El tablero político latinoamericano ha virado en los últimos años en reñidos procesos electorales, que, aunque lograron colocar gobiernos progresistas en países como Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Brasil, dan cuenta de que los poderes económicos, las derechas y los neo conservadurismos se mantienen robustos en la región, condicionando los programas de las nuevas administraciones y hasta tensionando las alianzas electorales hacia el interior. La post pandemia y el conflicto bélico en Europa ponen en jaque las economías mundiales con sus efectos, y la hegemonía de Estados Unidos en la región y el mundo, se ve cuestionada ante la emergencia de China.

En ese contexto es que siete ex presidentes latinoamericanos, ex cancilleres, ex ministros y ex parlamentarios, entre otras figuras políticas, hicieron llegar una carta a 12 presidentes de la región para impulsar una nueva Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La idea de rescatar del olvido la Unasur no es nueva, sino que ha sido predicada fervientemente por figuras pertenecientes al Grupo de Puebla, la articulación de líderes progresistas de la región que ha tenido un rol clave en la reactivación de la CELAC, adormecida desde 2017; en la defensa de la vida del presidente Evo Morales, cuando ocurrió el Golpe de Estado en Bolivia, y en la construcción de una postura rebelde de varios países de la región ante la última cumbre de la OEA, vaciada de autoridades en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Desde el Grupo de Puebla, hace tiempo que se esgrime la necesidad de volver a articular la región. Así lo han hecho Marco Enríquez Ominami (ex candidato a la presidencia de Chile), Celso Amorim (ex canciller de Lula, en Brasil) y Ernesto Samper, (ex presidente colombiano), entre otros que impulsaron el envío de una carta y para quienes “es tiempo de dejar atrás una historia de sueños rotos, promesas incumplidas y oportunidades perdidas”.

La misiva, cuya versión final estuvo lista el día de la segunda vuelta en Brasil, fue impulsada además de los actores ya mencionados, también por otros que en la última década del siglo pasado y la primera de éste representaban los intereses del Mercosur como proyecto político de integración comercial (y económico), como Michelle Bachelet o Eduardo Duhalde.

“América Latina registra más de un cuarto del total de fallecidos por COVID, experimentó una recesión doblemente más profunda que la de la economía mundial y vio aumentar en cerca de 50 millones el número de personas que viven en condiciones de pobreza. Priman en la región la fragilidad de las estructuras productivas, la acentuación de la dependencia de un número reducido de productos primarios, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la fragmentación política que impide levantar una voz común frente a los asuntos globales”, es el diagnóstico sobre la región que presenta la carta que recibieron Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Luiz Inacio “Lula” da Silva (Brasil), Guillermo Lasso (Ecuador), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Irfaan Ali, (Guyana), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Pedro Castillo (Perú), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Chan Santokhi (Surinam) y Nicolás Maduro (Venezuela).

También define “las cuatro mayores amenazas que acechan a la región: cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria”.

El mensaje, recoge los logros del bloque creado en 2008 por iniciativas de Venezuela, Brasil y Argentina (Hugo Chávez, Lula Da Silva y Néstor Kirchner) y también los defectos que impidieron su continuidad, luego del giro político en varios de los gobiernos que la integraban; establece una agenda prioritaria e incluso evalúa las acciones que habría que promover para revitalizar rápidamente el organismo del que se retiraron siete de sus doce miembros originales.

Entre los logros valora sus esfuerzos en materia de manejo de crisis político-institucionales y destaca el funcionamiento del Consejo de Defensa, pero lamenta su “débil capacidad de ejecución, la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva y el abuso del veto implícito en la regla del consenso en los procesos de toma de decisión”, que facilitaron su paralización y terminaron por abonar el intento de sustituirla por el llamado Foro para El Progreso de América del Sur (PROSUR) en el 2019, que no prosperó.

De acuerdo con una entrevista que otorgó a Página|12 Guillaume Long, ex ministro de relaciones exteriores de Ecuador y autor, junto a Natasha Suñé, la asesora legal de la Asamblea Nacional ecuatoriana, del informe “Hacia una nueva Unasur”, el organismo jugó un importante rol en la defensa de la democracia en la región: siguió de cerca y fue denunciante del golpe de estado en Honduras en 2009, durante la rebelión policial en Ecuador en 2010, el golpe parlamentario contra Lugo en Paraguay en 2012 y el impeachment contra Dilma Rousseff en 2016.

A juicio de Long, “una Unasur revitalizada también podría impulsar una mayor diversificación económica, dar vuelta la matriz productiva para dejar de ser una región que principalmente exporta materias primas”.

Según la carta enviada a presidentes sudamericanos (aún a los de diferente signo político), la nueva Unasur debería garantizar el pluralismo y una proyección “más allá de las afinidades ideológicas y políticas de los gobiernos de turno”, sustituir la regla del consenso que termina generando un efecto paralizante, por un sistema de toma de decisión con quórums diversos dependiendo de las materias a resolver; incorporar nuevos actores que complementen el esfuerzo de los gobiernos y de los parlamentos (aunque no menciona a los movimientos sociales más allá de movimiento obrero) y privilegiar la puesta en práctica de una agenda de temas prioritarios.

Entre ellos destaca acciones que deberían llevarse adelante en temas como: autosuficiencia sanitaria, migración, cambio climático, conectividad vial, férrea y energética la región del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el potenciamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cooperación entre empresas de la región, construcción de planteamientos comunes para llevar a organismos como el G20 y sobre la deuda externa y financiamiento internacional; integración monetaria, seguridad; educación y capacitación para el nuevo mundo del trabajo digitalizado, regulación de los monopolios tecnológicos.

La ola de gobiernos reaccionarios que sucedió a la década ganada en Latinoamérica, hizo también sus esfuerzos por resucitar bloques de articulación como el grupo de Lima, la Comunidad Andina (CAN), o la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En ese sentido los propios mentores del rescate a la Unasur se preguntan por la necesidad de trascender los debates ideológicos para avanzar en la constitución de estructuras de integración más estables y duraderas, en un mundo en el que, amenazado el unipolarismo, el debate internacional parece adquirir mayor volúmen cuando sus actores son bloques, más que países.

El reciente cambio de signo político en Colombia y, principalmente, el retorno del lulismo en Brasil, al parecer, reavivó la apuesta. No debemos olvidar que fue el gigante sudamericano quien la década pasada lograba presentarse ante el mundo como síntesis de la integración sudamericana.

Queda claro que la necesidad de construir espacios de integración es fundamental y la pandemia -ese momento en la historia que hizo volar todos los consensos por el aire y demostró de manera brutal la la necesidad del Estado, pero también su debilidad ante la concentración económica- ha dejado grandes enseñanzas al respecto en la región.

¿Basta en el mundo de la post pandemia y la guerra que se libra en múltiples dimensiones con la mera integración entre estados? ¿Es suficiente la decisión política de países individuales, para trascender el péndulo que pone a nuestras democracias entre progresistas que intentan construir estructuras que actúen en favor de los pueblos y nuevas derechas que luego lo barren todo?

América Latina, en posesión de infinidad de recursos estratégicos, no está condenada a jugar un papel “irrelevante” a nivel regional o mundial (tal como dice la carta), si sus pueblos se convencen de ello.

*Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)