El gobierno brasileño encabezado por Michel Temer (PMDB), que ocupa el Poder Ejecutivo sin haber sido electo luego de haber logrado la destitución de Dilma Rousseff en septiembre de 2016, se encuentra al filo de la caída.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil dio lugar a un pedido formulado por el Ministerio Público Electoral que pidió la revocatoria del mandato de Michel Temer y la prohibición de ser candidato, tanto él como Dilma Rousseff, por un período de ocho años.
Esta acusación se basa en una denuncia formulada en 2014 por el ex candidato a presidente, Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), contra la fórmula Dilma Rousseff – Michel Temer.
De esta manera, el TSE dedicará cuatro sesiones extraordinarias durante la semana próxima en las que decidirá sobre la posible anulación de la fórmula. En caso de encontrarse culpables de corrupción en la recaudación de fondos para la campaña electoral 2014, Temer deberá dejar la presidencia de manera inminente.
La denuncia alega que la fórmula Rousseff-Temer recibió coimas para financiar la campaña presidencial en las elecciones de 2014 en la que resultó ganadora. La fórmula encabezada por Neves (PSDB), quien realizó la denuncia en 2014, también está acusada por recibir sobornos durante la campaña.
En efecto, si bien la denuncia fue formulada en 2014 luego del triunfo en los comicios de la fórmula Rousseff-Temer, el escándalo de Lava Jato y, específicamente, las delaciones premiadas de los funcionarios de esa empresa, reflotaron las versiones sobre las coimas pagadas a integrantes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) durante la campaña presidencial.
Esto incluye las declaraciones de nueve funcionarios de la empresa constructora Odebrecht que están detenidos en el marco de esta causa y que mencionaron a integrantes de la fórmula Rousseff-Temer como destinatarios de coimas durante la campaña presidencial de 2014. Algunas de estas acusaciones, entre las que se cuentan las del mismo Marcelo Odebrecht, incluyeron directamente a Michel Temer.
La inminencia de este dictamen ha elevado el nivel de nerviosismo del gobierno del PMDB que, paradójicamente, sería depuesto por una denuncia formulada por su principal aliado, el PSDB.
A medida que fue avanzando la posibilidad de que este proceso se concrete, el gobierno intentó separar a Temer de la fórmula con Dilma. Neves también se manifestó a favor de esta separación.
Sin embargo, esto es prácticamente inviable, debido a que el mismo relator del procedimiento, Herman Benjamín, rechazó esta posibilidad basándose en jurisprudencia del TSE. Esta se erigió en torno a los casos de destitución de gobernadores como Francisco de Assis de Moraes Souza (PMDB) de Piauí electo en 1998, Cássio Cunha Lima (PMDB) de Paraíba, Marcelo Miranda (PMDB) de Tocantins y Jackson Lago de Maranhão, todos electos en 2006. En esas ocasiones se aplicó el principio de indivisibilidad, razón por la cual los vicegobernadores fueron destituidos automáticamente junto a los gobernadores.
Por otro lado, los abogados defensores de Temer apuntaron a desvalidar las declaraciones de los integrantes de Odebrecht en el caso Lava Jato, argumentando que fueron realizadas en el marco de otro proceso judicial y bajo la forma de delación premiada. Hasta el momento es improbable que el TSE de lugar a este requerimiento, ya que el Ministerio Público Fiscal, máxima autoridad en el proceso de investigación del mega escándalo de corrupción, validó las declaraciones.
Pero el gobierno ensayará sus últimos recursos para no llegar a la instancia de destitución. Y utilizará el recurso que siempre tuvo a su mano: la manipulación política.
El TSE está compuesto por siete personas. Tres miembros del Supremo Tribunal Federal, dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia y dos jueces de cualquier otra instancia -federal o estadual- nombrados por el presidente. Sucede que en el mes de mayo dos de estos nombramientos se vencen y será Temer quien nombre sus reemplazos. Por lo tanto, la estrategia a la que apuntará el gobierno del PMDB es a inclinar la balanza a su favor para dilatar el proceso, si es posible, hasta el 2018.
Otro factor a tomar en cuenta es que el presidente del STF, Gilmar Mendes, es un juez muy cercano a Temer. Mendes y Temer mantuvieron encuentros en reiteradas ocasiones entre enero y marzo de 2017. En ese período, Temer nombró a Francisval Dias Mendes, primo del juez, en la Agencia Nacional de Transporte Acuático.
En caso de que Temer sea destituido de su cargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM), asumirá en su lugar. Luego el Congreso deberá elegir un presidente provisional para que cumpla el mandato que finaliza el 31 de diciembre de 2018, de cara a las nuevas elecciones presidenciales.
Un gobierno sin apoyo popular
El ex presidente de la Cámara de Diputados, mano derecha de Temer y miembro del PMDB, Eduardo Cunha, fue condenado a 15 años de cárcel por corrupción, lavado de activos y evasión fiscal mientras ejercía el cargo de diputado. Cunha fue el principal impulsor del impeachment de Rousseff que llevó a Temer a la presidencia.
Por otro lado, una reciente encuesta publicada por Ipsos, reveló que el 90% de los encuestados considera que el gobierno de Temer se encuentra “en el camino equivocado”, mientras que el 78% desaprueba su desempeño como presidente.
Los meses de febrero y marzo de 2017 registraron, además, las más multitudinarias movilizaciones contra el gobierno no electo de Temer. El rechazo a la Reforma Jubilatoria y la Ley de Tercerización han llevado a las principales centrales sindicales a ocupar las calles, mientras que miles de personas se sumaron en rechazo a la corrupción que atraviesa la gestión de Temer.
El viernes 31 de marzo será escenario de otra movilización masiva convocada por la Central Única de Trabajadores (CUT), mientras que se espera el mayor paro nacional de los últimos 20 años para el próximo 28 de abril.
Por: Micaela Ryan – @LaMicaRyan | Notas. Periodismo Popular.
