Todavía hay hoy en Argentina manifestaciones discriminatorias y problema racial en especial hacia las comunidades indígenas, criticó el relator especial de la ONU sobre Racismo, Discriminación y Xenofobia, Mutuma Ruteere.

El representante de Naciones Unidas visitó las provincias de Salta, Formosa, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires donde analizó en particular la situación de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras procedencias.

También evaluó las condiciones de los descendientes de judíos, y otras comunidades como la homosexual, y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, explicó a un grupo de periodistas en la Oficina de la ONU en Argentina.

"Tuve la oportunidad de escuchar a todas las partes interesadas pertinentes en relación con el tema en cuestión para poder evaluar los avances realizados e identificar aquellos desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia", señaló Ruteere.

Manifestó que realizó "intercambios constructivos con el Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar los obstáculos a fin de lograr una aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas ya existentes".

Reconoció que Argentina ha desarrollado un marco jurídico y legal integral para la eliminación de la discriminación racial. Describió como positivo la protección a refugiados y solicitantes de asilo gracias a la aplicación del Plan Nacional contra la Discriminación de 2005.

El Relator Especial de la ONU también resaltó la ley progresista sobre migraciones con que cuenta Argentina, y los esfuerzos por hacer valer los derechos humanos, lo cual se destaca a escala internacional.

Pero todavía subsisten manifestaciones y actitudes racistas y discriminatorias que constituyen desafíos a superar, alertó.

"He encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes", afirmó Ruteere.

Además, la ley antidiscriminatoria no es -advirtió- lo suficientemente conocida por la población en general y los funcionarios públicos.

Eso ha llevado -añadió- "a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como el acceso a la vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o los servicios de salud".

Por otro lado, no existe un plan formal para la integración de los inmigrantes y a menudo estas poblaciones deben depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad, apercibió.

El experto argumentó que "una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata".

Ahondó que se les niega acceso a las necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada y de calidad. "Se encuentran en general excluidos de la vida social y política", manifestó.

Sobre este asunto, dijo que existe una ausencia de representantes de los pueblos originarios en cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos pueblos.

"Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes con su cultura y enfoque de la vida", concluyó el Relator de la ONU.