El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) inauguró un Foro de participación social con la realización de la Primera Consulta Pública, efectuado en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, en el que participaron más de 80 organizaciones que plantearon la necesidad de “vincular la economía y los derechos humanos, para que efectivamente se reduzcan las desigualdades”.

Las organizaciones, provenientes de los estados miembro del Mercosur, participaron del foro y destacaron la creación de ese espacio del IPPDH como un avance para recuperar el rol estratégico de la participación social.

Señalaron, también, que el desafío será “pensar juntos cómo y cuáles son los mecanismos”, además plantearon la necesidad de avanzar en la” ciudadanía social” y en “vincular la economía y los derechos humanos, para que efectivamente se reduzcan las desigualdades”.

La actividad fue encabezada, ayer, por Paulo Abrão, secretario ejecutivo del IPPDH, y entre otros, participaron Pepe Vargas, ministro de la Secretaría de Derechos Humanos del Brasil y Florisvaldo Fier, Alto Representante General del Mercosur, quienes coincidieron en el valor de la participación social y el espacio de la Consulta Pública en la región.

Abrão -al abrir el evento, organizado también por la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur (UPS)- remarcó que el espacio tiene como capacidad generar diálogo y avanzar en conquistas efectivas de las poblaciones, resaltando lo dicho por el ministro Vargas: “no hay democracia sin derechos humanos ni derechos humanos sin democracia”.

A su turno, Mariana Vázquez, coordinadora de la UPS, manifestó que esta fue la primera actividad que concreta un proceso participativo de esta índole, que se traduce en el compromiso de los gobiernos del Mercosur de ampliar las bases de representación y participación social.

El IPPDH del Mercosur es una instancia intergubernamental creada en el 2009 y tiene como funciones principales la cooperación, la investigación, la capacitación y el apoyo en la coordinación de políticas regionales de los derechos humanos.