Las razones esgrimidas por la insurgencia de las FARC-EP, para levantarse en armas contra el Estado en el mes de mayo de 1964 tenía que ver con su reivindicación de una reforma agraria integral que además de restituir la tierra despojada en el período de la violencia, procediera a un proceso de redistribución de la propiedad agropecuaria desde entonces muy concentrada en pocas manos y la denuncia del Frente Nacional como un régimen político antidemocrático por medio del cual y durante 16 años los partidos liberal y conservador se arrogaban el exclusivo derecho de gobernar al país relegando a las demás fuerzas políticas a ser convidados de piedra y ciudadanos de segunda categoría que no podrían elegir a sus candidatos en los cuerpos colegiados ni a la presidencia de la República como tampoco ocupar cargos públicos. Este adefesio antidemocrático había sido aprobado en el plebiscito del año de 1957 y entronizo entre nosotros no solo el clientelismo a través de la paridad entre liberales y conservadores sino que extendió este mandato constitucional también a la sociedad civil en que, por ejemplo, los sindicatos y las centrales sindicales legalmente reconocidas tenían que estar adscritas a los partidos liberal y conservador así como también las Juntas de Acción Comunal.
Este sistema fue el que entronizo el clientelismo como práctica política que aún se mantiene en nuestras instituciones estatales. Es decir el uso de los recursos públicos para perpetuarse en el poder y reproducir las redes políticas de apoyo con uso de los recursos público que se ha entronizado con la bendición aún de nuestra Corte Constitucional que ha encontrado legitima la asignación de cupos del presupuesto público a los parlamentarios de las coaliciones de gobierno que se llaman los cupo regionales indicativos que son muy eficaces para mantener a la clase política tradicional en buena parte de los departamentos del país.
Era lógico que si estas dos eran las razones principales esgrimidas para el levantamiento armado ellas deberían ser parte central en el proceso de negociación para encontrar una salida política a la devastadora conflagración armada que sobrepasaba el medio siglo de existencia. Y en efecto al pactar la agenda de negociación estos dos puntos se colocaron como los dos primeros de los seis puntos que contemplaba la agenda de negociación entre estas guerrillas y el Gobierno Nacional. Así que logrado un acuerdo en estos puntos los demás debería sujetarse a ese acuerdo. Recordemos que la Agenda de los seis puntos contemplaba (1) Una Reforma Agraria Integral, (2) la reforma política, (3) la reinserción de los combatientes y sus condiciones de seguridad, (4) los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, (5) las víctimas y sus derechos dentro del cual debería contemplarse el régimen de justicia transicional, (6) los mecanismos de refrendación de los Acuerdos y el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos.
En la implementación de los Acuerdos los dos puntos centrales apenas han avanzado principalmente en los aspectos relacionados con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación al establecer mediante la aprobación de un Acto Legislativo el llamado en el Acuerdo Final el Sistema Integral de Justicia para la Paz que contempla la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de las personas desaparecidas en relación con el conflicto armado, el Tribunal de Justicia para la paz y apenas ahora se discute la política de reparación a las víctimas. Este punto ha sido por demás muy polémico puesto que en un comienzo se quiso restringir dicha política a tres temas puntuales pero al final la participación de las víctimas abrió la agenda en una interpretación más adecuada de los Acuerdos de La Habana. Aún no hay consensos alrededor de este último punto mientras que la puesta en marcha del Sistema Integral de Justicia para la Paz está a la espera que se inicie el proceso de convocatoria y elección por parte del Comité de Electores (recordemos que son cinco personas ya nombradas y en funciones quienes deben elegir a los 11 Comisionados/as de la verdad, los 38 jueces que integran las Salas y las secciones del Tribuna para la paz, así como poner en marcha la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, también de ellos depende la integración de la terna para poner en marcha la Unidad de Desmonte de los grupos llamados en el Acuerdo Final las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que viene a resultar clave para poner en marcha el sistema de seguridad tanto de los defensores de los derechos humanos como también la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP).
