Una herida más se abrió en el pecho de este sufrido pueblo. Una estocada infame de la brutalidad sin límites, sin solución de continuidad, en la historia de un pueblo signado por el infortunio. Y cuando se habla de pueblo hay que referirse a esa gran mayoría postergada, abusada, hambreada, que es la mayoría de esta sociedad. Ella es principalmente el campesinado pobre que no tiene derecho a vivir, como consecuencia de una concentración obscena de la tierra (tierra en su mayor parte malhabida), en manos de una minúscula pero criminal minoría latifundista.
Ese eslabón mayoritario y más débil, el que esforzadamente tratando de contrarrestar ese brutal muro que separa a los excluidos y olvidados de la minoría terrateniente, es el que debe recurrir desde su precariedad, a realizar ocupaciones para apuntar a constituir asentamientos en la mayor de las veces en tierras extensas –verdaderos territorios- ociosos.
En junio del año 2012, un grupo más de este sector social de excluidos, en el marco de los trámites para legalizar un asentamiento en un predio que pertenece al Estado paraguayo, constatado por ellos mismos desde la documentación obrante en el INDERT, órgano estatal que dice estar abocado al “desarrollo rural”, ocupó pacíficamente el lugar para avanzar en la instalación del asentamiento. De acuerdo a testimonios de ellos, la concreción del asentamiento no tardaría de lograrse.
En ese contexto, un contexto que es absolutamente natural en países de muy mala distribución de la tierra, de excesiva concentración como es rasgo común latinoamericano, en las primeras horas de una mañana de junio del 2012, la comunidad en proceso, es sorprendida por la irrupción abrupta de efectivos policiales fuertemente armados para iniciar lo que ellos llaman un “allanamiento” sin ningún sustento legal, alegando una ocupación irregular de la propiedad privada de Blas Riquelme, un tristemente célebre acólito del tirano Stroessner. Ante la legítima requisitoria de los campesinos de los documentos que avalen la legitimidad de esa supuesta propiedad privada, tuvieron como respuesta una macabra masacre dejando un tendal de muertos, en total 17 de los cuales 6 eran policías y el resto campesinos.
El caso sirvió para montar el vergonzoso llamado “juicio político” para destituir al Presidente Lugo, una semana después de la tragedia.
Lo que ocurre después es de público conocimiento. Lo grave de esta historia, es que los campesinos que sobrevivieron a esa desgracia de muerte y sangre, además de cargar como carne de cañón con el costo para el perverso montaje político que apuntó a quebrar la institucionalidad del Paraguay, fueron el día de ayer lunes 11 de julio, víctimas de una condena criminal de décadas de privación de libertad, después de un largo proceso que nunca pudo relevar prueba alguna que les vincule con delito alguno. Dicho en términos simples, las víctimas pasaron a ser victimarios. Nefasta ecuación de una administración de justicia, que no tuvo el menor cuidado, ni siquiera para pergeñar la impostura , expresada en una condena dictada por una triada de trogloditas que se presentaron como “tribunal de sentencia”.
Una herida más se abrió para este infausto pueblo. El múltiple crimen perpetrado por los poderes formales y fácticos que garantizan este sistema de despojo y hambre, e implementado por sus esbirros más miserables, como fiscales y jueces venales, marcó un capítulo que suma a la triste historia de esta tragicomedia que viene azotando a nuestro pueblo desde el final de la guerra grande. En la condena dictada ayer, que para algunos como Rubén Villalba se equivale prácticamente a una cadena perpetua, porque 35 años para un ser humano de 51 años que además de sobrevivir a la masacre de Curuguaty, soportó dos huelgas de hambre y padece de hipertensión, es condenarle a morir en prisión.
A nadie medianamente sensato le puede caber la menor duda de que el objetivo de esa nefasta triada de jueces, no es sino ocultar la verdad. Dejar impune a los verdaderos responsables morales y materiales de la masacre de Curuguaty, a través de un recurso recurrente en la justicia paraguaya como es, la expiación. Que el juicio a estos mártires campesinos, no es sino parte del plan de quienes por la vía del golpe institucional, usurparon la voluntad popular expresada en las urnas. De los poderes fácticos dominantes como son los dueños de las tierras y del agro-negocio que además de su voracidad insaciable que busca expandir sus tenencias, vio amenazada su dominación.
La infamia de ayer expresada en esa condena, es de esperar, sea el toque que promueva una reacción popular fuerte. Y si esa reacción fuerte tuviera que desembocar en un estallido social, pues que así sea, para salvar la integridad y la dignidad de nuestra patria.
Carlos Verón De Astrada
Miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasu
