Las recientes declaraciones del presidente de Ecuador Lenin Moreno acerca del edificio sede de la Secretaria General de UNASUR, han puesto al organismo regional nuevamente en el ojo de una tormenta que augura ser larga aún.

“Tenemos que hacer un trámite para pedir a la UNASUR que nos devuelva el edificio. No está cumpliendo ninguna tarea. Se han retirado la mitad de los integrantes. Pasaremos a la UNASUR a otro espacio”, dijo y agregó: “La UNASUR está abandonada, se ha constituido en un nuevo ‘elefante blanco’, que en algún momento habrá que considerarle otro destino sin que pensemos en la posibilidad de que cierre UNASUR”.

“Habrá que asignarle otro edificio porque si no está haciendo nada, ese edificio sale sobrando” señaló también el mandatario durante un diálogo con periodistas de medios internacionales acreditados en el país.

Un día más tarde, durante la firma para la creación de la Secretaría Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Latacunga, Cotopaxi, indicó: “En el edificio de los 45 millones (de dólares) funcionará la universidad de los indígenas. Estamos realizando los trámites necesarios para que el edificio sea restituido”

Precisiones

El edificio, localizado en la Mitad del Mundo, a unos 30 kilómetros de la capital, fue donado a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) por el Estado ecuatoriano en diciembre de 2016.

A fin de contrastar las expresiones públicas del presidente Moreno, se hace necesario hacer algunas precisiones:

1.- El artículo quinto del documento con el que se realizó la donación del edificio estipula con claridad que sólo hay tres causales para que éste retorne a manos de la cancillería ecuatoriana. 1) si los países deciden cambiar la sede de la Secretaría General a otro país miembro; 2) si el Estado ecuatoriano denuncia el Tratado Constitutivo para abandonar el organismo y3) si los Estados Miembros deciden la terminación del Tratado Constitutivo. Por lo tanto, no existiría – o al menos no estaría contemplado legalmente – el recurso de “hacer un trámite, para pedir la devolución”. Si Ecuador denunciara el Tratado, así como cualquier otro que lo hiciera, tendría obligaciones con el organismo hasta después de seis meses, plazo en el que recién entraría en vigor, según lo estipula el artículo 24, párrafo segundo, del propio Tratado.

2.- En Abril de este año, seis de los países miembros decidieron boicotear el funcionamiento de UNASUR. En el documento remitido al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia – país en ejercicio de la actual presidencia pro témpore -, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron “no participar en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”. La consigna de “no participar”, aún cuando atentatoria contra el normal funcionamiento de la entidad e inequívoca en términos diplomáticos, no ha significado hasta ahora que alguno de esos países denuncie el Tratado y se retire definitivamente del organismo.

3.- Por otro lado, en relación al trabajo de coordinación efectuado desde la Secretaría General, a la que se pretende ahora evacuar de su sede: si bien el cargo de Secretario General de la UNASUR está vacante desde el 31 de Enero de 2017, producto de desavenencias entre los Estados miembro acerca del perfil de la candidatura presentada en su momento por el gobierno argentino, la Secretaría General de UNASUR ha continuado funcionando. Aunque no es la única instancia, es la que permite efectivamente la vida institucional del organismo, mucho más allá de un simple sistema burocrático.

¿Qué pasará por ejemplo con el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y con logros tales como el Banco de Medicamentos? ¿O con el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED)? ¿O con los doce Consejos Ministeriales, cada uno con avances interesantes para la región? Toda esa estructura se mueve bajo la coordinación y apoyo de la Secretaria General.

La información existente indica que durante los últimos años (desde 2015 hasta la fecha) la Secretaría ha propiciado cerca de 400 eventos, entre internos y externos. Sin contar las centenas de reuniones y videoconferencias de los diferentes consejos.