Un segundo aspecto en el que se ha avanzado tiene que ver con las políticas para garantizar la reinserción política de las FARC-EP. En este aspecto se han aprobado los Actos Legislativos y leyes que (1) permitirán a las FARC-EP presentar candidatos sin restricciones mayores a las impuestas por parte del Tribunal de Justicia para la Paz a las elecciones a cargos de elección popular, (2) el Estatuto de la Oposición, (3) medidas de favorabilidad política tanto en el financiamiento como en el otorgamiento de una representación de seis voceros de paz que ya están en funciones tanto en Cámara como en Senado de la República que llevan la vocería de las FARC-EP en el trámite de las leyes, actos legislativos y leyes estatutarias que vienen siendo discutidas en el Congreso, y (4) la aprobación de las reglas con las cuáles las FARC-EP, concurrirán a las elecciones en el año 2018 y 2022. Este acto legislativo, aprobado el 10 de mayo de este año, les otorga un mínimo de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara en estos dos períodos legislativos. Las FARC-EP tendrán que presentarse a las elecciones en marzo de 2018 si sacan un mayor número de votos de los exigidos para obtener esa representación elegirán más miembros al Congreso de la República pero si no logran el umbral o no sacan el número de votos para tener una mayor representación de todas formas tendrán como mínimo esos 10 parlamentarios en curules que se adicionan a las que conforman hoy el Senado y la Cámara de representantes. Con todas éstas medidas, además de la ley de amnistía aprobada en diciembre del año 2016, una buena parte de los mecanismos necesarios para la conversión de las FARC-EP en organización política legal han sido aprobados, aunque la marcha ha sido lenta.
Sin embargo los temas que benefician al conjunto de la población apenas están en fase de concertación y no se han presentado aún los proyectos o apenas se discuten borradores que en general vienen siendo muy controvertidos. El primer proyecto radicado la semana pasada en el Congreso de la República busca poner en marcha las circunscripciones especiales de Paz mediante la cual se adicionan 16 curules en la Cámara de Representantes que benefician a los habitantes de 176 municipios que fueron el escenario más significativo de la confrontación armada entre las FARC-EP y el Estado Colombiano. Con ello se busca dar visibilidad y representación política a las comunidades de dichos municipios. En esas circunscripciones no podrán presentar candidatos los partidos políticos que tengan representación en el Congreso incluido el Partido Político que surja de las FARC-EP. El principal problema es que en estos municipios se desarrolla ahora una confrontación entre las organizaciones neoparamilitares, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que luchan por establecer dominio territorial en estos territorios que eran de dominio y control territorial por las FARC-EP. Es allí donde ahora se asesina a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los planes de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito así como el control de la minería ilegal marchan con lentitud y la presencia del Estado no ha avanzado sino en mínima parte. Allí se libra una real batalla por la paz.
Las reformas políticas aún no han sido presentadas a pesar que ya hay un informe de la Misión Electoral Especial, MEE, que busca trasformaciones reales en los organismos electorales que buscan crear una Tribunal de Justicia Electoral, una reforma al Consejo Nacional Electoral, el fortalecimiento del financiamiento estatal a las campañas políticas y reformas a la Registraduría Nacional del Estado Civil. El informe ha tenido un muy tibio recibimiento en la mayor parte de las bancadas parlamentarias y será una verdadera prueba de fuego al cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.
En esta misma línea los Acuerdos de La Habana plantean la necesidad de fortalecer y dar mecanismos de protección a las organizaciones y movimientos sociales. Apenas se ha hecho un proceso de consulta y se dispone de dos documentos de conclusiones de los Foros Regionales y el Foro Nacional que discutió sobre este proyecto que deberá concretarse en una ley estatutaria que derogue las leyes que dificultan y criminalizan la protesta social y establezca mecanismos de fortalecimiento de las organizaciones sociales. El proceso no ha tenido ni la visibilidad ni el debate amplio que se requeriría para avanzar en ampliar el haz de fuerzas que respaldan el proceso de implementación de los Acuerdos lo cual es a m juico totalmente equivocado pues si se quiere que aumente el respaldo popular a los Acuerdos y al proceso, se requeriría que estos proyectos concitaran una amplia deliberación y participación de organizaciones sociales y de base. Ello no ocurrió así.
