En el año 2000 comienza en América Latina una década de cambios en las leyes generales que orientaron los medios de comunicación hasta entonces. Las iniciativas legislativas puestas en marcha se basaron en el rescate de las demandas históricas orientadas a reducir la concentración de los medios en pocos propietarios (cuyos intereses inciden en los contenidos mediáticos), a normativizar un sector que hasta entonces se caracterizaba por su desregulación y en el que la ciudadanía tenía escasos espacios de participación, identificándose de esta manera a una ciudadanía “débil” frente a los intereses hegemónicos de las clases dominantes. En una lógica que comprendía a los medios como arenas del debate político y como ejes fundamentales del control, siendo herramientas de accountability fáciles de manipular.
Durante los primeros quince años del siglo XXI varios países de Latinoamérica hicieron modificaciones a su legislación sobre medios audiovisuales: Venezuela en 2000 y en 2004 (con reformas en 2010 y 2011), Argentina (2009), Bolivia en 2011, Ecuador en 2013 y Uruguay en 2014. Estas políticas lograron poner sobre la mesa de debate tres ejes fundamentales: las reformas regulatorias, la participación de la ciudadanía diversa a través de los medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos y la ampliación y fortalecimiento de los medios de propiedad estatal.
Sin embargo, los gobiernos progresistas no pudieron romper algo que venía de antes y es que los medios de comunicación públicos fueran vistos por la población como sistemas destinados a defender las políticas oficiales. En este sentido la ampliación de los medios públicos también vino con un importante cuestionamiento de la legitimidad de su rol orientado al servicio público, que hubiera podido constituir una alternativa a la programación comercial. Así pues, el importante esfuerzo de los Estados en inversión en infraestructura, en ampliación de las redes, en mejora de las capacidades de transmisión repercutió de manera muy leve en las audiencias, en definitiva, un enorme despliegue para muy poco resultado.
El cambio de gobierno en algunos de estos países ha dado lugar a reformas notables en sus políticas de comunicación. En el caso de Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en sus principales aspectos ha quedado prácticamente inhabilitada. Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267, se modificaron 7 artículos de la llamada Ley de Medios. En términos de concentración, en resumen, se eliminaron prácticamente todas las restricciones a la concentración para el cable y, para la radio y la televisión, se eliminaron las más importantes, específicamente las relativas a la propiedad cruzada. Recientemente, en julio de este año, se anunció la fusión de Telecom y Cablevisión en la Comisión Nacional de Valores, lo que implica un cambio radical en el mercado de telecomunicaciones argentino. La nueva empresa será la única con infraestructura desarrollada para ofrecer cuádruple play el 1 de enero de 2018, fecha en que las normas desregulatorias dictadas por el actual gobierno, permitirán a un mismo operador ofrecer un único paquete de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable.
Además, la empresa fusionada representa actualmente el mayor monopolio comunicacional del país ya que, aunque formalmente el grupo Clarín y Cablevisión Holding son sociedades independientes, lo cierto es que los accionistas de Clarín son los mismos que ostentan el 60% de Cablevisión. La magnitud de dicha concentración constituye un hecho inédito a nivel internacional considerando el tamaño del mercado argentino y los poquísimos actores del mercado. A la fecha la empresa concentra 3,9 millones de líneas fijas, 19,5 millones de líneas móviles, y casi 4 millones de los accesos a banda ancha en todo el país, además de 3,5 millones de usuarios de TV por cable, lo que la convierte en un invaluable instrumento de poder dentro de la sociedad argentina.
En lo que respecta a Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), entre sus beneficios se encuentran la profesionalización y dignificación de los trabajadores de la comunicación en tanto protege los derechos laborales de los trabajadores, establece espacios para la música y la producción nacional, establece el 5% de programación destinada a la auto-representación a pueblos y nacionalidades afros y montubios, entre otros.
Uno de los puntos principales de la LOC es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico: 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Entre 1995 y 2008, la asignación de frecuencias estuvo marcada por una serie de irregularidades e ilegalidades efectuadas por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), que operó al margen de las normas legales[1]. El resultado: las concesiones de frecuencias fueron otorgadas como pago a favores políticos. Así muchas de ellas cayeron en manos de ex diputados, funcionarios públicos y grupos económicos lo que terminó por generar una concentración de los medios de comunicación en pocas familias tales como Vivanco, Eljuri, Pérez, Alvarado Roca, Mantilla, Egas, Martínez y Mantilla-Anderson. Para el año 2008, 110 banqueros estaban vinculados a 210 medios de comunicación[2].
Con estos antecedentes, en el año 2007, existían 1521 frecuencias de las cuales 1404 (92%) pertenecían a privados y 117 (8%) a los públicos. Diez años después, la distribución del espectro radioeléctrico es la siguiente[3]: bajo un total de 1688 frecuencias, 1213 (71,86 %) son privadas, 397 (23,52%) son públicas y 78 (4,62%) son comunitarias.
La LOC se enmarca en las convenciones y tratados internacionales y contempla sanciones de carácter administrativo. Vale destacar que, en Ecuador, no hay un solo periodista encarcelado o medio de comunicación cerrado por emitir una opinión.
Sin embargo, en los últimos meses, la agrupación Centro Democrático de Jimmy Jairala ha presentado un proyecto de reforma a la ley como parte del compromiso político establecido con el presidente Lenín Moreno, en ocasión de la segunda vuelta electoral el pasado 2 de abril. Entre los cambios propuestos se encuentran: la eliminación del mecanismo de multas por reincidencia con lo que un medio podrá ser reincidente en la emisión de “información no demostrada, falsa o inexacta”, la eliminación de la obligación de los medios de comunicación de difundir contenidos de carácter pluricultural, la eliminación del artículo 43 de la LOC referido a la composición laboral de los medios de carácter nacional que establece que los medios de comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional además de modificaciones en la institucionalidad vigente, eliminando el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación.
Las políticas de comunicación que impulsaron los gobiernos progresistas pusieron en discusión en América temas que tradicionalmente habían quedado relegados al ámbito académico o de los específicamente interesados. Durante este periodo se logra priorizar efectivamente el tema de las políticas de comunicación, entendiendo que los actores y los medios no son un mediador neutral, sino un actor político interesado. Este avance no es menor de cara a una idea imperante sobre esa neutralidad de los medios como meros intermediarios, transmisores neutros de información. Contrario a ello, los medios de comunicación juegan un rol político fundamental, muchas veces amparados por la “libertad de expresión”. En 2015, el expresidente Rafael Correa afirmaba “cuando estas élites afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras”[4].
- Ava Gómez, María Florencia Pagliarone y Bárbara Ester
@Ava_GD, @Floripa_2012, @barbaraestereo
[1] La Contraloría General de Estado realizó una auditoría de las concesiones realizadas entre los años 2003 al 2005 poniendo en evidencia la existencia de concesiones en las que no se cumplieron los requisitos legales, cambio de frecuencias de operación de radios sin informes técnicos, autorizaciones para el funcionamiento de repetidoras sin base legal, repetidoras de radio que nunca tuvieron programación regular o enlaces de espectro ensanchado sin respaldo jurídico.
[2] Una de las preguntas de la Consulta Popular en 2011 fue: ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sea dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?
[3] La ley establece dos modalidades para su adjudicación: la adjudicación directa para medios públicos; y la adjudicación mediante concurso público abierto para los medios privados y comunitarios.
[4] http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/informe-a-la-nacion.pdf
Artículo publicado en: http://www.celag.org/del-medio-la-derecha-avances-retrocesos-la-legislacion-del-cuarto-poder/
