Por Mariano Vázquez y Natalia Carrau | Hoy en día, está muy en boga hablar de “régimen” para referirse de manera peyorativa y despectiva a ciertos países, casi siempre de izquierda, utilizando la calificación de manera antojadiza y selectiva. El objetivo no es discutir el alcance del término, sino traer al debate público la realidad de El Salvador y lo que muchas organizaciones salvadoreñas han estado denunciando desde hace varios años, sin obtener la resonancia que otras realidades complejas han tenido y sin despertar la preocupación y alarma que generan en otros países.
Nayib Bukele inició en junio de este año su segundo período presidencial. De personalidad fuerte ha logrado romper el bipartidismo tradicional en El Salvador para erigirse en un mandatario de características autocráticas. Su popularidad radica en el “éxito” del combate a la inseguridad en un país que tenía una de las cifra de asesinatos más altas del mundo, pero que vino de la mano de masivas violaciones a las garantías constitucionales y judiciales.
Durante su presidencia, las denuncias de abuso de autoridad, ausencia del debido proceso y violaciones a los derechos humanos se han multiplicado exponencialmente. Y como muestra basta un botón: El portal El Faro, muy perseguido por el bukelismo, acaba de denunciar que la policía encarceló a una víctima de las pandillas acusándolo de pandillero. Así lo cuenta: “La familia presentó pruebas de que no era pandillero. Al contrario, durante décadas fue víctima: recibió amenazas de muerte por no pagar la renta, atestiguó el asesinato de uno de sus empleados y dos de sus hermanas recibieron asilo político en Estados Unidos por las amenazas de las pandillas. Un juez ordenó su libertad condicional diez días después de su arresto, pero las autoridades lo recapturaron por el mismo delito”.
Detenciones, tortura y muerte
Este régimen de excepción, aprobado inicialmente como respuesta a la ola de violencia ha sido prorrogado veinte veces, convirtiéndose en una herramienta de represión. A pesar de la magnitud de estas violaciones, la situación en El Salvador ha recibido una atención internacional limitada en comparación con otros países que también enfrentan crisis de derechos humanos y políticas. Se exacerba el “éxito” de la lucha contra la delincuencia, pero se ocultan los “daños colaterales”.
La organización de derechos humanos Cristosal, en su informe “El silencio no es opción” ha documentado que 261 persona detenidas murieron en el marco del régimen de excepción que debían ser custodiadas por el Estado. El listado incluye a cuatro bebés. La falta de información oficial indicaría un número mayor de víctimas.
Denuncia la investigación que “el régimen de excepción, que el Gobierno de El Salvador presentó en marzo de 2022 como una medida de naturaleza excepcional para combatir a las pandillas, se ha convertido dos años después en un estado de excepción permanente y generalizado. Al amparo de la suspensión de derechos y garantías constitucionales que esta medida permite, en el país se cometen constantes detenciones arbitrarias, se violan de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares, y se somete a comunidades y municipios enteros a operaciones de ocupación policial o militar durante las cuales sus habitantes quedan sujetos de manera absoluta al mandato arbitrario de agentes de policía y soldados”.
En sus 126 páginas de horrores, Cristosal concluye que la cifra oficial de personas detenidas en este período alcanzó las 79,211. Las denuncias incluyen detenciones sin pruebas, falta de notificación de los motivos de arresto, prolongación ilegal de la detención a pesar de órdenes de liberación, y muertes bajo custodia con signos de tortura.
Silvia Quiroa, integrante del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), explica que estas acciones parecen dirigidas especialmente contra trabajadores y trabajadoras, líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos. Además, se reporta que las detenciones, inicialmente concentradas en áreas urbanas, se están extendiendo a territorios rurales, afectando incluso a mujeres, quienes también han denunciado violaciones de derechos humanos.
Aquí parte del testimonio que brindó para esta nota: “La situación de El Salvador en cuanto a la criminalización de la población más empobrecida se ha incrementado. Desde el régimen de excepción instalado en marzo de 2022 con el decreto 333, donde hay cinco artículos que le otorgan a las fuerzas públicas, fuerzas armadas y a la Policía Nacional Civil plenos poderes para un supuesto restablecimiento del orden y seguridad ciudadana y el control del territorio. Sin embargo, el régimen ha capturado en dos años a unas 79 mil personas, muchas de ellas inocentes ubicadas en las zonas más deprimidas del país, violentando derechos, suspendiendo las garantías constitucionales como el derecho a un juicio justo como es el caso de nuestro hermano José Iván Arévalo Gómez que en la madrugada del 29 de agosto fue sacado de su habitación donde descansaba junto a su familia. José es un compañero militante de los pueblos indígenas y miembro del MOVIAC, un luchador por los derechos del pueblo, por la defensa de la vida y del territorio”.
Un sistema carcelario lucrativo
A pesar de la falta de acceso de las familias a los detenidos, el sistema carcelario exige que estas entreguen paquetes mensuales con artículos básicos para sus seres queridos, a un costo de entre 60 y 80 dólares.