Lo propio ocurre con dos programas de amplio impacto social. Me refiero al proyecto de reforma rural integral. Este proyecto debería ocuparse de tres asuntos centrales consignados en los Acuerdos de La Habana. En primer lugar la conformación del fondo de tierras para la paz que debería dotarse de una institucionalidad nueva que disponga de tres millones de hectáreas destinadas a ser distribuidas entre campesinos sin tierra, víctimas del conflicto armado, ex combatientes en vías de reingreso a la civilidad. El borrador del proyecto no establece con claridad este fondo ni su financiamiento. Se habla que de los tres millones de hectáreas 1.2 millones correrían a cargo de terrenos ubicados en los parques nacionales lo que ha ocasionado la oposición de los ambientalistas. Limita además las Unidades Agrícolas Familiares y busca desarrollar la economía capitalista agraria mediante la instrumentalización de los derechos de propiedad en beneficio de agentes económicos debilitando el centro del Acuerdo que busca mediante el reparto de tierras la conformación de una clase media campesina. El proyecto que ha sido rechazado por la mayor parte de las organizaciones campesinas e indígenas a mi juicio no interpreta adecuadamente los Acuerdos de La Habana. El segundo tema que tiene que ver con la formalización de la propiedad que entre nosotros tiene una informalidad del 63% del total de los propietarios en el país y esa formalización tendría un costo de unos 42 billones de pesos que no se establece de dónde saldrán. Por lo pronto el proyecto que ha sido de mal recibo se encuentra en discusión. Vuelvo de nuevo al punto central. Se quiere como diría un gran sociólogo, Álvaro Camacho Guizado, que se tenga claro que no se puede hacer la tortilla sin reventar los huevos. El proyecto más bien parecería destinado a poner las bases para la implementación de la Ley Zidres que busca grandes inversiones capitalistas en el desarrollo de cultivos industriales y no a la protección, ampliación y fortalecimiento de la economía campesina que es lo que buscan los Acuerdos de La Habana. Y se equivoca Santos si piensa que se podrá ganar la batalla política en las elecciones de 2018 si no se pisa el acelerador para que los beneficios de los acuerdos lleguen a la gente, en este caso al campesinado. El tercer aspecto es el de dotar de bienes públicos a las regiones más fuertemente golpeadas por el conflicto tales como infraestructura de educación, salud, vías terciarias. Sobre este tema apenas se ha presentado un proyecto de Acto Legislativo que hace tránsito en el Congreso para destinar cerca de 3 billones de pesos de fondos de ciencia y tecnología a la construcción de vías terciarias.
El otro programa que tendría un importante impacto social es el de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Aquí como se ha discutido en esta Revista el tema es de contradicción en la propia política que ha llevado a la movilización de la base campesina en Tumaco y en el Guaviare. El gobierno quiere erradicar mediante pactos sociales unas 50 mil hectáreas destinando para ello 1.8 billones de pesos que nos parece que es la línea adecuada para desmontar una parte sustancial de estas plantaciones. Pero para que ello marche también hay que reasentar a parte de estas comunidades y para que ello sea posible tiene que estar disponible el Fondo de Tierras para la Paz y como vemos esto no arranca. Por otra parte la política de sustitución busca erradicar por la fuerza otras 50 mil hectáreas dándole esa responsabilidad al Ejército y a la Policía. El decreto que buscaba poner en marcha esa política se cayó en la Corte la semana pasada.
En resumen y para terminar los contenidos que impactarían positivamente a la sociedad en su conjunto y que contribuirían a ampliar la base social y política de los Acuerdos apenas están en elaboración y sus borradores presentan muchos problemas y falta de real compromiso del Gobierno para poner en marcha las reformas sociales acordadas en La Habana. Ese es el meollo de la cuestión ahora.
Bogotá mayo 11 de 2017.
- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
