Diversas organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espirituales, de defensores de derechos humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas convocamos a construir una Mesa Social para la Paz que contribuya a la solución del conflicto social, político y armado. Invitamos a todos quienes estén interesados en la construcción de la paz y la democracia a dar forma a esta iniciativa. Para ello compartimos las ideas que se expresan en el siguiente llamamiento:
Al Gobierno Nacional.
A las organizaciones y articulaciones de mujeres.
A los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
A las organizaciones sociales del país.
A las pobladoras y pobladores urbanos.
A los jóvenes, deportistas y artistas.
A las organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos.
A las organizaciones sindicales.
A la academia y los estudiantes.
A las iglesias y a las comunidades basadas en la fe.
A los gremios económicos.
A los partidos políticos.
A las organizaciones insurgentes.
A los medios de comunicación.
A la diáspora colombiana y los exiliados.
A Colombia entera y a los pueblos solidarios del mundo.
La necesidad y posibilidad de que Colombia profundice la democracia están a la orden del día. Para que ello se haga realidad, el país requiere una amplia reforma política cuyos componentes esenciales son la realización de los derechos sociales y económicos de la población, la superación de la inequidad social y la adopción de transformaciones institucionales y culturales que rompan el largo ciclo de la violencia y la intolerancia políticas que hemos vivido. Esos imperativos solo podrán materializarse con la participación directa, vinculante y decisoria de la sociedad y el compromiso de los actores claves del país.
Nos encontramos en un momento clave para resolver algunos de los conflictos del país, en tanto se desarrollan diálogos entre el gobierno y las insurgencias para terminar el conflicto armado, cuyo éxito depende en gran medida de la realización de transformaciones estructurales. Pero, justo en este proceso se corrobora que su principal debilidad es la escasa participación de la sociedad. Todos hemos resentido esta carencia y reconocido que la participación ciudadana es determinante para darle el impulso que requiere el proceso con las FARC en La Habana, posibilitar los diálogos públicos que se avecinan con el ELN y potenciar los agentes sociales que lideren transformaciones hacia una paz con justicia social.
Participación de la sociedad: condición necesaria para avanzar en la construcción de Paz
Los diálogos entre el gobierno y las FARC se encuentran en una fase decisiva, en la cual deberán discutirse cruciales temas, entre otros, resolver cómo se abordarán las llamadas ‘salvaguardas’ que esa organización mantiene sobre la mesa de diálogo y los puntos ‘pendientes’ de acuerdo. Nos parece evidente que para dar un salto en este proceso particular se requiere la participación de la sociedad, que ha mostrado ser un elemento eficaz para destrabar momentos de la negociación. Esto se evidenció en el tratamiento de los derechos de las víctimas, donde su participación directa ha sido determinante para encontrar alternativas de justicia, verdad, reparación y no repetición, tal como lo reconocen las FARC y el Gobierno Nacional. Para subsanar esa necesidad de participación, varios actores políticos –no sólo las FARC– han señalado la necesidad de hacer realidad una Asamblea Constituyente que aborde esas temáticas y refrende los acuerdos.
Por otra parte, la proximidad de la instalación de una Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN exige un nuevo impulso a la participación social y ciudadana. Esta organización insurgente ha insistido en que la vinculación de la sociedad como sujeto activo en el proceso es un componente facilitador de sus diálogos directos con el gobierno, como quiera que es la sociedad –en su diversidad y pluralidad- la que debe superar, también mediante el diálogo y la negociación, buena parte de las contradicciones sociales y políticas que han dado lugar al conflicto armado. La información de los medios de comunicación y las declaraciones de los directos implicados permite considerar que el Gobierno Nacional y el ELN han acordado darle cabida a la participación decisoria de la sociedad en esos diálogos de paz.
