Más de 400 juristas brasileños firmaron un manifiesto en el que piden hoy la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril por corrupción pasiva y lavado de dinero sin presentación de pruebas.

Dirigido a los ministros (Félix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca y Ribeiro Dantas) que integran la quinta sección del Superior Tribunal de Justicia, los juristas, abogados y operadores del derecho destacan en el documento que Lula es víctima de una injusticia y de la violencia practicada por el Estado.

‘El expresidente Lula o cualquier otro ciudadano brasileño sólo pueden ser condenados, perdiendo patrimonio y libertad, si la materialidad del delito está sumamente comprobada, la defensa ampliamente asegurada, y garantizadas todas las reglas del debido proceso’, afirman los 446 firmantes del texto.

Consideran que el exdirigente obrero ha experimentado un calvario que jamás recayó sobre un político brasileño y ‘nunca antes, en la historia del país, un expresidente de la República, su familia y sus amigos conocieron tamaño sufrimiento y reaccionaron con tanta altivez y confianza en la justicia y en el proceso histórico’.

Según los signatarios, ‘el expresidente Lula ha insistido en que dispensa la libertad en favor de la dignidad, especialmente cuando muchos sugieren que la fuga o el exilio habrían sido mejores alternativas’.

Recuerdan que exsindicalista ‘fue el primer presidente brasileño oriundo de las capas populares y, lamentablemente, esa puede ser una de las explicaciones para su arresto’.

La llamada era Lula, indican, ‘actuó fuertemente en dos sentidos distintos, pero, como vimos, complementarios, pues construyó un conjunto consistente de políticas públicas orientadas a la inclusión de los más desfavorecidos.

Al mismo inauguró una serie de instrumentos, políticas, normas y procedimientos dirigidos a la lucha contra la corrupción en todos los niveles de gobierno’.

Para los letrados, resulta absurdo ‘el hecho de que el expresidente Lula esté preso acusado de haberse apropiado de recursos públicos.

Después de décadas de vida pública y política, de grandes embates sindicales, de la construcción de un gremio partidista, de la lucha por la reconstrucción de la democracia en Brasil, y de procesos electorales disputados, se trata de un ciudadano conocido, observado e investigado’.

Nunca, durante décadas, ni siquiera años después de haber dejado la Presidencia de la República, cambió su modesto estilo de vida, tanto como su familia.

¿Dónde están estos recursos indebidamente apropiados? ¿En qué bancos, nacionales o extranjeros, estarán las cuentas abarrotadas de dinero sucio?, se preguntan los firmantes.

Insisten en que ‘una sentencia condenatoria es algo terrible si recae sobre un inocente. No hay mayor injusticia que aquella representada por una decisión ilegal de uno de los poderes del Estado sobre un ciudadano cualquiera’.

Subrayan que ‘Brasil necesita reconstruir su vida política en la normalidad democrática y esa prisión constituye una mancha autoritaria incompatible con el respeto al papel de la oposición en una sociedad comprometida con la libertad política’.

Desde el 7 de abril Lula permanece preso en la Superintendencia de la PF de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por presuntos hechos de corrupción.

El exlíder metalúrgico fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.