Campesinos procedentes de todo los rincones de Guatemala marchan a la ciudad capital para exigir el fin de la persecución política contra los defensores de derechos humanos y reclamar una reforma agraria y la nacionalización de la energía para acabar con la discriminación de las comunidades rurales.

“Se trata de una marcha pacífica”, explicó Mauro Vay, responsable del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una de las organizaciones convocantes, que esperan una concurrencia de 50 mil personas.

La marcha, que contará con varios puntos de partida, arrancará a las siete de la mañana y tiene previsto llegar al Congreso alrededor de las 10 de la mañana, para después desplazarse a Casa Presidencial e intentar reunirse con el mandatario Jimmy Morales.

Los puntos de salida serán: Centra Norte, para enfilarse sobre la Calle Martí, puente del Anillo Periférico, Trébol rumbo a la Avenida Bolívar y el Obelisco.

Vay advirtió que “dependerá” de la respuesta de Morales la actitud que tomarán los campesinos en las próximas semanas.

Adelantó que, de no atender sus demandas, los campesinos se plantean tomar las carreteras y paralizar el transporte.

A este respecto, la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) ha criticado este tipo de medidas ya que “atentan contra la libre locomoción y comercialización de quienes transitan por las vías que serán bloqueadas, y ponen en riesgo la vida e integridad física de la población”.

“Hacemos un llamado al Presidente de la República y a las autoridades correspondientes, para que eviten bloqueos por parte de los manifestantes, ya que esta acción impide la construcción de un Estado de Derecho”, aseguró la directora ejecutiva de ALDS, Carolina Castellanos, en un comunicado.

Con esta manifestación, los campesinos quieren denunciar la persecución política que sufren los defensores de los derechos humanos: “Yo estuve tres meses y tres días en la cárcel por defender a los campesinos”, aseguró Vay.

Asimismo, reclaman una reforma agraria que “confisque” las tierras a los grandes terratenientes y las distribuyan entre los campesinos.

Paralelamente, exigen una nacionalización de la energía para garantizar la prestación del servicio a toda la población y medidas que aseguren el acceso a la sanidad y la seguridad alimentaria.