La disputa entre la corriente progresista y la corriente liberal/conservadora en América Latina se está materializando en un hecho concreto: el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela en el Mercosur.

Según lo establecido por las normativas del bloque la presidencia es rotativa cada seis meses y se traspasa por orden alfabético. Por lo tanto, después de Uruguay le toca a Venezuela.

Sin embargo, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay están utilizando diversas excusas para evitar que Venezuela asuma ese rol, dejando a Uruguay en soledad con su firme postura de continuar con el traspaso.

El canciller del gobierno interino de Brasil, José Serra, sugirió la postergación del traspaso del mando por alguna vaga incompatibilidad que existiría vinculada a las negociaciones con la Unión Europea y porque -según él- al gobierno de Caracas le faltan credenciales democráticas en materia de derechos humanos.

En un artículo publicado por el diario O Globo el 10 de julio, un día antes de la reunión de los cancilleres del bloque en Montevideo, Serra reconoce que pidió la postergación del traspaso.

Allí afirmó que se debe a las denuncias de “prisiones arbitrarias, la creciente violencia en las calles y una gravísima crisis de desabastecimiento de alimentos y remedios”. En su artículo también cuestiona alguna “indefinición” en el proceso de incorporación de Venezuela al bloque en 2012 porque se dio cuando Paraguay estaba suspendida “con el pretexto de que la dimisión del entonces jefe de gobierno paraguayo, Fernando Lugo fuera antidemocrática, aunque se realizó siguiendo normas constitucionales” negando que un golpe de Estado parlamentario derrocó a Lugo. Serra además plantea que Venezuela tampoco cumple una serie de normas relativas a “cerca de 50 tratados negociados en el ámbito del bloque” que representan la “espina dorsal del Mercosur comercial” y que se tornan un “requisito indispensable”.

El día siguiente de la reunión en Montevideo la cancillería paraguaya, en sintonía con lo expresado por Brasil, “ratificó una vez más que el país que asuma la Presidencia Pro Témpore del Mercosur debe tener estabilidad interna, que le permita dedicarse a las reuniones que se realizan en el semestre, que son casi 200, y que además está el desafío con la Unión Europea.”

En síntesis, los dos países -y el apoyo tácito del gobierno argentino- esgrimen un conjunto de argumentos que buscan aislar a Venezuela del bloque e incluso revertir su incorporación.

Desde ya que existen posturas diferentes en toda la región respecto de la situación en Venezuela. Pero la puja interna dentro del Mercosur hay que verla en el contexto de una ofensiva política contra ese país que también impulsa Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Almagro hace muy poco redactó un documento pidiendo que se le aplique la llamada Cláusula Democrática a Venezuela sobre la base de las posturas y explicaciones de la oposición venezolana y no ha renunciado a su objetivo. En este contexto cuesta ver su reciente visita a Paraguay como un mero gesto protocolar.

El presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, por el contrario, ha rechazado abiertamente la postura de Almagro e insiste en que su país debe traspasarle la presidencia a Venezuela. La incorporación de Venezuela al Mercosur y la de Bolivia -que ya tiene voz pero no voto- fue parte de un momento en que la corriente progresista tenía la iniciativa política. Hoy la corriente liberal/conservadora se ha recuperado con el triunfo electoral de Mauricio Macri en la Argentina y el proceso de destitución en curso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y ambos países apoyan y sostienen abiertamente a la oposición en Venezuela. La disputa en América Latina está en curso y ahora está poniendo en peligro la continuidad del Mercosur.