Uno de los hechos más recientes, parte de una serie muy extendida, fue el asesinato el 30 de mayo de Rulber Santana, guerrillero que estaba en prisión y había sido indultado, y que fue atacado a balazos en La Esmeralda, municipio de Puerto Rico, en el Departamento (provincia o estado) de Caquetá, sur del país.
la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
También hay ataques a familiares de guerrilleros que fueron indultados o que están participando del proceso de paz, en las llamadas “zonas veredales”, donde esperan quContagio Radio informó que con Rulber son al menos tres los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) asesinados desdee el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cumpla con las condiciones acordadas para dejar las armas y pasar a la actividad política.
Fueron asesinados hermanos de guerrilleros en Chocó (departamento del noroeste del país) y en Putumayo (en el suroeste).
El 31 de mayo las FARC informó que en la “zona veredal” Jaime Pardo Leal, correspondiente al Frente homónimo del movimiento que actuaba en la zona de la localidad de Argelia, Cauca, fuerzas de Infantería de Marina ingresaron con el objetivo de tomar prisionera a una guerrillera, un procedimiento que es un boicot directo al proceso de paz.
El comunicado detalla que hubo disparos en los que resultó herido un capitán, en tanto otro militar atacante fue capturado y entregado horas después a representantes del “Mecanismo de Monitoreo”, que controla el respeto a los acuerdos, “en perfecto estado de salud”.
“Denunciamos las constantes violaciones por parte de la Infantería de Marina, que ya había realizado este tipo de operaciones de extracción de guerrilleros de la zona. Las pruebas han sido entregadas al Mecanismo de Monitoreo y Verificación”, agrega el comunicado.
Por su parte, la emisora Caracol dio cuenta de audios conseguidos por el portal Verdad Abierta en los que se escucha a un hombre que dice ser jefe de una base del Ejército y ofrece alojamiento y comida a guerrilleros para que se desmovilicen, y hasta dinero si llevan a más personas para que hagan lo propio.
El denominado “plan de desmovilización” era parte de la acción del gobierno en la época de combates y no se corresponde en ningún sentido con las previsiones del acuerdo de paz, que prevé que los guerrilleros dejen las armas para constituirse en fuerza política.
Representantes de las FARC de la zona dijeron que también están operando grupos, que calificaron como pequeños, que se separaron del movimiento y están actuando por su cuenta, armados, sin respetar los acuerdos.
A fines de mayo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que conforman el gobierno y las FARC, acordó la postergación de plazos para la dejación de las armas por parte de los guerrilleros, hasta el 20 de junio, después del vencimiento del plazo inicial, el 31 de mayo.
Informes oficiales dicen que miembros de las FARC dejaron mil de siete mil armas de portación personal, en contenedores que debe instalar el gobierno y quedar bajo responsabilidad de Naciones Unidas.
Aunque esos contenedores faltaron en muchas zonas, medios tradicionales de América Latina achacan la demora a los guerrilleros, así como ocultan los crímenes cometidos por grupos armados contrarios al proceso de paz, vinculados con el militarismo y los sectores que se oponen a la solución negociada del conflicto interno armado, político y social que se vive en Colombia desde hace más de cincuenta años.
La Comisión postergó sesenta días el plazo para la denominada “reincorporación a la vida civil” de los guerrilleros.
El presidente Santos dijo por su parte que el gobierno cumplió con el 80 por ciento de las normas que dan “la seguridad jurídica necesaria” para el proceso de paz.
Habló de “seis meses de tranquilidad en Colombia, seis meses donde el miedo ya no está presente”, pero no pueden decir lo mismo los habitantes de ciudades y pueblos que desde el primero de enero de 2016 al primero de marzo de 2017 sufrieron el asesinato de al menos 156 dirigentes comunitarios y defensores de los derechos humanos, según un informe del defensor del Pueblo, Carlos Negret.
El defensor dijo que “una de las causas principales de este fenómeno es la pretensión por parte de grupos armados ilegales de ocupar el territorio del que las FARC se han retirado”, es decir apropiarse de las tierras y las riquezas naturales.
Fuentes:
http://www.farc-ep.co/comunicado/continuan-ataques-contra-la-paz.html
Con la colaboración en Colombia de Sofía Rodríguez García.
