El relato del periodista Carlos Pagni sobre las circunstancias en las que jueces federales reaccionaron con medidas procesales ante la inminencia de una tapa del diario La Nación que les iba a lanzar una imputación política gravísima constituye una evidencia más, aunque especialmente significativa, de las condiciones complejas que afectan a la publicación y circulación de noticias en la Argentina.
Sus palabras en el canal televisivo de la misma empresa que edita el diario, que además las reprodujo al día siguiente, abrieron una gran cantidad de preguntas pero confirmaron una certeza ya enunciada: las líneas editoriales, las noticias elegidas y la forma de presentarlas están dramáticamente disociadas del ideario del periodismo.
Más aún, las prácticas cotidianas de la mayor parte del sistema mediático se contrapone al conjunto de principios y buenos propósitos que con tanta frecuencia se autoadjudica el sector para erigirse como magnánima equidistancia entre intereses políticos, económicos y sociales, como referencia moral a la mano para propiciar el bien común, como reserva de neutralidad ante mezquindades que siempre son de otros.
Antes del 10 de diciembre de 2019 COMUNA sostuvo que el comienzo de un nuevo período político reactualizaba la necesidad de debatir, definir y erigir en el país un sistema de medios acorde con la democracia, para que pudiera aproximarse a la aplicación de principios que estos medios no observan, como lo confirman las palabras de Pagni.
Que La Nación tuviera preparada una tapa con un “escrache” a jueces que iban a ser definidos como “cómplices del kirchnerismo” por no avanzar para condenar a dirigentes de esa orientación política, y que los jueces la evitaran disponiendo prisiones preventivas, es también demostrativo de la capacidad de coacción de las empresas de medios ante los poderes públicos.
Las preguntas son muchas e inquietantes: qué fórmula o parámetro legal se iba a usar para el ataque a los jueces; al servicio de quién el diario iba a realizar este ataque político tan puntualizado, siendo que hay mil posibilidades de desarrollar un enfoque crítico sobre muchos sectores del Poder Judicial y sobre el conjunto, con las debidas fuentes, citas, estadísticas y diversidad de opiniones.
El contenido de la tapa de la siguiente edición de un diario no es algo que las empresas periodísticas ventilen alegremente, dejando trascender su contenido. En general es una información que hasta entrar a imprenta manejan unas pocas personas, por la lógica de competición mercantil que rige a la actividad. Otra pregunta es, entonces, cómo los jueces accedieron a la información sobre la publicación que, según Pagni, La Nación tenía decidida. Y la siguiente: cómo la frenaron, qué negociación se abrió para que la empresa aceptara esperar que Sus Señorías tomaran las medidas que se les reclamaban, privar de la libertad a “acusados K”.
También se plantea la pregunta sobre las motivaciones que Pagni haya tenido para hacer una exposición tan descarnada de una práctica que repudia la ética periodística por parte de la empresa que, se supone, paga su salario. Y más: por qué La Nación se lo permitió, no solo en el canal televisivo, sino en las páginas impresas del día siguiente y en la versión digital.
Que ciertas empresas informativas, jueces, fiscales, espías y legisladores están coludidos para fines políticos y económicos propios y de sectores para los que operan no es novedad en absoluto. Clara evidencia de ello es la causa en curso en el Juzgado Federal de Dolores por maniobras extorsivas, en el caso que involucra a Marcelo D’Alessio, articulista de Clarín, panelista televisivo, espía o falso espía muy vinculado a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich; al fiscal Carlos Stornelli y al periodista de Clarín Daniel Santoro.
Pero, aunque no es novedad, reactualiza una exigencia política profunda: para ser efectiva y real, la democracia necesita discutir y definir un sistema de medios más diverso, más rico, plural, en el que no tengan una posición dominante abusiva empresas que aplastan a los competidores y que, como relató Pagni, son capaces de imponer decisiones a las instituciones de la República.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2020
