El pasado 21 de mayo en 50 ciudades de todos los continentes se realizaron más de 400 marchas contra la transnacional Monsanto, cabeza de las corporaciones promotoras de los cultivos transgénicos, o de la estrategia oligopólica de control de la agricultura mundial.

Esta fue una respuesta mundial coordinada de ciudadanos y de organizaciones campesinas y académicas comprometidas socialmente, en oposición a la ofensiva desatada por las transnacionales en los más diversos frentes. En el Congreso de los EEUU, en los informes “científicos”, en las instituciones latinoamericanas, y desde luego en los megaproyectos comerciales como son el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Asociación Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP).

Después que el estado de Vermont, base del Senador demócrata Bernie Sanders, aprobó en 2014, una ley de etiquetado obligatorio para alimentos conteniendo transgénicos, le siguieron los estados de Connecticut y Maine, así que todo el año pasado los esfuerzos de los cabilderos se volcaron tratando de evitar que el ejemplo cundiera en otros estados.

A finales de 2015 la alianza trasnacional y los conservadores en la Cámara de representantes aprobaron una ley de etiquetado voluntario (H.R. 1599), pero sobre todo que limitara las facultades estatales para regularlos a nivel nacional.

 La protesta social y científica de más de 600 organizaciones de EE.UU. que apoyan el etiquetado obligatorio se preguntó, en voz de Wenonah Hauter una destacada activista: The United States of Monsanto? Y calificó la maniobra de “otro síntoma de una democracia secuestrada por los intereses corporativos”.

 A principios de 2016 la estrategia transnacional transgénica se acentuó en el Senado, con un cabildeo de cerca de 100 millones de dólares repartidos, pero en plena campaña electoral y con el 88% de la población apoyando el etiquetado obligatorio, la oposición ciudadana y los votos demócratas derrotaron la iniciativa (S. 2609) por escaso margen.

Frenada la maniobra legislativa en EE.UU., la acción se reactivó en dos frentes claves: la del discurso ideológico avalado por instituciones y científicos ricamente subsidiados por las corporaciones transgénicas, y sobre todo en el terreno de imponer las reglas internacionales comerciales, que mediante los mega-tratados les abrieran las puertas a las exportaciones y al control alimentario mundial.

 Mediante la controvertida e impugnada opinión pro-OGM del Consejo Nacional de Investigación (NRC): brazo de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. y receptor de millones de dólares en fondos de corporaciones como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, denunciado por la prestigiada organización civil Food&Water Watch (FWW), recién se ha vuelto a reactivar la falsa imagen de opinión “científica” favorable al consumo de productos transgénicos.

 Sin embargo, la oportuna publicación de FWW sobre los profundos y detallados lazos entre la mayoría de los expertos en OGM de los centros de ingeniería genética, las instituciones y los fondos corporativos, es contundente al afirmar que “se han creado conflictos de interés en todos los niveles de la organización” y que mientras esto no se ventile y se resuelva a favor de la autonomía real de los investigadores, las opiniones “científicas” están manchadas de duda sobre su “objetividad” y credibilidad.

Una opinión similar fue expresada hace tres años, en 2013, por más de 230 científicos de muy diversos países, que afirmaron No hay consenso científico sobre la seguridad de los OGM.

Finalmente, los mega-tratados comerciales y de inversiones, favorables a los intereses corporativos y con la pretensión de sentar las bases trasnacionales del siglo XXI, están siendo una de las fronteras de la contienda política entre los intereses comunes socio-ambientales y los intereses de la industria biotecnológica, nano-tecnológica y de la biología sintética.

 En el mega-acuerdo transpacífico, las empresas transnacionales, sus cabilderos y funcionarios cómplices, lograron dejar plasmados sus objetivos en el Capítulo 2 de Trato Nacional y acceso de bienes de mercado, especialmente en el Artículo 2.29 comercio de productos de la biotecnología moderna del texto del TPP se permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos.

La trampa jurídica fue construida bajo la larga experiencia de, primero reconocer de manera retórica el derecho de cualquier estado a proceder conforme sus propias leyes, reglamentos y políticas, y poner a disposición del público información sobre el tema y los permisos y procedimientos aduanales. Sin embargo, la fracción 5 del artículo citado establece el condicionante metodológico impuesto en la permisiva legislación estadounidense de aceptar niveles bajos de contaminación y atenerse a las Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. Que traducida a lenguaje llano es aceptar los criterios, normas y procedimientos de la potencia dominante.

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- Alejandro Villamar, economista mexicano, es miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/177799

Documento relacionado: Los EEUU tratan de exportar su régimen desregulador biotecnológico, por Steve Suppan  http://www.alainet.org/es/articulo/177800