El gobierno se ha mostrado activo en el sector de la comunicación a través de una serie de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, como extensión de licencias, facilidades para transferir licencias y fusionar sociedades, flexibilización de límites a la concentración de mercado y otorgamiento de espectro sin licitación. La contracara de ese proceso es la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, populares y alternativos. Un trabajo realizado por un grupo de investigadores de cinco universidades nacionales advierte que “la actual gestión del gobierno argentino restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social”.
El documento se titula “Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina” y forma parte de una investigación realizada por María Soledad Segura (Universidad Nacional de Córdoba), Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Emilia Villagra (Universidad Nacional de Salta), Ana Laura Hidalgo (Universidad Nacional de San Luis), Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Alejandro Linares (Universidad Nacional de La Pampa), Larisa Kejval (Universidad de Buenos Aires) y Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires), con financiamiento del Conicet y de la Defensoría del Público.
El texto comienza destacando que las políticas de comunicación en el país contribuyeron históricamente a construir una posición de profunda desventaja en términos de sostenibilidad económica de los medios comunitarios con respecto a los medios de propiedad privada con fines de lucro y a los de propiedad estatal.
La ley de Radiodifusión 22.285 establecida por la última dictadura militar en 1980 vedaba la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de ser licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. Pese a ello, en los primeros años de la transición democrática múltiples movimientos populares –de derechos humanos, género, ambientalistas, pueblos originarios, etc.– montaron radios y televisoras comunitarias de modo ilegal para acompañar los reclamos de esas organizaciones al mismo tiempo que plantearon el debate por el reconocimiento de sus derechos comunicacionales.
Desde ese lugar de resistencia, cuestionaron las políticas de comunicación de los sucesivos gobiernos que posibilitaron los procesos de concentración y trasnacionalización del sistema mediático. A su vez, como parte de ese proceso las asociaciones que agrupan a las radiodifusoras comunitarias fueron protagonistas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, alianza que propuso los 21 puntos por una Radiodifusión para la Democracia, en base a los cuales se formuló el proyecto que en 2009 se convertiría en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
La lucha de los medios comunitarios contó con el respaldo de numerosos organismos intergubernamentales, como la ONU, la OEA y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, ya que, como destaca el informe de las universidades, “los medios sin fines de lucro son centrales para garantizar el derecho a la comunicación en sociedades democráticas en un doble sentido. Por un lado, su presencia contribuye a configurar sistemas de medios más plurales y diversos, dado que se multiplican los sectores que participan de él. Por otro lado, constituyen escenarios de participación ciudadana que permiten la intervención de sujetos, temas y perspectivas que no suelen tener cabida en los medios privados-comerciales ni estatales”.
La prohibición a los medios comunitarios comenzó a revertirse en 2003 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285 que impedía a los medios no lucrativos prestar servicios de radiodifusión. En 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.053 que sustituyó ese artículo y permitió que personas jurídicas sin fines de lucro sean titulares de licencias de radiodifusión. Luego llegó la sanción de la ley 26.522 que les reservó a los sin fines de lucro un tercio del espectro radioeléctrico, no les impuso restricciones de alcance ni financiamiento, estableció un fondo de fomento del 10 por ciento del gravamen recaudado por la autoridad regulatoria, les dio representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Cofeca) y agregó la posibilidad de otorgar licencias de modo directo a emisoras de baja potencia en zonas de no conflicto.
Desde entonces, aún con demoras y problemas, la situación de los medios comunitarios comenzó a mejorar. Entre 2012, cuando AFSCA puso en marcha el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y 2015, el organismo realizó 18 concursos públicos y concedió 380 premios a los equipos técnicos, infraestructura tecnológica, la producción de radio y televisión y la gestión de los medios comunitarios. Los Fomeca le permitieron a los medios del sector social equiparse para avanzar en la transición digital, producir contenidos gratuitos y abiertos y regularizar la gestión de radios, canales y productoras audiovisuales.
El trabajo de las universidades describe luego cómo esos avances se detuvieron en diciembre de 2015. “Todas las políticas desarrolladas desde entonces se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”, se remarca. “Las nuevas políticas se expresan, por un lado, en decomisos e intimidaciones a emisoras comunitarias que padecen la ilegalidad en diferentes puntos del país y, por otro, en la dilación en la ejecución de fondos de fomento, intimidaciones por supuestas irregularidades en la rendición de fondos y desprestigio del fondo y de las radios y emisoras comunitarias”, agrega el escrito que fue presentado por la doctora Soledad Segura, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, en el último Encuentro de Carreras de Comunicación que se realizó en la ciudad de Paraná entre el miércoles 13 y el viernes 15 de este mes.
En el documento de las universidades se destaca también que a abril de 2017, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) adeudaba pagos de cuotas a más de 200 proyectos adjudicados del Fomeca 2015 por más de 25 millones de pesos, según calculó el Espacio Interredes, que nuclea a las organizaciones nacionales de medios del sector social. Desde entonces, el gobierno fue realizando algunos desembolsos adicionales, pero con cuentagotas. Luego de la presentación del informe también hubo avances puntuales en materia de legalización de medios, como por ejemplo, la aprobación por parte del Enacom de la licencia a ENTV de Viedma para operar un canal de televisión digital. Sin embargo, los problemas de fondo reseñados en el informe continúan.
La investigación también denuncia que “se desfinanciaron programas de diversos organismos públicos destinados al desarrollo o el fortalecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro, como los proyectos ‘Sembramos palabras, Cosechamos Derechos’, ‘Radios comunitarias rurales. Comunicarnos fortalece’ y el convenio para que las bibliotecas populares fomenten medios comunitarios”. Además, se advierte que “se interrumpió la distribución de pauta oficial a emisoras sin fines de lucro, ya que el criterio de distribución es el nivel de audiencia de medios en grandes ciudades”.
El decreto 267/15 que modificó la ley de medios audiovisuales implicó la pérdida del espacio de participación e incidencia en la formulación de políticas de comunicación que los medios comunitarios tenían en el Cofeca, al eliminarse esa institución. “En agosto de 2016, se creó el Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco), unificando el Cofeca y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Esto redujo la cantidad de representantes del sector sin fines de lucro de 3 a 1 y unificó a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual con los de telecomunicaciones. Además, le quitó funciones al consejo como nombrar y remover integrantes del directorio o tomar decisiones relativas a los Fomeca. El Cofeco se reunió por primera vez once meses después de disuelto el Cofeca y el representante propuesto por las radios comunitarias no fue convocado”, destaca el texto.
A raíz de esta situación, la investigación concluye que a partir de diciembre de 2015 “se produce una regresión en los derechos adquiridos a partir de la restauración y la profundización de la orientación histórica de las políticas de comunicación que privilegiaba a los medios comerciales, dejaba a los estatales en un rol subsidiario y perseguía o –en el mejor de los casos– ignoraba a los comunitarios”.
