La solicitud se basa en que la ayuda es considerada imprescindible porque en el país es abrumadora la cantidad y el poder de los medios que, en combinación con el macrismo, vienen cometiendo manipulaciones de toda clase, incluyendo operaciones para desviar la atención sobre las responsabilidades políticas y penales en juego y campañas para denigrar a la comunidad mapuche objeto de esta y otras operaciones represivas.

   COMUNA envió el pedido a la Federación Internacional de Periodistas, a la Federación Latinoamericana de Periodistas y a federaciones y sindicatos nacionales de los países de América Latina, con la excepción de México, por la situación especialmente grave que padecen los trabajadores de la comunicación de ese país.

   La carta relata en términos muy resumidos los acontecimientos desde el primero de agosto, cuando Gendarmería lanzó la represión y llevó detenido a Santiago Maldonado, como lo informaron testigos.

   “Este hecho, que pone en duda la vigencia plena de las libertades en la Argentina, fue seguido por una campaña de difamación contra el pueblo mapuche, por expresiones del presidente Mauricio Macri y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como por publicaciones de varios medios que, basándose en fuentes oficiales, definen a los mapuche como terroristas con nexos con las FARC, la ETA y hasta con los kurdos”, agrega.

   También explica que los medios aliados del macrismo llegan a “presentar las herramientas de trabajo que toda comunidad rural posee en el marco de una nota sobre la ‘peligrosidad terrorista’”, en tanto “otros artículos hablan de ‘sedición’, otros evocan el ‘canibalismo’ de los pueblos originarios”, en lo que en suma es “una estrategia de difusión que parte del régimen gobernante para estigmatizar a las comunidades que realizan reclamos, iguales a los de cualquier otro país, por problemas que son comunes y todos conocemos, como la pérdida de tierras y la afectación de recursos naturales”.

   Data esta situación, COMUNA dice a los comunicadores internacionales: “Les solicitamos ayuda para que den cuentan de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como fue tipificada por la fiscalía actuante y por organismos internacionales. Les solicitamos que en cada oportunidad que tengan, ante los representantes diplomáticos, ante funcionarios del gobierno argentino que visiten vuestros países, e incluso ante artistas, deportistas, académicos, pregunten, por favor, por el detenido-desaparecido”.

   También expresa que “el presidente Macri y la ministra solo aceptan hablar de este hecho en medios que no les realizan preguntas que puedan incomodarlos. Los habitantes de la comunidad evitan dialogar con periodistas porque, cuando lo hacen, se exponen a represalias de las fuerzas de seguridad, como golpizas, allanamientos y detenciones injustificadas, que vienen multiplicándose”.

   La carta, fechada el 26 de agosto, dice que es necesaria esta ayuda “por razones obvias: todos los latinoamericanos sabemos lo que representa la práctica estatal de detener y hacer desaparecer ciudadanos, lo hemos vivido en carne propia en épocas muy recientes. No dejemos que pase en ningún país”.