En Italia ya está en marcha un sistema de control, a cargo de una división especializada de la policía. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un proyecto de ley contra las noticias falsas para períodos de campaña electoral. Alemania, en tanto, ya tiene en vigencia una norma de control por considerar que las empresas que explotan el negocio de internet no hicieron lo suficiente para frenar las expresiones de odio.
El debate europeo transcurre mientras se observa lo que sucede en Estados Unidos, donde hay acusaciones de una supuesta injerencia rusa durante las elecciones que llevaron a la presidencia al empresario ultraconservador, misógino, xenófobo y racista Donald Trump.
Algunos de los consultados por la publicación francesa, expertos en comunicación y derecho digital, creen que lo mejor es que se sigan aplicando las previsiones legales ya instituidas respecto de injurias y calumnias, en lugar de aplicar limitaciones que, dicen, pueden afectar la libertad de expresión.
También advierten sobre las responsabilidades de las empresas que tienen la posición dominante en las llamadas “redes sociales”, como Facebook y Twitter. Algunos de ellos afirman que estas compañías desarrollaron y aplican algunos mecanismos sutiles para invisibilizar mensajes o discursos.
El debate en Europa y las opiniones recabadas no conciernen a otras experiencias de manipulación en las redes, como las que vive la Argentina con la práctica de los “trolls” contratados por el gobierno, personas a sueldo que se ocupan de denigrar a los adversarios del macrismo.
La nota de la publicación francesa fue publicada con el antetítulo “fake news” y esta llamada principal: “Redes sociales: ¿cómo regular sin censurar (siempre)?” El artículo fue escrito por Anahit Maridjanian, y fue traducido para COMUNA por Silvia Le Bonec.
Esta es la versión completa:
“Cuatro expertos de cuatro países (Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos) analizan la problemática que surge de las fake news y de la avalancha de incitación al odio en la web.
Entre fake news o la incitación al odio, ¿cómo controlar la enorme masa de informaciones que se crea cada segundo en Internet? Varios países se interrogan en estos momentos en Europa y Estados Unidos.
En Italia, a pocas semanas de las elecciones legislativas, la policía lanzó un método de verificación de la información y Alemania adoptó una ley, severa, que obliga a Twitter, Facebook y YouTube a retirar los contenidos “indeseables” en 24 horas, bajo pena de multas que pueden llegar hasta 50 millones de euros.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron quiere una ley para luchar contra las fake newsque estaría vigente durante el periodo electoral.
Por otro lado, en Estados Unidos, que sigue bajo el traumatismo de las revelaciones de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, tratan de sacar lecciones de la venta de espacios publicitarios en las redes sociales a cuentas falsas rusas.
Estos cuatro países tienen visiones diferentes de las normas de regulación de Internet.Libération habló con expertos del derecho en comunicación para comprender los problemas a los que están enfrentados Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos.
En el sitio de la policía postal (especializada en la vigilancia de Internet y de las redes de telecomunicaciones, NDR) todo el mundo puede denunciar posibles informaciones falsas. Para eso se necesita indicar su dirección de correo electrónico y dejar un enlace de la pagina web.
Según la policía, un equipo de expertos del Centro Nacional Anti-Criminal Informático procede a la verificación de los datos en tiempo real. Programas informáticos específicos analizan 24 horas el contexto de la información: la presencia de desmentidos, las pruebas de la falsedad del contenido proveniente de fuentes objetivas, la calidad de las fuentes. Es de notar que el sitio no da la definición de fake news.
No existe ningún acto legislativo que confiere esta responsabilidad a la policía. La iniciativa fue tomada por la propia policía. Pienso que esto se hizo así porque el Parlamento italiano se mostró incapaz de aprobar un texto de ley parecido al que adoptó Alemania. La ley “Gambaro”, nombre de la dirigente política, que propuso el proyecto, contiene dispositivos similares, pero esa ley no fue oficialmente ni votada, ni sancionada.
(Adele Gambaro fue elegida senadora en 2013 por el Movimiento 5 Estrellas y meses después formó el bloque del denominado Partido Independiente junto con otros senadores expulsados de ese movimiento por disidencias con su líder, Beppe Grillo. Fue miembro de la delegación italiana al Consejo de Europa, integrando la comisión de Cultura, NDR).
Pienso que esto ocurre sobre todo a causa del resultado del último referendo de diciembre de 2016. La mayoría de los electores han rechazado la reforma de la Constitución italiana, aunque la mayoría del Parlamento la ha votado.
Este hecho dio una señal clara a las fuerzas políticas: perdieron la capacidad de dirigir y controlar la opinión pública por culpa de Internet y las redes sociales. El mecanismo de censura en las redes sociales y generalmente en la web es también una manera de contener el descontento y las protestas que aumentan cada vez más.
¿Cómo le parece el método desde el punto de vista legal?
Es un mal ejemplo. La libertad de expresión, ejercida por cualquier medio, está protegida y garantizada en el artículo 21 de la Constitución italiana. Las informaciones ‘falsas’ ya están prohibidas si afectan la reputación y la dignidad del otro en caso de difamación.
