El viernes 8 de diciembre la periodista y Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI, Sally Burch, fue deportada por el gobierno de Mauricio Macri cuando llegaba a Argentina para realizar actividades informativas en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio OMC, que tendrá lugar en Buenos Aires del 10 al 14 de diciembre. Horas antes fue deportado también el ciudadano noruego Petter Tiltand que participaría de las mismas actividades. Sally, junto con otros 60 investigadores, activistas y periodistas, fue impedida de participar de la reunión oficial de la OMC, a pesar de que su participación había sido anteriormente acreditada por este organismo.
Todo indica que a nuestra colega Sally Burch se le negó la entrada al país por las opiniones y criterios que ha expresado en su trabajo periodístico. Desde hace casi tres décadas, se ha especializado en temas de Internet y derechos ciudadanos, por lo cual incluso fue designada co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU (Ginebra 2003).
Hace dos meses, participó en la coordinación de un encuentro regional en Quito, en el marco del Foro Social de Internet, donde se analizó el impacto de la concentración monopólica en este ámbito y se emitió, en particular, críticas a la propuesta de abrir negociaciones en la OMC sobre el comercio electrónico, propuesta que cuenta con el respaldo del gobierno argentino. Resulta muy grave que un gobierno niegue el ingreso a su país sobre la base de opiniones. Y más grave aún que la OMC acepte que un gobierno anfitrión imponga su criterio particular de esta manera.
Estos actos de extrema hostilidad del gobierno argentino no son hechos aislados sino parte de una creciente campaña de violencia y represión a representantes de la sociedad civil, academia y movimientos populares en ejercicio de su legítimo derecho a manifestarse públicamente en América Latina.
Hace algunos meses el Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina fue acosado y perseguido hasta el suicidio por el Poder Judicial y Ministerio Público de Brasil. Más recientemente, la Universidad Federal de Minas Gerais tuvo su campus invadido por la Policía Federal para conducir coercitivamente al Rector y dirigentes administrativos de esa universidad. Prisiones preventivas sin ninguna base legal, operaciones policiales bajo regímenes de excepción, violación de la autonomía universitaria, producen y reproducen un creciente clima de persecución y terror en la academia y los espacios de representación de la sociedad brasileña.
La represión a los profesores, maestros y ciudadanos argentinos en los actos de protesta frente a las políticas económicas del gobierno Macri y a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la prisión arbitraria de Milagro Sala, son apenas algunos ejemplos de que no estamos frente a exabruptos o políticas locales sino en una coyuntura regional mucho más compleja donde se instala la impunidad y la violación de derechos humanos como política generalizada en un contexto evidente de irrespeto a acuerdos y legislación internacionales.
El uso de los sistemas judiciales y legislativos como instrumentos directos de persecución política y criminalización son prácticas cada vez más generalizadas e impuestas por los gobiernos de derecha en la región. La imposición legislativa de un estado de excepción en México y el inminente golpe de estado en Honduras son parte de una cadena creciente de autoritarismo e impunidad en toda América Latina.
En este contexto, el ejercicio periodismo libre, la democratización de la comunicación, tanto en la producción de la información como en su distribución, la producción de conocimiento que desmitifica el discurso neoliberal, son amenazas extremadamente peligrosas para los proyectos neoliberales, en la medida en que visibilizan lo que los monopolios mediáticos esconden y tergiversan.
Sally Burch, actualmente Directora Ejecutiva de la Agencia Latino Americana de Información-ALAI, forma parte de este proyecto desde su nacimiento hace 40 años en Montreal (Canadá), cuando un grupo de periodistas latinoamericanos asume el desafío de informar frente al vacío y desinformación sobre América Latina. A lo largo de estas cuatro décadas, ALAI profundizó su compromiso y trabajó intensamente por democratizar la comunicación como uno de los pilares para la construcción de una democracia con real participación de los actores sociales y movimientos populares que estuvieron históricamente excluidos de este proceso.
La deportación de Sally representa un acto extremo de hostilidad personal pero también, y fundamentalmente, un atentado al periodismo comprometido con la democracia y los derechos humanos.
El Comité Directivo de ALAI manifiesta su repudio a esta actitud del gobierno de Mauricio Macri y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y académicos expresa su firme compromiso de seguir trabajando por la democracia y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en América Latina.
Comité Directivo de ALAI
9 de Diciembre de 2017
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