La comisión especial del Senado Federal brasileño encargada de examinar el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff quedará oficialmente instalada hoy en esta capital.

El acto formal se producirá durante la primera reunión del colegiado, convocada la víspera por el legislador más viejo de la Casa, Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En el encuentro serán elegidos el presidente del grupo de trabajo, así como el relator del pedido de impeachment.

Lira, anticipó la Agencia Senado, deberá ser confirmado para conducir el proceso, pues corresponde al PMDB, por ser el partido de mayor bancada, designar al titular de la comisión especial y su nombre además fue aceptado por consenso.

En el caso del relator, y de acuerdo con la proporcionalidad de las bancadas, correspondió al bloque de la oposición (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB; Demócratas, DEM, y Partido Verde, PV) indicar quién ocupará el puesto; mas la propuesta de Antonio Anastasia (PSDB) no logró consenso y deberá ser votada.

Al respecto, la senadora Gleisi Hoffmann (Partido de los Trabajadores, PT) argumentó que de aceptar ese nombramiento todos saben cuál sería el resultado del proceso, pues Anastasia expresó desde antes una "clara anticipación de juicio de valor sobre la culpa" de la Presidenta.

También la legisladora Vanessa Grazziotin (Partido Comunista de Brasil, PCdoB) advirtió que el tucano podría ser considerado incluso autor del pedido de impeachment, pues uno de los promotores de la denuncia contra Rousseff es el abogado Flavio Henrique Costa Pereira, coordinador jurídico nacional del PSDB.

La víspera, el plenario del Senado Federal homologó la composición de la comisión especial (21 miembros titulares y otros tantos suplentes designados por los partidos políticos y bloques partidarios) en un acto que fue solo para cumplir la formalidad.

Previo a la elección del colegiado, seis senadores presentaron al titular de la Casa, Renan Calheiros, una cuestión de orden para garantizar que los procesos de impeachment de la mandataria y del vice-presidente Michel Temer fueran juzgados al mismo tiempo en el Senado, pero el reclamo fue desoído.

Según Calheiros, la Constitución de Brasil solo permite proceder de ese modo cuando se trata de delitos cometidos por ministros de Estado y comandantes de las Fuerzas Armadas en relación objetiva con aquellos imputados a la Presidencia de la República.

Una vez instalada, la comisión especial contará con 10 días hábiles para que el relator presente su parecer sobre la admisibilidad o no del impeachment, el cual será debatido y votado en el seno de éste. Para aprobarlo se requerirá solo la mayoría simple.

Cualquiera sea el resultado de la votación en la comisión, la decisión final sobre la apertura o no del proceso de destitución corresponderá al pleno del Senado, que después de conocer el informe del relator tendrá 48 horas para someterlo a votación. Igualmente, su aprobación será por mayoría simple (41 votos de entre 81 integrantes).

En caso que el parecer del relator fuera favorable al juicio político y luego el plenario de los senadores lo rechazara, la denuncia sería archivada.

De admitirse el pedido, lo cual se estima pudiera quedar definido entre el 10 y el 11 de mayo, la Presidenta sería notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días para que los senadores concluyeran el proceso.