Bukele, quien asumió la presidencia en 2019 y fue reelegido en 2024 -a pesar de la prohibición constitucional de la reelección en un proceso muy cuestionado por atropellar las instituciones- ha consolidado su control sobre el Poder Judicial y Legislativo. Su principal “logro” ha sido una política de mano dura contra las pandillas, la cual ha sido aplaudida tanto dentro como fuera de la región. Las denuncias de abuso de poder no hacen mella en su imagen que tiene picos de hasta un 90%.
También ha promovido numerosos megaproyectos, desde represas y complejos residenciales hasta resorts turísticos, bajo el lema de un “Nuevo El Salvador”. Sin embargo, estos negociados han sido vinculados a desalojos forzados, persecución y encarcelamiento de opositores, y graves riesgos ambientales. El propio Arévalo Gómez es uno de los que resistieron la construcción de la octava represa sobre el Río Sensunapan en el departamento de Sonsonate.
Arévalo Gómez no es el primer defensor del territorio y de los pueblos indígenas detenido. Como él, se denuncia que al menos tres dirigentes del Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), que se oponen a estos negocios, han sido arrestados bajo el régimen de excepción. En todos los casos hay riesgo de vida, pues como denunció la organización Socorro Jurídico Humanitario al 31 de agosto el número de víctimas mortales del régimen de excepción asciende a 311.
Las denuncias de muertes y arbitrariedades parecen no incomodar en lo absoluto a la máxima autoridad del país. El 29 de agosto, la revista Time publicó en portada una extensa entrevista a Bukele. La tapa hace gala de lo que el propio mandatario se ufanaba en mostrar: “El hombre fuerte. Cómo el Presidente de El Salvador Nayib Bukele se convirtió en el autoritario más popular a nivel mundial”. Uno de los extractos que Bukele elige mostrar señala: “Todo en la vida tiene un costo y el costo de que me digan autoritario es demasiado pequeño como para que me moleste mucho. Ahora, no me gusta, pero tampoco me quita mucho el sueño.” Si esto dice el presidente, ¿se puede esperar el respeto de los derechos humanos de instituciones policiales y de defensa?
El caso de Arévalo Gómez
La detención de José Iván Arévalo Gómez, referente del pueblo Nahuat, defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas, ejemplifica la represión selectiva del régimen de Bukele. Su paradero actual es incierto, y organizaciones nacionales e internacionales están exigiendo su liberación inmediata, alertando sobre el riesgo a su vida.
Lejos de tratarse de un caso aislado o de un acto delictivo común, la detención de Gómez es vista por muchos como un ejemplo de la persecución sistemática que enfrentan aquellos que defienden los derechos de las comunidades rurales e indígenas en el país. “No estamos frente a un pandillero”, afirman sus defensores, subrayando que se trata de un activista comprometido con la protección de los territorios y medios de vida de comunidades vulnerables.
La situación se agrava en el marco del estado de excepción impuesto por el gobierno salvadoreño, donde los procedimientos de detención se han vuelto opacos y arbitrarios. Según reportes, las personas detenidas son llevadas a paraderos desconocidos, donde se les imputa cargos de manera discrecional. Hasta el sábado pasado, la información indicaba que Gómez se encontraba en la delegación de la policía de Santa Ana. Sin embargo, hoy su destino es desconocido, lo que aumenta la preocupación por su seguridad.
Ante este escenario, se ha lanzado un llamado urgente a elevar la alerta externa. Existe un esfuerzo regional e internacional para romper el cerco mediático impuesto por el gobierno salvadoreño, con la esperanza de que la presión pueda forzar su liberación.
Silvia Quiroa expresó: “Estamos exigiendo su inmediata liberación basada en principios de justicia que establece la Constitución del país y los tratados internacionales firmados por El Salvador como la Declaración de los Pueblos Indígenas. Además, pedimos a la comunidad internacional vigilar los acontecimientos del país y romper la desinformación que asegura que El Salvador es uno de los países de la región más seguro. Por eso queremos decirles que en El Salvador siguen habiendo desaparecidos, jóvenes, mujeres, niñas, niños, y que ahora no cuentan en las cifras y estadísticas”.
Las organizaciones que abogan por la liberación de Arévalo Gómez demandan al gobierno salvadoreño el respeto a los derechos humanos y la liberación inmediata de los detenidos bajo el régimen de excepción. También instan a la comunidad internacional a intervenir, acompañar y verificar la integridad física de los detenidos y asegurar que se respeten los principios de justicia establecidos en la Constitución salvadores y tratados internacionales.
El caso de El Salvador plantea una pregunta inquietante para la comunidad global: ¿Estamos dispuestos a ignorar las violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad y el control, o es hora de enfrentar el costo real de un régimen autoritario?
Mariano Vázquez en X: @marianovazkez
Natalia Carrau en IG: @misotras_yo
