La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es uno de los temas pendientes en la Asamblea Nacional. La Comisión de Soberanía Alimentaria, que maneja esa normativa, ya entregó el informe con los resultados de las audiencias provinciales que se desarrollaron con las organizaciones sociales de Ecuador.

“El documento con los datos de la consulta prelegislativa, desarrollada en junio y julio, fue receptado por la presidenta de la legislatura, Gabriela Rivadeneira. Nosotros esperaremos a que ella ponga la fecha para iniciar la mesa nacional de diálogo”, manifestó el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de esa Comisión. En el reporte se indica que “los consensos superaron los disensos” en el análisis sobre la Ley de Tierras.

El documento indica que hay conformidad entre los representantes de las organizaciones sociales. En la iniciativa el Estado garantiza el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral de tierras y territorios con procesos de legalización. Se reconocen los rasgos distintivos de cada comuna ancestral. “Estuvieron de acuerdo en que los procesos de adjudicación de tierras deben permitir el desarrollo productivo, la construcción de la vivienda rural, así como el crecimiento integral de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades…”. Sin embargo, organizaciones indígenas y campesinas solicitan que se incluyan otros puntos en la nueva ley. La mañana del lunes, los dirigentes que integran la agrupación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-vía campesina) pidieron que sus planteamientos sobre la Ley de Tierras sean escuchados y receptados en el órgano legislativo.

Ellos se reunieron en el parque de El Arbolito, centro de Quito, para exponer sus planteamientos. “El presidente tiene que reunirse con las organizaciones. Es un pedido que le hacemos para avanzar en el proceso de diálogo sobre equidad”, dijo José Agualsaca de la CLOC.

Ellos insistieron en que se ha demorado el análisis y trámite de la Ley de Tierras en la Asamblea Nacional. También solicitaron que, de forma “urgente”, se desarrolle y explique cómo se realizará el proceso de redistribución de tierras.

Para Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, uno de los temas que no se incluye en la Ley de Tierras es la extensión que deben tener los terrenos. La idea es que se establezcan las medidas máximas que debe tener un predio antes de ser entregado, evitar los latifundios y así garantizar el consumo de alimentos. Según el dirigente, esta iniciativa se ha planteado en Brasil para regular la posesión de tierras que se concentraban en grupos de poder y las compañías transnacionales.

Rómulo Quimís es titular de la Confederación de Afiliados al Seguro Campesino. Enfatizó que debe agilitarse el trámite de la Ley de Tierras. “Se ha demorado mucho porque ya debería concretarse esta ley para dar seguridad a los compañeros que les han sido entregadas las tierras”. Agregó que en el cuerpo normativo se debe incluir el contenido de lo que es soberanía alimentaria. “Si no se especifica que la tierra debe ser trabajada en este tema, las condiciones de los pequeños y medianos productores desmejorarán”.

Reunión con Senplades

Antes de la entrega del informe con las recomendaciones y sugerencias sobre la nueva normativa, la Comisión de Soberanía Alimentaria mantuvo reuniones de socialización con decenas de organizaciones sociales y campesinas del país.

Entre los puntos que se trataron estuvo el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En este tema, los dirigentes manifestaron que hubo acuerdos.

Además se reconoció el uso y usufructo en los territorios. En el informe entregado a la presidenta de la Asamblea se indica que en este punto hubo “un alto nivel de consenso” porque se reafirman los principios de plurinacionalidad e interculturalidad que reconoce el Estado. Además se trata de un instrumento de garantías que les permitirá operar a los dueños de las tierras en el sistema financiero y ser beneficiario de los planes y programas sociales que otorga el Estado.

La mañana del lunes, los dirigentes de la CLOC se reunieron con las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Yrma Domínguez, de la Comisión Política de esa agrupación, dijo que la cita duró más de dos horas y que se configuró la hoja de ruta con la que se establecerán los diálogos con el Gobierno para que se escuchen sus propuestas, que se enmarcan en la agenda por la reforma agraria.

Para la próxima semana, explicó, se prevé que se realice una reunión en Manabí. Allí se analizarán los temas que presentarán como propuestas para ser incluidos en la Ley de Tierras.