El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) manifiestan su profunda preocupación por las limitaciones a la Libertad de Expresión y su más enérgico rechazo a la represión a protestas populares por parte del gobierno de Argentina, presidido por Mauricio Macri.

La represión a docentes que intentaban levantar un aula itinerante en Buenos Aires, para informar a la población sobre sus reclamos, constituye un acto de censura y un nuevo ataque contra la libertad de expresión. 

También violenta la libertad de expresión y el derecho a la comunicación la modificación por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual considerada un ejemplo en el Continente, el asalto a la autoridad regulatoria de las comunicaciones y  el despido de trabajadores de los medios públicos. El gobierno actúa con celeridad para otorgar beneficios a los amigos, clausurar pequeñas emisoras y suspender o limitar el pago del Fondo para medios comunitarios e indígenas.

El gobierno macrista concentra la publicidad oficial en los grandes medios del poder económico y quita la publicidad a los medios locales. Además, lleva más de un año y medio prometiendo una nueva ley de comunicaciones, mientras acomoda los negocios de los grandes grupos económicos favoreciendo la concentración mediática.

Observamos también un  clima de intimidación que se extiende a medios y periodistas que, en un acto de autocensura, omiten llamar a la represión por su nombre —como sucedió con los docentes— o estigmatizan la protesta social mientras permanece sin sanción definitiva la Ley de Publicidad Oficial.

Frente a tales hechos, FARCO y ALER recuerdan que es obligación de los Estados garantizar pluralidad y diversidad de voces, evitando por acción u omisión restringir en forma directa o indirecta la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación.

En tal sentido, acompañamos el reclamo de la Coalición por una Comunicación Democrática de Argentina para que cesen las violaciones a la libre expresión del pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, por medios electrónicos o cualquier otro procedimiento), se ofrezcan garantías de debido proceso a los radiodifusores, tal como manda la ley, se promueva y proteja el espacio audiovisual nacional y los contenidos argentinos, se cumpla con los fondos de promoción de medios sociales y comunitarios (FOMECA) y se respeten los mecanismos democráticos para la sanción de leyes con la debida intervención del Congreso de la Nación.

Buenos Aires y Quito, 25 de abril de 2017.