Pese a la gran cantidad de documentos que identifican las diversas amenazas que el incontrolado avance de las corporaciones monopólicas sobre la red internet y las tecnologías digitales supone para los derechos humanos y el desarrollo equitativo de las poblaciones, la acción estatal frente a este hecho, tanto en términos de medidas de gobierno como de regulación legislativa no parece seguir el mismo ritmo.