Sólo en lo que va de 2018, se realizaron más de cincuenta eventos entre conferencias, cursos y charlas. Además de ello, centenas de niñas, niños y jóvenes -todos ellos provenientes de escuelas públicas de zonas deprimidas aledañas a la sede- usan la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en la misma. Por lo antedicho, es impropio calificar su situación como la de “estar abandonada” o ser “un elefante blanco”.

4.- Hay por lo demás un error de apreciación de la propia infraestructura de la cual se pretende su devolución. ¿Cómo podría funcionar en la sede de la Secretaria General de UNASUR una Universidad? La norma ecuatoriana de Educación Superior establece cierta cantidad de metros cuadrados por alumno para ambientes educativos, así como determinadas características físicas.

El edificio de la Mitad del Mundo cuenta con un auditorio (para 150 personas), el salón de presidentes (para 100 personas) – que por las características de su disposición sólo podría usarse como auditorio – y seis ambientes que son salas de reuniones y videoconferencias. Todo lo demás son oficinas, y aunque siempre es posible hacer “adaptaciones”, quien conoce la sede de la Secretaría General fácilmente entiende que no es una estructura propicia para una Universidad.

Ante este escenario, inevitablemente emergen varias preguntas. ¿Cuál es el sentido de lo anunciado por Lenin Moreno? Y mucho más allá: ¿Cuál será el destino de UNASUR? Contra todo pronóstico, ¿será Ecuador, el país que apostó tangiblemente por la integración regional, el que le dé muerte civil denunciando su Tratado y abandonando la organización?

El trasfondo político

Este severo golpe a uno de los organismos más importantes emergidos del proceso de soberanía regional no puede sino interpretarse a la luz del giro a la derecha en el curso político y diplomático del gobierno de Lenin Moreno.

La persecución judicial en curso contra Rafael Correa, ejecutada por un fiscal y una jueza encargados nombrados por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, designado luego de una consulta popular heterogénea que tenía como principal objetivo la proscripción electoral del ex presidente; el relanzamiento de la cooperación de seguridad y las relaciones de “amistad” con Washington, refrendadas en la última visita del vicepresidente Pence al país; la presencia de funcionarios del FMI por más de dos semanas, monitoreando las cifras económicas; el anunciado acercamiento y participación en la próxima reunión de la Alianza del Pacífico e incluso el último voto de abstención en la OEA en relación a Venezuela, son todos indicadores evidentes de que el país otrora progresista está regresando velozmente al redil cautivo de la estrategia hegemónica de EEUU para la región.

En este contexto, sólo cabe esperar – lamentablemente y tal como está sucediendo – la obediencia dócil del actual gobierno ecuatoriano para colaborar con el desmonte de mecanismos de integración soberanos, independientes de la digitación habitual que el país del Norte ejerce sobre organismos “interamericanos” como la OEA.

Está claro que la integración suramericana y la de América Latina y el Caribe, que avanzaron a pasos raudos impulsadas por una mayoría relativa de gobiernos defensores del multilateralismo y la autodeterminación regional, tiene que desandar otros caminos. Dicha lógica de articulación interestatal es hoy prisionera de personeros sin poder real, pero que actúan como correa de transmisión del neocolonialismo del capital concentrado, poco interesado en variantes autónomas y democráticas de gobierno. Mucho menos si éstas logran acuñar peso propio y erigir barreras ante la dominación global en base a la integración de sus potencialidades.

Es evidente que se hace imperativo continuar la acumulación histórica de soberanía desde la integración de los pueblos, retomar la lucha en las calles y desde la base social para no estar ni sentirnos debilitados ante el Norte. UNASUR es y seguirá siendo una utopía cercana para Suramérica, esperanza y lucha por asumirnos como continente que puede concebir y producir “la unidad en la diversidad” en función de la ampliación de derechos y posibilidades de sus habitantes.

Parafraseando a Neruda, podrán vaciar los edificios, pero no lograrán detener la construcción.

(*) Mabel Severich Larrea, ciudadana suramericana, es comunicadora social y ex funcionaria de la Secretaria General de UNASUR.

(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Argentina y periodista en agencia internacional de noticias Pressenza.