Mesa Social para la Paz
Las organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de derechos humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas abajo firmantes entendemos que nuestra responsabilidad con la superación del conflicto armado y la construcción de la paz nos obliga a atender esta demanda explícita del proceso de paz y la demanda histórica por un nuevo pacto democrático para Colombia. Por ello, ofrecemos nuestras organizaciones y nuestra voluntad política para constituir un escenario que aporte decididamente a la terminación del conflicto social, político y armado.
En la búsqueda de este propósito, consideramos que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que hemos llamado Mesa Social para la Paz. Se trata un escenario donde nos encontremos cara a cara el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz.
Consideramos que la Mesa Social para la Paz y las mesas de negociación entre la insurgencia armada y el gobierno son complementarias, pues el trasfondo del conflicto armado es social, político y económico. Sin embargo, no son mutuamente dependientes: aunque los acuerdos de la Mesa Social para la Paz obviamente inciden en favor de la terminación de la guerra, en cambio, éstos no pueden depender de los resultados de las mesas entre el gobierno y la insurgencia armada.
Esta propuesta se convierte en un espacio complementario de los diálogos con la insurgencia, en la medida que puede abordar y resolver con legitimidad y consenso social problemáticas que no sean abordadas en la mesa entre el Gobierno Nacional y las FARC, así como ser uno de los escenarios de participación decisoria de la sociedad en la perspectiva que han venido acordando el ELN y el Gobierno Nacional. Sin embargo, serán el gobierno y las insurgencias quienes determinen el alcance práctico que tendrán los acuerdos sociales sobre sus propias negociaciones. La Mesa Social para la Paz deberá tener una permanente interpelación con las insurgencias y el gobierno para concertar esas formas específicas de complementariedad.
Es así como se espera que se desarrolle una negociación autónoma y transformadora entre el movimiento social, el empresariado, la academia, las comunidades basadas en la fe, los partidos políticos y el Gobierno Nacional en perspectiva de construir la paz y avanzar en grandes transformaciones.
El alcance, la composición y la agenda de la Mesa Social para la Paz debemos acordarlos entre todos los sectores que aceptemos este llamado. Desde el campo popular hemos venido construyendo una agenda histórica propia sobre las transformaciones necesarias para la transición hacia la paz y pensamos que es fundamental que sea la base de la negociación, en tanto son asuntos que hacen parte del conflicto social y político.
A esta Mesa Social para la Paz llamamos al Gobierno Nacional, al empresariado colombiano y transnacional, a las Fuerzas Militares, a los militares en retiro, a los medios comerciales de comunicación, a los partidos políticos, a los gobiernos regionales, así como a la academia y a las iglesias y comunidades basadas en la fe. Las insurgencias deberán tener un lugar en este espacio de participación y construcción de paz, así como los gobiernos extranjeros que han tenido elevada incidencia en el conflicto armado o que pueden tener un papel clave en la construcción de la paz, estos últimos podrían cumplir el papel de facilitadores, veedores y garantes del proceso.
Consideramos viable hacer confluir estas agendas e intereses, y, a partir de ellas, construir consensos y acuerdos políticos firmes y duraderos en el seno de la sociedad colombiana para una nueva democracia. Éstos deberían expresarse en acuerdos políticos para la transición, propuestas o consensos sobre políticas públicas que puedan implementarse tanto en el proceso mismo de diálogos de paz, como en la transición democrática. Los acuerdos, pactos y consensos que logremos en la Mesa Social para la Paz pueden adoptar el espíritu y el formato de un espacio preconstituyente, sin desmedro de los pactos y acuerdos que se puedan implementar de forma inmediata.
Para constituir este espacio de diálogo y negociación para la paz, quienes subscribimos este llamado nos disponemos a intensificar un Gran Diálogo Nacional con el más amplio espectro de actores sociales y políticos del país, incluido el gobierno nacional y las insurgencias, para ir allanando ese camino de paz con justicia social y equidad como anuncios de una nueva nación. Una Comisión de Impulso de este diálogo tiene las puertas abiertas a todos los actores interesados en la construcción de la paz y la democracia.
Convocantes iniciales:
Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social Discapacidad Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sunmcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).
