Desde ayer y hasta el día de mañana, en Nueva York, se realiza la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) para tratar sobre el problema mundial de las drogas.
En este contexto, 14 organizaciones civiles chilenas presentaron una declaración pública en conjunto, donde manifiestan su preocupación por la ausencia de participación de la sociedad civil organizada en el debate sobre sobre esta importante temática, problema que ha sucedido tanto en Chile como a nivel internacional.
“Hemos sido testigos de un innegable fracaso en la guerra contra las drogas, y el Estado chileno también es uno de los responsables, generando gravísimas vulneraciones sostenidas a los usuarios”, comentó la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, una de las organizaciones que firmó la declaración pública, Ana María Gazmuri. “En 40 años las Naciones Unidas no han logrado un avance significativo en la materia”, agregó.
Por otro lado, y en la misma línea de Gazmuri, el vocero de la Red Chilena de Reducción de Daños, organización también firmante de la Declaración Pública, además de Docente e Investigador de la Universidad Central de Chile, Ibán de Rementería, comentó que “ha habido un rotundo fracaso a nivel sanitario y a nivel legislativo”, y señaló que las organizaciones hoy protestan “porque la sociedad civil fue invitada a debatir y las tendencias mayoritarias no fueron tomadas en cuenta, abrazando la doctrina de la mano dura de países como Rusia o la República Popular China”.
Otra de las organizaciones firmantes es el Centro Cultural Cultiva Tus Derechos Valáraíso, Cultiva Valpo, cuyo Presidente, Eric Aichele señaló que la declaración “es manifestar una voz a nivel mundial para que las Naciones Unidas revisen la pauta de tratamiento sobre las drogas”.
Dentro de la declaración publicada por las organizaciones, se exige al Estado chileno que sea activo en el debate en la UNGASS y que considere lo aportes y preocupaciones de las organizaciones civiles.
“Estamos exigiendo que los Estados participantes en el debate se comprometan, entre otras cosas, al respeto de los derechos humanos”, sostuvo Gazmuri.
“Hoy día vemos cómo los Estados están generando gastos indiscriminados en prevención de drogas, lo que no ha dado resultados, por lo que ha llegado la hora de poner a prueba otra forma de hacer las cosas”, agregó Aichele, de Cultiva Valpo.
“Como conjunto de organizaciones exigimos que los Estados se comprometan a establecer un grupo técnico de trabajo para analizar los objetivos centrales del sistema internacional de fiscalización de las drogas; respetar, promover y garantizar los Derechos Humanos e igualdad de género en el debate; eliminar la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas; eliminar las sanciones penales por consumo de drogas; reorientar el enfoque punitivo a perseguir el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, entre otras”, puntualizó Gazmuri.
Dentro de las otras exigencias, las organizaciones sociales hablan de mejorar el acceso a medicamentos controlados, especialmente aquellos para el alivio del dolor y cuidados paliativos, además de reconocer que las mujeres encarceladas por delitos no violentos relacionados con drogas constituyen la población penitenciaria de más rápido crecimiento a nivel mundial, y dar un tratamiento efectivo a los menores de edad.