Esta iniciativa no prevista por la ley es lo contrario de la garantía a la libertad de expresión establecida por la Constitución. En el mundo político las reacciones sobre este método fueron diversas. Pero la mayoría de los periodistas han más o menos condenado esta iniciativa, que les evoca algo parecido al ‘ministerio de la Verdad’ de Georges Orwell.
Emmanuel Netter, investigador especializado en derecho de las nuevas tecnologías (Francia):
¿Quién debe regular las redes sociales?
Es una vasta pregunta. Tendría que ser el sistema policial y judicial clásico que se ocupe de este desafío. Se podría confiar una parte de este trabajo de regulación a las mismas plataformas y es visiblemente el camino que el gobierno francés piensa reforzar. Pero pienso que no se debería ir demasiado lejos por ahí porque terminaría dándoles demasiadas responsabilidades a entes privados.
Cuando Facebook y Twitter ven un contenido que es una forma de discriminación visible hacia una comunidad, podemos esperar de esas plataformas que reaccionen. Al contrario, cuando estamos en el terreno de la sátira, la crítica, el debate político, del humor o hasta de lasfake news, ahí puede haber materia de debate.
En caso de duda la plataforma va más bien a sacar contenido. Porque si uno censura una publicación que no debiera, no se cometería ninguna infracción penal. Mientras que si la plataforma no retira un contenido manifiestamente ilícito, correría el riesgo de pagar una fuerte multa, como lo prevé la ley alemana por ejemplo. Es una deriva muy peligrosa para una sociedad democrática que tiende a conservar la libre discusión entre las personas, y también a veces bajo una forma provocadora o excesiva. Yo hago la siguiente pregunta, ¿las caricaturas de Mahoma publicadas por Charlie Hebdo hace algunos años, podrían mantenerse en línea con la adopción de una ley parecida a la alemana? No lo creo.
Mediante su journalism project Facebook pudo externalizar la función de verificación de lasfake news. Esa red es astuta: no censura, pero disminuye la visibilidad de la información con su algoritmo. Entonces será todavía más difícil quejarse, para alguien que publique una información considerada como falsa, porque no será completamente censurada. En lo que concierne a Google, el método se basa en el crowdsourcing : el motor de búsqueda le pide a sus usuarios que señalen lo que les parece falso. En los dos casos, es regulación soft, las empresas no intentan ‘darle’ a nadie.
Cada empresa se debe ocupar de su propia plataforma. Las redes sociales tienen sus propias directivas que determinan lo que es aceptable o no. Pero sus reglas no siempre coinciden con las leyes nacionales y europeas. El problema es saber cómo realizar ese control. Pienso que la nueva ley alemana supera los límites necesarios; esas reglas son demasiado rígidas.
Hubo una enorme discusión sobre la incitación al odio y las falsas noticias durante la elección norteamericana. El gobierno alemán también consideró que las plataformas no habían hecho lo suficiente para detener los discursos de odio y xenofobia, como los de la extrema derecha contra los refugiados. Finalmente las elecciones generales alemanas, en septiembre, jugaron un cierto rol. La ley se adoptó justo antes de que se realice la votación.
Es uno de los problemas más importantes que conlleva esta ley. No es fácil distinguir si un comentario es satírico o no. Es necesario identificar a la persona que lo escribió e interpretar el contexto. Pero para los moderadores no es interesante pasar demasiado tiempo con los comentarios. Facebook reclutó dos equipos de verificadores, pero la mayoría de esas personas no son abogados. Están formados, pero ante un peligro de infracción pueden estar tentados de bloquear el comentario. Una intervención que puede parecer desmedida.
Europa podría hacerlo, pero pienso que no debería. Ese tipo de problemas tendría que ser resuelto a nivel europeo. En todo caso, no se puede clasificar los derechos constitucionales, que protegen los derechos personales, más arriba que el de la libertad de expresión.
En Estados Unidos hay una protección muy fuerte de la libertad de expresión. La primera enmienda de la Constitución la protege de las restricciones gubernamentales. Lo que hace posible sólo una débil regulación de las redes sociales. El gobierno no puede indicarle a los sitios los tipos de contenidos autorizados.
Existe una presión por parte del gobierno a causa de esta injerencia. Pero pienso que la más importante proviene de los ciudadanos, usuarios de las redes sociales. Luego de la elección, cuando se supo lo que pasó, la gente se enfureció contra las redes sociales, ¡cómo dejaron que se produzca una situación así, y además ganando dinero! Ese descontento dura desde hace casi un año y creo que obligó a las redes sociales a realizar algunos cambios. Pero Facebook y Twitter no tienen ninguna obligación de rendir cuentas. Hacen públicas algunas de sus decisiones pero es sólo comunicación.
Una vez más, el gobierno no puede obligar a Facebook y Twitter a borrar contenidos. Las redes sociales son libres de hacerlo ellas mismas. Todos tienen condiciones de utilización que eliminan el acoso y el odio. Se puede denunciar un contenido problemático, pero son las plataformas que toman las decisiones. A veces no lo hacen y esa inacción suscita problemas.
