.
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MESA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS EXIGE A LA FGR INVESTIGAR DENUNCIAS DE AGRESIONES SEXUALES A MUJERES PERIODISTAS
La Mesa de Protección a Periodistas pide a la Fiscalía General de la República (FGR), investi-gar las denuncias de agresiones sexuales hacia mujeres periodistas, publicadas en el periódico digital Voz de la Diáspora, y en el que es señalado como un presunto acosador sexual, Roberto Hugo Preza, director de noticias de Grupo Megavisión.
Para la Mesa, las agresiones sexuales a mujeres periodistas son un hecho inaceptable que atenta contra su dignidad, libertad sexual, el derecho al trabajo sin discriminación, y en específi-co el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, obligación asumida por el Estado salvadoreño, al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento que dio vida a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; y, afecta el ejercicio periodístico hacia aquellas mujeres que ni siquiera al interior de sus medios de comunicación están seguras, y a quienes pretenden incursionar en el campo profesional, limitando el derecho de las mujeres a desarro-llarse en dicha área.
El “Diagnóstico sobre el Entorno de Trabajo de las Mujeres Periodistas y Comunicadoras Sociales en El Salvador”, publicado en enero de 2018 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reveló que más del 96% expresó problemas de acoso sexual al interior de los medios de comunicación, y el 100% manifestó sufrir algún tipo de acoso durante su trabajo diario.
La Mesa repudia cualquier tipo de expresión de acoso sexual hacia mujeres periodistas y ofrece a las víctimas que se acerquen a la APES, a la Colectiva de Mujeres Periodistas o a la PDDH, para que reciban información sobre los derechos que las asisten, y proporcionarles acompaña-miento psicoemocional y legal. La APES pone a disposición el número 7746 4325, del Centro de Monitoreo de Atención a Periodistas.
Ante este entorno de violencia, inseguridad, y discriminación, la Mesa de protección a periodistas presentó en octubre de 2018 ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Protección Integral para Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, sin que a la fecha se haya iniciado la discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Dicha propuesta de ley incorpora mecanismos de prevención y atención a mujeres periodistas víctimas de acoso sexual, y obliga a que los medios de comunicación implementen políticas ins-titucionales de género, para abordar de forma oportuna este tipo de casos; además sugiere una serie de acciones para que instancias como FGR, PDDH e ISDEMU tengan un papel más efec-tivo en la atención de estos casos.
Así mismo, reitera a la Fiscalía General de la República realizar una investigación en respeto al principio de la debida diligencia, con enfoque de género, independiente y transparente, que permita identificar y enjuiciar a los agresores y garantizarle a las víctimas su derecho a la reparación integral.
Hacemos un llamado a la sociedad civil a la sororidad, reafirmamos que la violencia contra las Mujeres es inaceptable, y reprobable, cualquiera que sea su proveniencia, y reafirmamos nues-tro compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral, con énfasis a quienes se dedican al ejercicio periodístico.
La Mesa también exige a la Fiscalía investigar de oficio los ataques digitales contra el medio que publicó las denuncias sobre el señor Preza y los mensajes difamatorios contra las periodis-tas que hicieron la investigación, la mayor parte de estos ataques provienen de la cuenta de twitter denominada "Brozo".
San Salvador,15 de noviembre de 2019
