Los y las hondureñas se aprestan a concurrir a elecciones primarias el próximo domingo 12 de marzo de 2017, donde se elegirían a los candidatos a la presidencia de la Republica, diputados y alcaldes por los partidos Liberal, LIBRE y Partido Nacional. Son elecciones atípicas, ya que participa como candidato por el Partido Nacional el actual presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, amparado en un fallo ilegal de la Corte Suprema de Justicia que autoriza la relección presidencial violando la Constitución de la República.
Pero también ocurren en una coyuntura donde se ha denunciado por una miembro de la banda de narcotraficantes, los “Cachiros”, la participación del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), el actual Ministro de Seguridad del presidente Hernández, Julián Pacheco Tinoco, diputados del partido nacional y liberal y alcaldes, haber recibido fuertes sumas de dinero para permitir la caída de avionetas con drogas y la protección de la carga, acompañado del otorgamiento de contratos para la construcción de obras de infraestructura a las empresas propiedad de dicha banda criminal.
Como sucede en estos casos, todos los imputados niegan los cargos, aun cuando son resultado de un testigo confeso y arreglos en una Tribunal de Justicia Norteamericano en un caso donde se juzga a un hijo del expresidente Lobo Sosa, declarado culpable y que guarda prisión en EEUU. A criterio del Ingeniero Salvador Nasralla, coordinador del PAC y virtual candidato de la Alianza Opositora (LIBRE, PAC y PINU-SD) a la presidencia de la Republica para las elecciones generales de noviembre de 2017, conformada para evitar la relección y dictadura de JOH; los imputados deben enfrentar dichos cargos en el país del norte, para demostrar su inocencia
Es también una oportunidad para los miembros de la Maccih, orientando y asesorando a la Fiscalía de la República para conocer y desarrollar este tipo de investigaciones en el país, partiendo de la confesión del testigo. La Fiscalía, incluso, en este caso, debe limpiar su imagen de ente subordinado a la presidencia de la Republica y garantizar un proceso investigativo transparente y apegado a la Ley. Lo mismo puede decirse de los tribunales de justicia y la Suprema Corte, que para muchos solo ha servido de arriero en el caso de las extradiciones de narcotraficantes.
En el frente político es donde se han producido más reacciones. En el caso del partido de gobierno, la defensa de sus miembros cuestionados por estar coludidos con el crimen organizado es permanente, aun cuando va apareciendo nueva información que compromete más a los imputados. Se le considera una campaña de la oposición política para afectar la imagen del presidente Hernández, restar votos y empañar su triunfo. La esperanza es que también se investigue, antes de las elecciones primarias, a dirigentes del partido liberal, ya que el narcotrafico no tiene color político. Algunos dirigentes de este partido no se han pronunciado aún, pero las denuncias involucran a diputados actuales y aspirantes a la reelección. En el caso de LIBRE, no existe temor en su dirigencia política que sean investigados sus candidatos, por cuanto muchas de las imputaciones que se hacen ocurrieron después del golpe de Estado (junio de 2009).
Una lectura rápida del problema del narcotráfico en el país y la coyuntura política, refiere al acelerado proceso de deterioro de los partidos e institucionalidad pública, copada por el narcotráfico mediante la captura de los dirigentes políticos. En Honduras ha surgido una demanda inusual por aspirar a cargos de elección popular, incluso a sabiendas que los salarios pagados son menores a los ingresos que se obtienen por el trabajo privado. Implica un fuerte gasto en publicidad y propaganda, e incluso contribuciones no despreciables al partido (compra de la candidatura). Ello es extensivo a los funcionarios públicos, que responden a los intereses de los políticos y narcotraficantes, más que a las demandas y necesidades de la población.
Ligado a ello, destaca la mezcla. Políticos, funcionarios públicos y militares como avanzada de apoyo a las actividades del narcotráfico y la venta de drogas. Se ha denunciado la colusión del delito, donde participan policías, políticos y empleados del gobierno. Es un sistema integrado donde uno protege, otro vende influencias y tuerce la justicia y otro hace los mandados.
Desde la perspectiva de la sociedad civil, el problema es mucho mayor, ya que la prensa nacional mediática reviste con un baño de pureza y honestidad la imagen de políticos, militares y narcotraficantes, al grado de dudar de su culpabilidad sin tomarse la libertad de conocer la información de los juicios y aquella suministrada por la prensa internacional. Igual sucede con las iglesias que aceptan contribuciones monetarias sin investigar la procedencia de los fondos. Incluso, en algunas iglesias evangélicas, las personas imputas son destacados dirigentes invitados como conferencistas.
La Academia ha acompañado muy poco los estudios sobre los impactos y efectos del narcotráfico en la economía y sociedad hondureña, más allá de la denuncia y de la información de prensa. No hay estudios serios y documentados sobre impactos directos en la dinamización de las economías locales, los deportes y el turismo; compra de tierras, uso y explotación de los recursos naturales. Asimismo, en la destrucción de las economías familiares, la prostitución, la venta y consumo de droga en los colegios, la migración, sicariato, extorsión y la corrupción generalizada.
Este tema debe estar presente con más fuerza en las campañas políticas de 2017, donde los dirigentes de los partidos deben presentar su hoja limpia a la nación y además propuestas de cómo combatir y reducir los impactos negativos del narcotráfico en Honduras. La comunidad internacional, hoy más que nunca debe estar vigilante y ejercer presión a los gobiernos para transparentar los procesos de cambio en una incipiente democracia como la hondureña.
Hay que empezar por tomarle la palabra al presidente de los EEUU, de no asignar recursos del gobierno y pueblo norteamericano a narco estados y gobiernos corruptos, son muy valiosos para desperdiciarlos en una coyuntura de perdida creciente de empleo y competitividad global.
Tegucigalpa, 9 de marzo de 2017
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