El Secretario General de UNASUR, en relación con la  decisión de la Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil adoptada en el día de ayer de avanzar en el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, considera que, sin existir hasta el momento, una prueba que la incrimine de manera personal y directa en la comisión de un delito, esta decisión, se convierte en un motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región. 

La Presidenta solo puede ser procesada y destituida - revocando el mandato popular que la eligió-  por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas.